El diputado Juan Armando Ruiz Hernández, de Movimiento Ciudadano (MC), impulsa una reforma para que todas las viviendas ubicadas en planta baja sean diseñadas y construidas bajo criterios de accesibilidad y diseño universal para personas con discapacidad. La propuesta incluye cambios a tres leyes federales.
La iniciativa plantea reformar el artículo 3 de la Ley de Vivienda, el 18 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el 41 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
El objetivo es establecer un estándar mínimo obligatorio que permita que las viviendas sean utilizadas de manera segura y autónoma por personas con discapacidad.
Rampas y puertas de al menos un metro
Entre las adecuaciones planteadas se encuentran accesos sin barreras mediante rampas u otras soluciones de accesibilidad, puertas y zonas de circulación interior con una anchura mínima de un metro y espacios compatibles con dispositivos de apoyo.
También se contemplan cajones exclusivos de estacionamiento para personas con discapacidad o espacios accesibles para ascenso y descenso en el exterior inmediato de las viviendas, además de instalaciones preparadas conforme a criterios de diseño universal.
En el caso de viviendas construidas mediante programas públicos, subsidios o financiamiento federal o estatal, el cumplimiento de esas disposiciones sería obligatorio.
Créditos darían preferencia a personas con discapacidad
La reforma a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad busca establecer que, en todos los programas de vivienda financiados con recursos públicos, las casas ubicadas en planta baja sean edificadas bajo criterios de diseño universal.
Además, plantea que los créditos correspondientes a esas viviendas sean otorgados de manera preferente a personas con discapacidad.
Ruiz Hernández también pretende que la legislación en materia de asentamientos humanos obligue a las autoridades a verificar estos criterios en los desarrollos habitacionales como condición para autorizar y registrar los proyectos.
El legislador ha planteado previamente la necesidad de que las nuevas viviendas cumplan criterios de accesibilidad y ha advertido que distintas normas existentes no siempre se cumplen en la práctica.
Iniciativa llega a comisiones
La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Vivienda y de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
Según la iniciativa, los cambios buscan colocar el diseño universal como parte de la política habitacional y facilitar una vida independiente para las personas con discapacidad.
El planteamiento cobra relevancia ante el tamaño de la población que enfrenta barreras de accesibilidad. El Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI registró 6 millones 179 mil 890 personas con discapacidad, equivalentes al 4.9 por ciento de la población. Si se incorporan también las personas con limitaciones en actividades cotidianas o alguna condición mental, el universo asciende a 20 millones 838 mil 108 personas, 16.5 por ciento.
Busca cambiar estándar de nuevos desarrollos
La iniciativa sostiene que incorporar accesibilidad desde la construcción evitaría que las adecuaciones dependan posteriormente de modificaciones individuales de las viviendas.
Ruiz Hernández considera que elevar estos requisitos a rango legal permitiría reducir barreras físicas en los desarrollos habitacionales y avanzar hacia ciudades que contemplen desde su diseño las necesidades de las personas con discapacidad.
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