El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó la presión sobre México al demandar acciones contra funcionarios públicos que, según su Gobierno, colaboran o brindan protección a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
En la determinación presidencial sobre los principales países de tránsito y producción de drogas, entregada al Congreso estadounidense el 15 de septiembre, Trump incluyó nuevamente a México entre las naciones que tienen un papel relevante en el flujo internacional de narcóticos hacia Estados Unidos.
El mandatario sostuvo que el Gobierno mexicano debe profundizar sus acciones contra las organizaciones que Washington ha designado como narcoterroristas y que, de acuerdo con la administración estadounidense, mantienen capacidad de operación y control en distintas regiones del país.
“México debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan vastas zonas de su territorio”, señaló Trump en la determinación presidencial.
El planteamiento estadounidense pone especial énfasis en las posibles redes de protección institucional que permiten operar a los grupos criminales. Trump demandó identificar y llevar ante la justicia a funcionarios señalados de colaborar con los cárteles.
La estrategia antidrogas de su administración sostiene que organizaciones criminales asentadas en México operan sofisticadas redes internacionales para obtener precursores químicos, producir drogas sintéticas y trasladarlas hacia territorio estadounidense. Washington afirma además que esos grupos actúan con altos niveles de impunidad en algunas zonas de México.
México reporta golpes a redes de protección
La exigencia de Trump ocurre mientras el Gobierno de Claudia Sheinbaum asegura que ha intensificado las investigaciones contra servidores públicos relacionados con actividades criminales.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó recientemente que la denominada Operación Enjambre ha derivado en la captura de 111 funcionarios públicos vinculados con actividades delictivas, incluidos presidentes municipales de distintas entidades.
“Cero tolerancia a la corrupción y cero impunidad, sin importar el cargo o la afiliación política”, es la instrucción presidencial, afirmó Harfuch al presentar los resultados de la estrategia de seguridad.
De acuerdo con cifras oficiales mexicanas, entre octubre de 2024 y agosto de 2026 fueron detenidas más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto, además de que las Fuerzas Armadas inhabilitaron 2 mil 771 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la producción de drogas.
También fueron aseguradas 34 mil 353 armas de fuego durante ese periodo, de las cuales, según el Gobierno mexicano, 80 por ciento provenían de Estados Unidos.
Aunque Washington reconoció avances en la cooperación bilateral, la nueva determinación deja claro que la administración Trump pretende que México coloque el combate a las redes políticas, financieras y gubernamentales de los cárteles entre las prioridades de su estrategia antidrogas.
La Casa Blanca informó este 16 de septiembre que Trump llamó a los 23 países incluidos en la lista a intensificar el combate al narcotráfico y al denominado narcoterrorismo, dentro de una estrategia que Estados Unidos presenta como asunto de seguridad nacional.
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