El sexenio de Andrés Manuel López Obrador cerró con 337 periodistas y defensores de derechos humanos asesinados, mientras integrantes de esos sectores fueron objeto de vigilancia, hostigamiento digital y estigmatización, de acuerdo con una investigación divulgada este jueves por el Human Rights Center (HRC) de la Universidad de California en Berkeley.
El estudio, denominado Under Attack: Targeting of Journalists and Human Rights Defenders in Mexico, contabilizó 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos asesinados entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024.
La organización universitaria sostuvo que las víctimas formaban parte de un mismo sector de “vigilantes cívicos”, integrado por personas dedicadas a investigar o denunciar crimen organizado, corrupción, abusos de autoridad, desapariciones, daños ambientales y violaciones a derechos humanos.
Lindsay Freeman, directora sénior de Responsabilidad Internacional del HRC, aseguró que el patrón encontrado no puede reducirse únicamente a la violencia que históricamente ha afectado al País.
“Fueron tratados como enemigos del Estado por exigir responsabilidades al poder”, afirmó Freeman al presentar las conclusiones del estudio.
Impunidad alcanzó hasta 99%, según investigación
El Centro de Berkeley calculó que la impunidad en delitos contra periodistas y defensores se mantuvo entre aproximadamente 93 y 99 por ciento durante el periodo analizado.
La investigación señala que numerosos comunicadores y activistas habían denunciado previamente amenazas ante las autoridades y que algunos incluso se encontraban incorporados al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuando fueron atacados.
El HRC documentó y verificó además 75 casos de asesinatos, desapariciones forzadas y otras formas graves de violencia física, que fueron examinados con mayor profundidad para estudiar patrones, actuación institucional e impunidad.
El conteo de 337 personas corresponde a homicidios registrados durante el periodo presidencial de López Obrador; la cifra no significa por sí misma que el Gobierno federal haya sido autor material de cada uno de los asesinatos. El planteamiento de Berkeley es que los homicidios deben analizarse junto con otros patrones de hostigamiento, vigilancia, estigmatización e impunidad que, según sus investigadores, afectaron al mismo grupo.
Pegasus siguió operando durante sexenio de AMLO
Uno de los señalamientos más severos de la investigación apunta a las labores de inteligencia militar.
Berkeley afirma que investigaciones forenses confirmaron que el programa espía Pegasus continuó siendo utilizado contra periodistas y críticos durante el Gobierno de López Obrador, pese a las declaraciones públicas del entonces Presidente en el sentido de que su Administración ya no realizaba espionaje político.
El HRC aseguró haber rastreado la adquisición y operación de herramientas de vigilancia hasta la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mediante contratos, expedientes judiciales y aproximadamente seis terabytes de correos electrónicos y documentos militares filtrados por el colectivo Guacamaya en 2022.
Investigaciones independientes previas de Citizen Lab ya habían confirmado mediante análisis forenses infecciones con Pegasus en México entre 2019 y 2021, entre ellas la del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos.
Señalan uso de otras herramientas de vigilancia
Además de Pegasus, la investigación refiere otras tecnologías utilizadas por instancias militares, entre ellas Geomatrix, desarrollada por Rayzone, y equipos Cellebrite UFED, capaces de extraer y analizar información almacenada en teléfonos y otros dispositivos digitales.
El HRC sostiene que las capacidades de vigilancia fueron utilizadas contra periodistas, defensores e incluso funcionarios encargados de labores de control gubernamental.
Las mañaneras, bajo la lupa de Berkeley
La investigación también examinó el discurso utilizado por López Obrador en sus conferencias matutinas.
El equipo analizó, con asistencia de herramientas de inteligencia artificial, más de mil 400 conferencias presidenciales, además de integrar expedientes de víctimas, bases de datos y organigramas del aparato mexicano de seguridad.
Según Berkeley, López Obrador señaló y criticó repetidamente desde Palacio Nacional a periodistas y organizaciones civiles, mientras paralelamente se registraron campañas coordinadas de hostigamiento en internet.
El HRC afirma que encontró redes de cuentas no auténticas vinculadas con medios controlados por el Estado, además del uso de demandas civiles, normas sobre difamación y procedimientos penales que, según sus conclusiones, fueron empleados para presionar a voces críticas.
Investigación fue concebida para la Corte Penal Internacional
El proyecto fue diseñado originalmente como una posible presentación jurídica ante la Corte Penal Internacional (CPI) y como caso de estudio sobre delitos cometidos mediante herramientas digitales bajo el Estatuto de Roma.
Berkeley informó que posteriormente convirtió el expediente en una plataforma pública debido a que las sanciones estadounidenses contra la CPI cerraron, de acuerdo con el HRC, la vía que pretendía utilizar para presentar formalmente la evidencia.
Freeman sostiene en un análisis jurídico paralelo que los hechos documentados podrían ser examinados bajo la figura de persecución facilitada por medios cibernéticos y planteó la conveniencia de una revisión preliminar internacional. Se trata, hasta ahora, de una interpretación jurídica de los investigadores, no de una resolución de la CPI ni de una sentencia contra el Estado mexicano.
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