Diputados del Partido del Trabajo, acompañados por activistas y representantes de organizaciones civiles, emprendieron una ofensiva legislativa para prohibir la maternidad subrogada en México y tipificarla como una modalidad de trata de personas, delito que podría implicar penas superiores a 15 años de prisión.
Durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, los promoventes acusaron que la llamada renta de vientres convierte el cuerpo de las mujeres en mercancía y abre la puerta, sostuvieron, a la comercialización de niñas y niños.
La diputada Magdalena Núñez Monreal, del PT, aseguró que el mercado mundial de la gestación subrogada podría alcanzar un valor de 200 mil millones de dólares hacia 2034 y planteó que México debe cerrar el paso a una práctica que, afirmó, afecta principalmente a mujeres en condiciones económicas precarias.
“México no puede ser paraíso de explotación”
Núñez Monreal calificó la maternidad subrogada como una práctica clasista al considerar que las mujeres con menores recursos son quienes suelen poner su cuerpo a disposición de personas con capacidad económica para pagar el procedimiento.
“Estamos cabildeando la iniciativa con todos los diputados y diputadas de todas las fuerzas políticas, porque México no puede ser el paraíso de la explotación de las mujeres más pobres”, sostuvo.
La legisladora indicó que el PT busca construir respaldo entre las distintas bancadas para que la propuesta avance en San Lázaro.
Reginaldo Sandoval pide apoyo de los 500 diputados
El coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval Flores, sostuvo que la renta de vientres se ha expandido en entidades y países con mayores condiciones de vulnerabilidad y aseguró que en México el fenómeno ha crecido ante la falta de legislación federal.
Sandoval rechazó la posibilidad de limitarse a reglamentar la gestación subrogada y llamó directamente a prohibirla.
El petista convocó a los 500 integrantes de la Cámara de Diputados a respaldar la iniciativa al señalar que no se trata de una discusión partidista, sino de un asunto relacionado con la dignidad y los derechos humanos.
“Esperamos que tomen sentido de la importancia que es que revisemos, que discutamos, que cabildeemos la propuesta de esta iniciativa de ley y ojalá que llegue a buen término”, expresó.
Reconoció, sin embargo, que la aprobación dependerá de la correlación de fuerzas dentro del Congreso.
Activistas acusan mercantilización de mujeres y menores
La abogada y activista feminista Patricia Olamendi Torres afirmó que la iniciativa forma parte de una lucha internacional contra prácticas que, desde su perspectiva, implican la utilización de los cuerpos de las mujeres como mercancía.
Olamendi sostuvo que organizaciones y especialistas han trabajado durante años en propuestas encaminadas a prohibir y sancionar el alquiler de vientres y argumentó que algunas de estas conductas deben ser consideradas formas de esclavitud y trata de personas.
La activista aseguró además que México se ha convertido en un mercado de bajo costo para la gestación subrogada y llamó a las fuerzas políticas a colocar la dignidad humana por encima de intereses económicos.
Declaración de Casablanca llama a abolir gestación subrogada
Olivia Maurel, portavoz de la Declaración de Casablanca, iniciativa internacional lanzada en 2023 para promover la abolición mundial de la gestación subrogada, se sumó al llamado para que México prohíba esa práctica.
Maurel afirmó que el país se ha convertido en un mercado para la contratación de vientres y advirtió sobre el crecimiento económico internacional de esta industria.
“Estamos aquí no sólo por las mujeres y las madres sino por los niños y niñas que nunca jamás deberían ser tratados como objetos de consumo”, señaló.
La batalla pasará ahora por el Congreso
La iniciativa deberá abrirse paso entre las distintas fuerzas políticas de la Cámara de Diputados, donde el PT anticipó que comenzará un proceso de cabildeo para conseguir los votos necesarios.
El planteamiento busca llevar la discusión más allá de la regulación de la gestación subrogada: la apuesta de sus promotores es prohibirla y vincularla penalmente con la trata de personas, una posición que anticipa un debate legislativo sobre derechos reproductivos, explotación económica, autonomía de las mujeres y protección de niñas y niños.
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