Una finca utilizada por el crimen organizado en Tecalitlán no sólo servía para mantener personas privadas de la libertad: también funcionaba como sitio de recuperación para delincuentes heridos, confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, mientras autoridades de Jalisco investigan ahora quién les prestaba atención médica y si médicos o paramédicos fueron obligados a trabajar para el grupo criminal.
El inmueble quedó al descubierto a partir de la búsqueda de un joven de 20 años desaparecido en Tlaquepaque desde el 21 de julio, después de abordar un vehículo de plataforma para acudir a una supuesta oferta de trabajo en un rancho. La investigación condujo hasta Tecalitlán, en el sur de Jalisco.
La incursión permitió liberar a ocho hombres de entre 16 y 43 años, uno de ellos menor de edad, que permanecían contra su voluntad en la finca. También fueron detenidos cinco hombres y una mujer.
Harfuch: llevaban ahí a heridos de la delincuencia
García Harfuch confirmó desde la conferencia presidencial que las investigaciones continúan y explicó que el inmueble era utilizado para recibir personas lesionadas pertenecientes a la delincuencia organizada.
“Llevaban a heridos de la propia delincuencia organizada a reponerse o curarse”, afirmó el titular de la SSPC.
Harfuch precisó que, más que un hospital formal, se trataba de un domicilio empleado para la recuperación de delincuentes lesionados.
También señaló que el hallazgo se produjo en el contexto de un cateo con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y adelantó que existen otras acciones relacionadas con la investigación que todavía están en curso.
La versión federal refuerza una de las principales hipótesis planteadas por las autoridades estatales: la propiedad formaba parte de la infraestructura logística utilizada por una organización criminal para atender a sus integrantes después de resultar heridos.
Muletas, medicamentos y botas ortopédicas revelaron uso de finca
Dentro del inmueble fueron encontrados medicamentos, material médico, botas ortopédicas, tres pares de muletas y otros implementos que apuntan a que ahí se realizaban procesos de recuperación física.
Las autoridades también aseguraron 100 cartuchos útiles calibre 5.56 x 45 milímetros, botas tácticas, una báscula gramera y porciones de vegetal con características de marihuana.
La Fiscalía de Jalisco estableció como primera hipótesis que la propiedad era empleada para mantener bajo resguardo a personas lesionadas o que requerían recuperación física.
Reportes periodísticos y autoridades locales vinculan la operación del sitio con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización con fuerte presencia en la región.
Fiscalía indaga quién curaba a integrantes del crimen
El siguiente eslabón de la investigación apunta al personal sanitario.
La Fiscalía estatal busca determinar si médicos, enfermeros o paramédicos llegaron a prestar servicios en la finca y, de ser así, establecer si colaboraban voluntariamente con la organización o fueron forzados a atender a personas lesionadas.
Roberto Alarcón Estrada, titular de la Coordinación Estratégica de Seguridad de Jalisco, señaló que hasta ahora no existen reportes de médicos o paramédicos desaparecidos en esa zona del estado.
La ausencia de denuncias impide, por el momento, sostener que profesionales de la salud hayan sido secuestrados para operar en el inmueble.
Sin embargo, las características del material localizado y el tipo de pacientes que presuntamente llegaban al sitio mantienen abierta la investigación sobre la posible participación de personal con conocimientos médicos.
Fiscal ve indicios de tratamientos especializados
El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, informó que existen elementos para considerar que dentro de la propiedad se brindaban tratamientos a integrantes del grupo criminal lesionados durante enfrentamientos o actividades delictivas.
Las autoridades estatales investigan por ello si personal médico de la región tuvo algún grado de participación en la operación del sitio.
Hasta el momento no se ha informado de médicos detenidos ni de órdenes de aprehensión contra profesionales de la salud relacionadas con el inmueble.
Tampoco se ha establecido públicamente cuánto tiempo llevaba funcionando el lugar, cuántas personas recibieron atención allí o si existen otras propiedades con el mismo propósito.
Falsa oferta laboral llevó a descubrir centro criminal
El caso comenzó con un mecanismo que las autoridades han detectado en otros episodios de reclutamiento: ofertas de trabajo falsas.
El joven de 20 años cuya búsqueda detonó el operativo salió de Tlaquepaque después de recibir una oferta para trabajar en un rancho. Abordó un vehículo de plataforma y posteriormente perdió contacto con su familia.
Trabajos de campo, inteligencia y geolocalización permitieron ubicarlo a principios de septiembre en Tecalitlán, aproximadamente 180 kilómetros al sur de Guadalajara.
Cuando las autoridades ingresaron al inmueble encontraron al joven y a otros siete hombres privados de su libertad.
Entre las víctimas había personas originarias de Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Jalisco. Después del rescate fueron trasladadas a la Zona Metropolitana de Guadalajara para recibir atención y avanzar en su reunificación familiar.
Seis detenidos por custodiarlos
Durante el operativo fueron capturados cinco hombres y una mujer, de entre 21 y 48 años, señalados como probables responsables de mantener cautivas a las víctimas.
Los detenidos son originarios de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán, según la información difundida tras el operativo.
Las indagatorias consideran delitos relacionados con la privación ilegal de la libertad, desaparición de personas y posibles conductas vinculadas con trata de personas.
Reclutamiento con engaños, un patrón bajo investigación en Jalisco
El hallazgo de Tecalitlán se suma a otros casos en los que jóvenes han sido atraídos mediante falsas oportunidades laborales.
El 4 de septiembre, la Fiscalía de Jalisco informó de la sentencia a 10 años de prisión contra dos hombres y una mujer involucrados en un esquema de trata con fines de trabajos forzados, donde las víctimas también fueron captadas a través de una oferta laboral.
En agosto, autoridades rescataron en Tequila a un adolescente de 14 años que había sido engañado con una supuesta vacante que ofrecía un salario de 30 mil pesos; además, durante julio otros cuatro jóvenes fueron liberados en Zapopan.
La incógnita que queda: ¿quién operaba la atención médica?
Las declaraciones de García Harfuch despejan una parte del caso: la finca sí era utilizada para que integrantes de la delincuencia organizada heridos se recuperaran.
Lo que falta esclarecer es quién los atendía.
La Fiscalía deberá determinar si detrás de las muletas, medicamentos, aparatos ortopédicos y tratamientos había médicos o paramédicos; identificar quién los llevaba hasta el lugar y establecer si esos profesionales colaboraban con el grupo criminal o trabajaban bajo amenazas.
Por ahora, las autoridades no han presentado evidencia pública de que médicos hayan sido secuestrados o reclutados.
Pero la existencia de un punto dedicado a recuperar delincuentes heridos revela una estructura de apoyo que iba más allá de casas de seguridad y centros de reclutamiento: el crimen también habría desarrollado espacios clandestinos para preservar y reincorporar a sus propios integrantes después de resultar lesionados.
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