Las personas en situación de calle podrían acceder a programas sociales, servicios de salud y mecanismos de asistencia aun cuando carezcan de una identificación oficial, de aprobarse una iniciativa presentada en el Senado.
La senadora Olga Patricia Sosa Ruiz, de Morena, propuso modificar tres leyes para impedir que la falta de documentos de identidad se convierta en una barrera para recibir apoyos públicos y obligar a las autoridades a facilitar su trámite y entrega.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Bienestar y de Estudios Legislativos y plantea reformas a las leyes de Asistencia Social, General de Desarrollo Social y Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Falta de documentos profundiza exclusión
Sosa Ruiz advirtió que carecer de documentos oficiales representa una barrera estructural para acceder a atención médica, vivienda, empleo, programas sociales y otros mecanismos institucionales de protección.
El problema, sostuvo, golpea especialmente a quienes viven en la calle debido a la falta de registros previos de identidad, recursos económicos y domicilio fijo, además de prácticas de discriminación.
“La ausencia de documentos de identidad les genera condiciones de exclusión que limitan el acceso a servicios públicos, programas sociales, atención médica, educación, empleo, vivienda y otros mecanismos institucionales de protección social, y perpetúa ciclos de marginación, discriminación y vulnerabilidad”, señaló.
Plantea facilitar trámites de identificación
La propuesta busca garantizar expresamente el derecho a la asistencia social de las personas en situación de calle, de manera que los documentos oficiales no se conviertan en requisito que, en los hechos, les cierre el acceso a los apoyos.
También plantea que las autoridades implementen programas dirigidos a facilitar la obtención y entrega de documentos personales.
De acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda 2020 citadas por la legisladora, ese año se contabilizaron mil 226 personas en situación de calle en la Ciudad de México; 726 en Baja California; 443 en Jalisco; 415 en Sonora, y 295 en Nuevo León.
Advierte círculo de marginación
La morenista señaló que vivir en la calle es una manifestación de desigualdad estructural vinculada con factores como pobreza extrema, violencia familiar, adicciones, desempleo, problemas de salud mental, desplazamiento forzado, migración, abandono, falta de vivienda y violencia de género.
Estos factores, argumentó, pueden acumularse hasta generar condiciones que dificultan que una persona recupere niveles mínimos de bienestar y salga de la exclusión.
“Como consecuencia, muchas personas en situación de calle quedan atrapadas en un círculo de exclusión del que resulta difícil salir”, indicó.
Pide pasar de derechos reconocidos a derechos efectivos
Sosa Ruiz sostuvo que, aunque el marco jurídico mexicano e internacional reconoce los derechos humanos de las personas en situación de calle, su incorporación en las leyes no garantiza por sí misma que puedan ejercerlos.
“El Estado debe adoptar medidas específicas para reconocer derechos a las personas en situación de calle, y para remover los obstáculos que impiden su materialización”, afirmó.
La senadora planteó que las políticas públicas para facilitar documentos de identidad deben servir también como vía para impulsar la inclusión institucional y crear condiciones de reinserción social, laboral y comunitaria.
Deja una respuesta