Diputados federales preparan cambios a la legislación laboral para establecer cuotas de contratación de personas con discapacidad en las empresas, con propuestas que van del 3 al 5 por ciento de las plantillas, además de garantizar teletrabajo accesible, capacitación y condiciones que permitan su desarrollo profesional.
Durante la mesa “Inclusión laboral de personas con discapacidad”, realizada en la Cámara de Diputados, legisladores y representantes de organizaciones civiles coincidieron en que abrir vacantes no basta para garantizar el derecho al trabajo si persisten barreras para ingresar, permanecer y ascender en condiciones de igualdad.
La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, explicó que existen iniciativas de distintos grupos parlamentarios que serán analizadas para elaborar un dictamen.
“No queremos construir una propuesta paternalista; necesitamos construir una propuesta escuchando a quienes viven esa realidad, y lograr autosuficiencia”, sostuvo.
Proponen cuotas obligatorias de 3 y 5% en empresas
Uno de los principales puntos en discusión es establecer en la Ley Federal del Trabajo porcentajes mínimos de contratación.
El diputado de Morena Gilberto Herrera Solórzano propuso que las empresas con una plantilla de 100 trabajadores contraten al menos a un 3 por ciento de personas con discapacidad.
“Es importante que lo dejemos en la ley para que la inclusión se pueda ver como algo tangible y una realidad”, afirmó.
La también morenista Mónica Herrera Villavicencio planteó una medida más amplia: obligar a las empresas con más de 50 trabajadores a reservar el 5 por ciento de sus puestos para personas con discapacidad.
Consideró necesario dialogar con empresas y autoridades para construir un modelo obligatorio que, además de la contratación, genere ajustes y herramientas que permitan autonomía a los trabajadores.
Plantean garantizar teletrabajo accesible
La diputada del PVEM Ma. Leonor Noyola Cervantes recordó que presentó una iniciativa para modificar la Ley Federal del Trabajo y garantizar que el teletrabajo sea accesible para las personas con discapacidad.
Indicó que en México existen más de 8.8 millones de personas con discapacidad y señaló que su participación económica ronda el 40 por ciento.
Gabriela Benavides Cobos, también del PVEM, puso el foco en las mujeres y aseguró que sólo tres de cada 10 mujeres con discapacidad participan en actividades económicas.
El diputado morenista Oscar Iván Brito Zapata reconoció que, pese a las medidas emprendidas para reducir las brechas de desigualdad, “aún falta mucho por hacer”.
Alertan por enorme brecha laboral
Representantes de organizaciones advirtieron que la diferencia en el acceso al mercado laboral sigue siendo amplia.
María Andrea Escobar Gracia, representante de Movimientos con Personas con Discapacidad, señaló que la participación económica de este sector alcanza apenas 40.6 por ciento, frente al 68 por ciento de las personas sin discapacidad.
“El derecho al trabajo no se agota con abrir una vacante”, advirtió.
Para garantizarlo, añadió, deben eliminarse las barreras que dificultan el acceso, permanencia y crecimiento profesional.
La diputada del Congreso de Puebla María Soledad Amieva Zamora señaló, con base en cifras del Inegi, que en 2024 vivían en México 9.5 millones de personas con discapacidad, equivalentes al 7.3 por ciento de la población.
Piden que inclusión sea medible y exigible
El diputado Gilberto Daniel Castillo García, de Morena, sostuvo que una discapacidad no debe convertirse en motivo de exclusión laboral.
“Nuestro compromiso debe ser que la ley no se quede en el papel, sino que llegue a cada centro de trabajo”, señaló.
Planteó fortalecer el marco jurídico para que la inclusión sea efectiva, medible y exigible.
Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano, consideró necesaria una acción afirmativa para enfrentar la exclusión laboral, aunque pidió que el modelo no parta exclusivamente de una lógica punitiva.
La legisladora propuso aplicar medidas graduales y trabajar con las empresas para garantizar el derecho al empleo.
“No podemos esperar que, por tener una discapacidad, no se le garantiza el derecho al trabajo”, sostuvo.
Advierten costos y obstáculos ante el IMSS
El diputado del PAN Theodoros Kalionchiz De la Fuente pidió incluir al Instituto Mexicano del Seguro Social en la discusión.
Explicó que la medición de riesgos puede desalentar a empresas a contratar trabajadores con discapacidad ante la percepción de mayores costos.
También planteó establecer reglas claras sobre contratación y terminación de relaciones laborales, atendiendo las capacidades para desempeñar cada puesto.
Organizaciones exigen romper modelo asistencialista
Adriana Fabiola García Cid, del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Puebla, afirmó que la inclusión requiere modificar paradigmas dentro de los centros de trabajo y capacitar a quienes recibirán y formarán a trabajadores con diferentes discapacidades.
Rosalinda Montes, de la Coalición de Personas Sordas A.C., demandó igualdad de oportunidades, apoyos acordes con cada discapacidad y capacitación laboral.
“Las personas con discapacidad tenemos el derecho de participar y ser plenamente reconocidas en el entorno laboral”, afirmó.
Empresa reporta plantilla con 80% de trabajadores con discapacidad
Alberto Ruiz, representante de CINIA, presentó la experiencia de ese proyecto de inclusión laboral en Puebla, que cuenta con más de 900 colaboradores, de los cuales 80 por ciento son personas con discapacidad.
Destacó que la capacitación es una de las herramientas fundamentales para lograr una incorporación efectiva al empleo.
Cecilia Guillén, presidenta de Primera Persona A.C., advirtió además que el País enfrenta discapacidades cada vez más complejas que no se limitan a condiciones físicas o sensoriales, por lo que pidió actualizar la legislación.
Julio Escamilla Salinas, del DIF de la Ciudad de México, coincidió en que las políticas públicas deben abandonar el enfoque asistencialista.
El Estado, sostuvo, debe pasar de la asistencia a un modelo de oportunidades que permita potenciar las capacidades, habilidades y profesionalismo de las personas con discapacidad.
La Comisión de Trabajo utilizará las propuestas de legisladores, especialistas y organizaciones para enriquecer el dictamen con el que busca llevar la inclusión laboral de las obligaciones plasmadas en el papel a los centros de trabajo.
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