Quien pretenda empeñar un celular, computadora, joya u otro artículo tendría que acreditar que es su propietario o que cuenta con el derecho para disponer de éste, de acuerdo con una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados.
La diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (MC) propuso obligar a las casas de empeño a verificar, antes de concretar cualquier operación, la legítima propiedad o posesión de los objetos que reciben como garantía.
El objetivo es dificultar que bienes provenientes de robos y otros delitos patrimoniales ingresen al mercado formal a través de estos establecimientos.
La reforma al artículo 65 Bis 5 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que las casas de empeño deberán recabar y conservar documentación o elementos suficientes para acreditar la propiedad de los artículos.
Entre éstos podrían encontrarse facturas, comprobantes de compra, contratos, constancias de adjudicación o cualquier otro documento idóneo que permita demostrar ese derecho.
¿Qué pasaría si el usuario perdió la factura?
La propuesta contempla los casos en los que una persona sea legítima propietaria de un artículo, pero carezca de factura o comprobante de compra.
En esa circunstancia, el pignorante tendría que firmar una declaración bajo protesta de decir verdad en la que manifieste ser propietario, legítimo poseedor o contar con el derecho para disponer del bien.
La declaración no lo eximiría de las responsabilidades civiles o penales correspondientes en caso de proporcionar información falsa.
Ortega Pacheco argumentó que la legislación vigente impone diversas obligaciones a las casas de empeño, pero no establece expresamente que deban comprobar la propiedad del bien antes de celebrar una operación de mutuo con interés y garantía prendaria.
Buscan cerrar puerta a objetos de procedencia ilícita
La legisladora de Movimiento Ciudadano advirtió que ese vacío regulatorio dificulta conocer la trazabilidad de los artículos que llegan a las casas de empeño y abre la posibilidad de que objetos provenientes de delitos patrimoniales sean incorporados posteriormente a canales formales de comercialización.
Ortega Pacheco aclaró que la reforma no pretende convertir a estos negocios en investigadores de delitos.
Consideró, sin embargo, que pueden desempeñar una función preventiva mediante medidas mínimas de verificación sobre la procedencia de los bienes recibidos.
La obligación, sostuvo, representaría un deber de diligencia destinado a otorgar mayor certeza jurídica a las operaciones, proteger el patrimonio de los consumidores y obstaculizar la comercialización de artículos de posible procedencia ilícita.
Celulares, entre los principales bienes robados
Como argumento para impulsar la modificación legal, la diputada citó datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024.
De acuerdo con esas cifras, durante 2023 se cometieron aproximadamente 6.1 millones de robos o asaltos en la calle o en el transporte público, equivalentes a una tasa de 6 mil 526 por cada 100 mil habitantes.
En el 57 por ciento de esos delitos, indicó, entre los bienes sustraídos estuvieron teléfonos celulares.
Asimismo, en el 63.5 por ciento hubo robo de dinero en efectivo, tarjetas bancarias o cheques.
Para Ortega Pacheco, las cifras muestran que una parte relevante de los objetos robados corresponde a bienes de fácil movilidad y comercialización, susceptibles de terminar en el mercado secundario.
Reforma impondría nuevo control a casas de empeño
La diputada sostuvo que exigir documentos que acrediten la propiedad permitiría reforzar los controles preventivos sin trasladar a los establecimientos responsabilidades propias de las autoridades ministeriales.
La medida, argumentó, busca generar mayor certeza sobre la procedencia de los artículos y dificultar que bienes obtenidos mediante actividades ilícitas encuentren canales para su comercialización.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados para su análisis.
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