La recuperación del salario mínimo ha permitido reducir de forma importante los llamados salarios de pobreza en México, pero el principal desafío del mercado laboral sigue siendo conseguir que el empleo garantice bienestar, seguridad social e ingresos suficientes para vivir con dignidad.
En la Ciudad de México, alrededor de 1.8 millones de trabajadores formales carecen de un salario digno, de acuerdo con cifras de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, lo que refleja que tener un empleo registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no necesariamente significa contar con condiciones económicas suficientes.
Paulina Gutiérrez, coordinadora de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, sostuvo que detrás de esta situación existe un problema estructural que rebasa la discusión sobre el salario mínimo.
“La raíz de la pobreza está en el sistema laboral”, afirmó.
Explicó que el modelo laboral mexicano genera dos grandes problemas: por un lado, exclusión para quienes no logran incorporarse al mercado de trabajo y, por otro, precariedad entre quienes sí tienen empleo, pero reciben bajos salarios o carecen de condiciones laborales adecuadas.
Entre los grupos que enfrentan mayores obstáculos para incorporarse al empleo mencionó particularmente a mujeres y jóvenes.
Para Gutiérrez, los bajos salarios forman parte de una estructura laboral que durante décadas permitió remuneraciones insuficientes, aunque reconoció que la recuperación del salario mínimo representa uno de los avances más importantes de los últimos años.
“Si bien se ha avanzado mucho en el aumento al salario mínimo, que estaba por décadas estancado y reprimido, eso es una muy buena noticia”, señaló.
La especialista destacó que uno de los resultados más significativos ha sido la disminución de los llamados salarios de pobreza entre los trabajadores formales.
Según los datos expuestos por la organización, en años recientes el número de personas con salarios de pobreza se redujo en alrededor de 8.2 millones, hasta representar aproximadamente 2% de los trabajadores formales registrados ante el IMSS.
Sin embargo, insistió en que superar el umbral de pobreza salarial no equivale a alcanzar una remuneración que permita una vida digna.
Sólo la mitad alcanza un salario digno en CDMX
De acuerdo con el análisis de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, en la Ciudad de México aproximadamente 50.5% de las personas inscritas ante el IMSS obtiene un salario digno o superior.
La otra mitad permanece por debajo de ese parámetro.
En términos absolutos, alrededor de 1.8 millones de trabajadores formales carecen de una remuneración considerada suficiente para cubrir las necesidades de una vida digna.
La capital se ubica entre las entidades con una proporción relativamente elevada de trabajadores con ingresos dignos, pero el volumen de personas por debajo de ese nivel continúa siendo considerable.
Gutiérrez explicó que parte de esta cifra puede estar relacionada con la concentración de corporativos y casas matrices en la Ciudad de México, donde algunas empresas registran ante el IMSS a empleados que viven o trabajan en otras entidades.
“Muchas de las casas matrices que están aquí en Ciudad de México registran a otros empleados de otras entidades”, explicó.
Esto significa que no necesariamente las 1.8 millones de personas contabilizadas residen físicamente en la capital, aunque sí aparecen registradas laboralmente en ella.
¿Cuánto debe ganar un trabajador para vivir dignamente?
Para Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el salario digno de referencia durante 2026 se ubica en 14 mil 400 pesos netos mensuales por persona trabajadora.
La cifra parte de un ingreso estimado de 28 mil 800 pesos mensuales por hogar, considerando una composición promedio de dos personas económicamente activas y dos dependientes.
“La canasta por hogar son 28 mil 800 pesos. Tomando en cuenta que los hogares, pues ya sabemos que son muy disímbolos, pero el promedio está formado por dos personas que trabajan y dos que son dependientes, cada persona tendría que ganar 14 mil 400 pesos”, explicó.
Gutiérrez aclaró que esa cantidad funciona como un parámetro nacional y que el costo real de una vida digna cambia de acuerdo con cada ciudad y región.
No cuesta lo mismo vivir en la Ciudad de México que en una localidad de Chiapas, reconoció, por lo que el monto debe entenderse como una referencia para trabajadores y empresas.
También advirtió que los 14 mil 400 pesos mensuales están lejos de representar una vida de privilegios.
“No es vivir con lujos, es vivir con lo mínimo indispensable para lo que es una vida digna”, sostuvo.
Salario mínimo no garantiza bienestar
La coordinadora de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza reconoció que el salario mínimo ha dejado atrás niveles que durante años se encontraban incluso por debajo del umbral de pobreza.
No obstante, remarcó que una cosa es superar ese umbral y otra alcanzar un ingreso que permita cubrir vivienda, alimentación, transporte, salud, educación y otros gastos cotidianos.
“El salario mínimo ya superó el umbral de la pobreza, pero aún es insuficiente para una calidad de vida digna”, advirtió.
Gutiérrez puso como ejemplo los gastos que enfrentan millones de familias en transporte, particularmente aquellas que viven lejos de sus centros laborales, así como los costos que deben absorber cuando los servicios públicos de salud no resuelven sus necesidades.
“¿Quién vive con esa cantidad? No te puedes enfermar, no te puedes ir a tomar ni un refresquito, ni taquitos ni nada; y si vives muy lejos, que es la gran realidad de muchas personas, se te va gran parte de tu salario en el transporte”, señaló.
Para la especialista, la precariedad salarial se ha normalizado al grado de que millones de trabajadores consideran inevitable vivir con recursos insuficientes.
“Una persona que trabaja y no le alcanza ni para comer, ¿qué puede esperar de la democracia de su país?”, cuestionó.
A nivel nacional, 52% de trabajadores formales no alcanza salario digno
El problema rebasa la Ciudad de México.
Según los datos presentados por la organización, a nivel nacional únicamente 48% de las personas con empleo formal registrado ante el IMSS recibe un salario digno, mientras que 52% permanece por debajo de ese nivel.
La situación se vuelve todavía más grave cuando se analiza a toda la población ocupada, incluyendo empleo formal e informal.
De acuerdo con el Observatorio de Trabajo Digno citado por Gutiérrez, alrededor de 62% de las personas ocupadas no cuenta con un ingreso laboral suficiente.
La especialista subrayó que esta diferencia resulta fundamental para interpretar correctamente los avances salariales.
Las cifras del IMSS corresponden solamente a trabajadores formales, mientras que una parte significativa de la población económicamente activa permanece en la informalidad y enfrenta mayores condiciones de vulnerabilidad.
Seguridad social, otra deuda del sistema laboral
El salario no es el único elemento que determina la calidad del empleo.
Gutiérrez señaló que alrededor de 61% de las personas ocupadas carece de acceso a seguridad social asociada con su trabajo, situación que las deja desprotegidas ante enfermedades, incapacidades, desempleo o embarazo.
“La mayor parte de la población está en empleos informales, y esto quiere decir sin derecho a una seguridad social que los proteja frente a cualquier eventualidad”, señaló.
A la precariedad salarial y la falta de seguridad social se suma una débil organización de los trabajadores.
De acuerdo con los indicadores mencionados por la especialista, aproximadamente 85% de los trabajadores no tiene afiliación sindical.
Para Gutiérrez, esta situación limita la capacidad de negociación colectiva para conseguir mejores salarios y condiciones laborales.
“Sin ingresos, sin seguridad social y sin afiliación sindical son tres condiciones que te dicen lo mal que está nuestro sistema laboral”, resumió.
Grandes empresas, con margen para elevar salarios
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza también plantea que las empresas pueden desempeñar un papel central para cerrar la brecha salarial.
La organización impulsa, mediante el colectivo Vida Digna, que las empresas adopten de manera voluntaria y gradual un ingreso digno para sus trabajadores con menores remuneraciones.
Gutiérrez detalló que en las empresas con más de mil empleados alrededor de 70% de los trabajadores ya recibe un salario digno, mientras aproximadamente 30% permanece por debajo del parámetro.
Para la organización, ese sector empresarial tiene condiciones para avanzar más rápidamente.
“A esas hay que invitarlas, hay que poner el foco ahí”, sostuvo.
La situación es muy distinta entre los micronegocios.
En unidades económicas de uno a cinco trabajadores, alrededor de 88% de los empleados percibe salarios de sobrevivencia, según los datos citados por Gutiérrez.
La especialista aclaró que esta diferencia obliga a evitar soluciones generalizadas que puedan afectar a empresas pequeñas con menor capacidad financiera.
Por ello, el salario digno promovido por la organización no busca convertirse en una obligación legal similar al salario mínimo.
“Es algo voluntario. Es una medida que no puede ser una política pública como el salario mínimo; depende de la productividad y de la condición de cada una de las empresas”, explicó.
Una aplicación obligatoria e inmediata, advirtió, podría provocar problemas financieros para muchos negocios.
Mejores salarios también pueden beneficiar a empresas
Gutiérrez rechazó la idea de que incrementar remuneraciones necesariamente represente únicamente un costo para las empresas.
Aseguró que experiencias de compañías que han incorporado esquemas de ingreso digno muestran beneficios en productividad, competitividad y disminución de la rotación laboral.
La salida constante de empleados obliga a las empresas a gastar nuevamente en contratación, capacitación y adaptación, por lo que mejores salarios pueden ayudar también a reducir esos costos.
La organización busca que el sector privado avance gradualmente hacia remuneraciones superiores, especialmente en aquellas empresas que cuentan con mayor capacidad económica.
Gutiérrez también consideró indispensable una mayor conciencia empresarial sobre la distribución de los beneficios generados por la productividad.
“Hace falta una conciencia en los empresarios de que no se pueden llevar todas las ganancias”, dijo.
Educación y empleo deben volver a conectarse
El problema salarial también está relacionado con la educación y con las capacidades que exige el mercado laboral.
Gutiérrez señaló que numerosos empleadores denuncian dificultades para cubrir vacantes porque no encuentran trabajadores con las habilidades requeridas.
Al mismo tiempo, miles de jóvenes enfrentan obstáculos para insertarse en empleos formales y bien remunerados.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha planteado la necesidad de fortalecer nuevamente la educación técnica y vincularla con las necesidades productivas de cada región.
“No todos tenemos que ser licenciados. Cuántos licenciados no están también sin trabajo”, señaló.
La especialista consideró necesario actualizar programas de educación técnica, mejorar sus presupuestos y establecer esquemas de vinculación entre escuelas y empresas.
También defendió la educación dual, que permite a los jóvenes combinar formación académica con experiencia práctica en centros de trabajo.
“Además de una educación técnica relevante para el trabajo, también una educación dual donde las personas, a la hora de estudiar, puedan también estar trabajando y aprendiendo en las empresas”, explicó.
A esto, agregó, deben sumarse habilidades socioemocionales como trabajo en equipo, responsabilidad, puntualidad y capacidad de adaptación.
Sin embargo, rechazó responsabilizar únicamente a los jóvenes por la alta rotación laboral.
“No hay que echarle la culpa a los jóvenes; hay que ver cómo los discriminan, cómo los tratan y cómo les pagan”, sostuvo.
Reforma laboral dejó avances, pero pendientes
Gutiérrez reconoció que en los últimos años se han registrado cambios importantes en materia laboral.
Entre ellos mencionó la recuperación del salario mínimo, la reforma que amplió la libertad sindical y las modificaciones legales para limitar prácticas abusivas de subcontratación.
Sin embargo, consideró que algunos de estos avances todavía no se traducen completamente en mejores condiciones para los trabajadores.
En materia sindical, señaló que existe la posibilidad legal de crear organizaciones genuinas, pero todavía hace falta impulsar y facilitar su formación.
“El Estado debería estar formando, capacitando y facilitando la formación de sindicatos”, consideró.
También propuso revisar la manera en que se financia el acceso a servicios de salud.
Desde su perspectiva, la atención médica debería garantizarse como un derecho universal y financiarse con impuestos generales, sin depender únicamente de la condición laboral de cada persona.
La organización también plantea revisar la carga fiscal para quienes perciben ingresos apenas superiores al salario mínimo, pues existen casos en los que el pago de impuestos reduce significativamente su ingreso disponible.
El desafío: que trabajar alcance para vivir
Para Gutiérrez, el debate sobre empleo no puede limitarse a indicadores sobre número de plazas creadas, aumentos al salario mínimo o trabajadores registrados ante el IMSS.
El desafío de fondo consiste en conseguir que una persona que trabaja pueda sostener una vida digna con su ingreso.
Eso implica mejores salarios, seguridad social, servicios públicos suficientes, sindicatos representativos, educación vinculada con el empleo y empresas con condiciones para mejorar gradualmente las remuneraciones.
La especialista reconoció los avances registrados en los últimos años, especialmente en la recuperación del salario mínimo, pero insistió en que todavía existe una distancia considerable entre superar la pobreza salarial y alcanzar bienestar.
“El derecho al trabajo es un derecho humano que tiene que ser garantizado y respetado”, afirmó.
Y advirtió que el problema rebasa incluso el ámbito estrictamente laboral.
“Sin él, la verdad es que no tiene viabilidad ni la vida de las personas, ni la vida de las democracias, ni los mercados”, concluyó.
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