La persistente desigualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral abrió la puerta a revisar la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 y discutir que sus principios de igualdad y no discriminación sean obligatorios para los centros de trabajo.
En el foro “Rompiendo brechas: Igualdad sin discriminación”, la diputada Marisela Zúñiga Cerón (Morena) y especialistas cuestionaron que, a más de una década de su entrada en vigor, el cumplimiento de la Norma 025 continúe sujeto a una certificación voluntaria.
La legisladora planteó avanzar hacia un esquema que no sólo establezca obligaciones efectivas, sino que permita sancionar a las empresas que obstaculicen o vulneren el derecho al trabajo.
“Debemos transitar de un modelo voluntario (…) hacia un modelo de justicia real incluyente y que incluso sancione a las empresas que obstaculicen y vulneren el derecho al trabajo”, afirmó.
Persiste brecha de casi 30 puntos
Zúñiga Cerón colocó como uno de los principales argumentos para revisar la norma la desigual participación de mujeres y hombres en la actividad económica.
Según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondientes al primer semestre de 2026 citadas por la diputada, la participación económica de las mujeres de 15 años y más se ubicó en 45.2 por ciento, mientras que entre los hombres alcanzó 74.8 por ciento.
Esto representa una diferencia de 29.6 puntos porcentuales.
Para la morenista, la disparidad demuestra que el acceso al mercado laboral sigue condicionado por factores estructurales que afectan especialmente a las mujeres.
“Las oportunidades laborales no están llegando a todos los sectores”, sostuvo.
Advirtió que esta situación alimenta un círculo de desigualdad, machismo, violencia económica y dependencia financiera.
Plantean pasar de incentivos a obligaciones
La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 2015 y entró en vigor el 18 de diciembre de ese año.
Su objetivo es que centros laborales públicos, privados y sociales adopten prácticas relacionadas con igualdad de oportunidades, reclutamiento, capacitación, igualdad salarial, clima laboral y no discriminación.
También considera lenguaje incluyente, horarios flexibles, licencias de maternidad y paternidad y medidas vinculadas con los cuidados.
Sin embargo, Zúñiga Cerón señaló que el esquema nació como una certificación voluntaria y cuestionó que la falta de obligatoriedad haya provocado una disminución del interés por adoptarla.
“¿Basta con que sea voluntaria esta norma o es momento de repensar los incentivos, la difusión y quizá la obligatoriedad de sus principios?”, planteó.
Buscan que igualdad deje de ser privilegio
La diputada sostuvo que la discusión debe enfocarse en lograr que las condiciones laborales igualitarias dejen de depender de la voluntad de determinadas empresas.
El objetivo, dijo, es convertirlas en una realidad para millones de trabajadoras y trabajadores.
Estefanía Jiménez Escobar, presidenta de Juventudes en Movimiento, coincidió en que los principios de igualdad y no discriminación deben trasladarse de las disposiciones escritas a las prácticas diarias.
“La discriminación y la igualdad no se queden solamente como unos principios escritos, sino que se incorporen prácticas cotidianas”, señaló.
Exhiben prejuicios contra trabajadoras
Jiménez Escobar advirtió que todavía existen barreras y prejuicios que condicionan el ingreso de las mujeres al mercado laboral y sus posibilidades de acceder a puestos de mayor responsabilidad.
Entre ellos ubicó cuestionamientos relacionados con la maternidad, tener hijos y las capacidades profesionales de las mujeres.
Sostuvo que la igualdad sustantiva debe eliminar las condiciones que impiden o limitan el ejercicio de derechos y libertades fundamentales dentro del ámbito laboral.
“La igualdad sustantiva es la que logra eliminar la discriminación contra las mujeres”, expresó.
También subrayó que la Norma 025 no debe ser vista exclusivamente como una herramienta para las mujeres, sino como un mecanismo de protección contra la discriminación para todas las personas trabajadoras.
Rechazan que certificación quede colgada en la pared
La maestra Raquel Guzmán cuestionó que la certificación pueda convertirse únicamente en un distintivo institucional sin efectos reales para los empleados.
“Esta norma tiene que ser más allá que el papel, que sea real, que sea vivida, que sea trabajada”, reclamó.
Consideró que la igualdad laboral debe verificarse mediante condiciones concretas dentro de los centros de trabajo y no solamente mediante el cumplimiento formal de requisitos.
Vinculan precariedad laboral con salud mental
Guzmán puso además sobre la mesa las consecuencias de las extensas jornadas y la falta de separación entre las responsabilidades profesionales y la vida personal.
Advirtió que esas condiciones, junto con la exclusión de mujeres y personas adultas mayores, pueden repercutir en la salud mental de las y los trabajadores.
“La Norma 025 no solamente tiene que ser un premio, como un diploma que tiene que ser colgado en la pared en una institución donde dice certificada”, señaló.
A más de diez años de su entrada en vigor, el debate planteado en la Cámara de Diputados apunta así al corazón del actual esquema: mantener la igualdad laboral como una certificación voluntaria o convertir sus principios en obligaciones exigibles para las empresas, con sanciones ante su incumplimiento.
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