El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió a la Secretaría de Hacienda revisar la propuesta para limitar las deducciones fiscales de las empresas, al advertir que el mecanismo podría golpear a compañías que operan legítimamente con márgenes reducidos, particularmente distribuidores y mayoristas.
Tras una reunión con el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, el presidente del CCE, José Medina Mora, informó que el sector privado planteó abrir mesas de trabajo para analizar los efectos de las modificaciones incluidas en el Paquete Económico 2027.
La preocupación empresarial se concentra en compañías que, por la naturaleza de su actividad, registran costos elevados respecto de sus ingresos, como distribuidores automotrices y mayoristas abarroteros.
“Queremos lograr que aquellos que no pagan impuestos los paguen, pero que no se afecte a las empresas que sí pagan impuestos y que, simplemente, tienen bajo margen”, señaló Medina Mora al término del encuentro, de acuerdo con reportes sobre la reunión.
Tope fiscal prende alertas entre empresas
La propuesta de Hacienda establece restricciones a las deducciones de personas morales con ingresos superiores a 50 millones de pesos anuales.
El planteamiento contempla que determinadas empresas no puedan aplicar deducciones superiores al 96.7 por ciento de sus ingresos acumulables, mientras que para otros contribuyentes el límite sería de 99 por ciento.
También se propone limitar la amortización de pérdidas fiscales acumuladas al 50 por ciento de la utilidad fiscal de cada ejercicio, aunque el plazo para aprovecharlas aumentaría de 10 a 20 años.
El CCE advirtió que una regla general puede terminar afectando a empresas cumplidas cuyo modelo de negocios opera naturalmente con altos costos y márgenes pequeños.
Distribuidores y mayoristas, entre los más expuestos
Medina Mora puso como ejemplos a los distribuidores de automóviles y mayoristas abarroteros, sectores donde el volumen de ventas puede ser elevado pero los márgenes de utilidad son reducidos.
Por ello, los empresarios solicitaron a Hacienda revisar el diseño antes de que la reforma sea aprobada por el Congreso y diferenciar entre empresas que recurren a esquemas de evasión y compañías que registran deducciones elevadas como consecuencia normal de su operación.
Hacienda defiende medida contra evasión y factureras
Hacienda sostiene que el cambio busca cerrar espacios a la evasión, la elusión fiscal y las operaciones realizadas mediante empresas factureras.
Amador ha señalado que el objetivo no es eliminar las deducciones, pues aquellas que no puedan aplicarse en un ejercicio podrían aprovecharse posteriormente.
“No hay una renuncia a las deducciones”, afirmó el secretario al explicar que Hacienda pretende concentrarse en empresas con patrones fiscales atípicos, como aquellas que durante varios años reportan ingresos pero prácticamente ninguna utilidad.
La dependencia calcula que los cambios al ISR y las nuevas medidas de fiscalización podrían generar entre 130 mil y 140 mil millones de pesos adicionales para las arcas públicas.
CCE pide cobrar al evasor, no castigar al cumplido
El choque no está, por ahora, en el objetivo de combatir la evasión, sino en el mecanismo.
El CCE ha respaldado ampliar la base tributaria, combatir a las factureras y fortalecer la fiscalización, pero insiste en que una mayor recaudación no debe traducirse en una carga adicional para los contribuyentes que ya cumplen con sus obligaciones.
Los empresarios también han pedido que el Paquete Económico 2027 preserve el grado de inversión de México, reduzca gradualmente el déficit público y evite medidas que puedan frenar la inversión, el crecimiento de las empresas o la generación de empleo.
La discusión se trasladará ahora a las mesas técnicas entre Hacienda y el sector privado y, posteriormente, al Congreso, donde se analizarán las modificaciones propuestas a la Ley del ISR.
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