Tras una nueva escalada de violencia en planteles educativos, el Gobierno de Claudia Sheinbaum prepara un mecanismo legal para obligar a las plataformas digitales a detectar, retirar y reportar contenidos que inciten directamente a agresiones, mientras autoridades federales y estatales investigan la posible influencia de comunidades violentas en internet sobre algunos de los ataques.
La presidenta informó que ordenó integrar un grupo de trabajo en el que participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Educación Pública, la Agencia de Transformación Digital y la Consejería Jurídica, además de especialistas e instituciones académicas.
Sheinbaum pidió particularmente a los secretarios Omar García Harfuch y Mario Delgado participar en la construcción de las medidas de seguridad y prevención que serán aplicadas después de los recientes hechos registrados en escuelas.
“El objetivo es que las plataformas digitales asuman también una parte de la responsabilidad y que no difundan, promuevan o propaguen contenidos relacionados con este tipo de información, incluidos actos delictivos o conductas violentas”, declaró la mandataria.
La propuesta, todavía en proceso de definición, podría tomar la forma de un decreto, una ley u otro instrumento jurídico. Sheinbaum señaló que el objetivo es contar con una propuesta la próxima semana y abrir un diálogo con las empresas propietarias de redes sociales.
La Presidenta sostuvo que las compañías deben actuar cuando identifiquen comunicaciones vinculadas con posibles hechos violentos.
“Si ellos encuentran que hay comunicación, interacción, de algo que tiene que ver con actos violentos (…) que bajen esos contenidos y reporten a la autoridad”, señaló.
El Gobierno federal ha precisado que la intención es establecer límites sobre contenidos relacionados con delitos y violencia y no una prohibición general de las redes sociales. Presidencia informó oficialmente el 2 de octubre sobre la conformación del grupo encargado de diseñar medidas para que las plataformas eliminen y prohíban contenidos violentos.
Ataque en Torreón detona nuevas medidas
El anuncio ocurrió después del ataque del jueves 1 de octubre en la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila.
Dos hermanos de 18 años, exalumnos del plantel, ingresaron con machetes y otras armas blancas, además de petardos, y atacaron a integrantes de la comunidad escolar. La subdirectora perdió la vida y cuatro personas resultaron heridas. Las autoridades descartaron posteriormente el uso de armas de fuego.
Los presuntos responsables fueron sometidos por habitantes de la zona y posteriormente entregados a las autoridades.
La Fiscalía General de Coahuila investiga si los jóvenes tuvieron contacto con comunidades digitales que exaltan ataques cometidos en centros educativos y a sus responsables. Una cuenta de TikTok atribuida por las autoridades a uno de los detenidos difundió antes de los hechos imágenes de armas, explosivos y referencias a autores de ataques ocurridos en otros países.
Las autoridades estatales también investigan posibles vínculos con espacios digitales asociados al movimiento conocido como “incel”, aunque esa hipótesis permanece como una línea de investigación y no ha sido establecida como móvil definitivo.
Dos ataques escolares en 48 horas
El caso de Torreón ocurrió apenas un día después de otra agresión en una secundaria de Querétaro.
El miércoles, un estudiante de 13 años ingresó con cuchillos a la secundaria Esperanza Cabrera y dejó cuatro personas heridas: tres trabajadores administrativos y otro alumno. La Fiscalía de Querétaro informó que buscaría imputarlo por tentativa de homicidio y mantenía abiertas distintas líneas de investigación, incluida la posibilidad de que existiera algún vínculo con un reto viral.
Hasta ahora, las autoridades no han establecido que los ataques de Querétaro y Torreón estén relacionados entre sí.
Los hechos también reavivaron antecedentes recientes de ataques dentro de centros educativos. En septiembre de 2025, un joven atacó con arma blanca a estudiantes del CCH Sur de la UNAM, donde murió un alumno de 16 años. Las investigaciones de aquel caso documentaron actividad del agresor en foros digitales asociados con discursos de odio.
Refuerzan vigilancia y prevención en planteles
Como parte de la respuesta federal, el Gobierno plantea reforzar mecanismos para detectar amenazas antes de que se materialicen.
García Harfuch informó que las autoridades buscan mejorar la identificación de contenidos o conductas que puedan derivar en hechos violentos, así como la coordinación para dar respuesta anticipada a posibles riesgos.
La estrategia contempla vigilancia de espacios digitales y mecanismos de comunicación entre autoridades y plataformas, además de medidas preventivas dentro de las escuelas.
Sheinbaum adelantó también el fortalecimiento del programa denominado ABC de las escuelas, la difusión de la Línea de la Vida para recibir orientación psicológica y la instalación de buzones donde estudiantes o integrantes de las comunidades educativas puedan reportar de manera confidencial situaciones de riesgo.
La mandataria insistió en que madres y padres también deberán mantenerse atentos a los contenidos digitales que consumen menores de edad, pero sostuvo que esa responsabilidad no puede recaer exclusivamente en las familias.
“Una responsabilidad muy importante es de las plataformas digitales”, afirmó.
El debate que abre la administración de Sheinbaum se inscribe además en una discusión internacional sobre las obligaciones de las empresas tecnológicas. Australia, Reino Unido y la Unión Europea han aprobado disposiciones para exigir la eliminación de determinados contenidos dañinos, mientras que en América Latina Brasil ha establecido obligaciones para retirar materiales que inciten a la violencia y otros países discuten regulaciones dirigidas particularmente a la protección de menores.
La definición del mecanismo mexicano será clave para determinar qué contenidos quedarían comprendidos, bajo qué criterios tendrían que ser retirados y qué obligaciones tendrían las plataformas para informar a las autoridades, aspectos que el Gobierno deberá precisar en la propuesta anunciada para la próxima semana.
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