La Fiscalía General de la República (FGR) endureció su acusación contra el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel al asegurar que cuenta con “datos de prueba contundentes” que lo relacionan con la conducción y toma de decisiones de Ingemar, empresa investigada por su presunto vínculo con una red de contrabando de combustible.
En el comunicado FGR 670/26, difundido el 2 de octubre, la dependencia señaló que la indagatoria integra dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información que, según el Ministerio Público federal, apuntan a que Ruffo habría intervenido en la conducción, representación legal y decisiones estratégicas de la compañía.
La Fiscalía precisó que Ruffo era accionista y secretario del Consejo de Administración de Ingemar. Esa condición corporativa forma parte de los elementos que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) utiliza para sustentar su investigación.
FGR liga a Ingemar con red de contrabando de combustible
De acuerdo con la FGR, las investigaciones permitieron identificar una presunta red de contrabando que utilizaba ferrotanques para trasladar combustible y que habría operado mediante Ingemar.
La compañía aparece formalmente vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos; sin embargo, la Fiscalía sostiene que registró movimientos millonarios en cuentas nacionales que consideró incongruentes con su perfil fiscal.
Reportes previos sobre el expediente señalan que Ruffo se incorporó al capital variable de Ingemar en 2018 y que para 2021 ya figuraba como accionista y secretario del Consejo de Administración. La FGR ha sostenido que participó junto con otros integrantes de la empresa en actos corporativos, modificaciones societarias y otorgamiento de poderes relacionados con administración, comercio exterior y gestiones fiscales y aduaneras.
Fiscalía cita declaraciones del propio Ruffo
La FGR también sostiene que, durante entrevistas, Ruffo reconoció poseer 49 por ciento de las acciones de Ingemar y conocer, al menos desde 2024, irregularidades relacionadas con la capacidad declarada de camiones y ferrotanques utilizados en operaciones de importación.
Según la versión ministerial difundida por diversos medios, unidades con capacidad de entre 30 mil y 112 mil litros habrían sido registradas en pedimentos por volúmenes de apenas 10 mil litros.
La existencia de esos datos forma parte de la hipótesis de investigación de la Fiscalía y no equivale, por sí misma, a una sentencia condenatoria.
Ruffo seguirá proceso penal desde su domicilio
Ruffo Appel permanece sujeto a proceso por delitos relacionados con delincuencia organizada y materia de hidrocarburos. El 25 de septiembre, un juez federal autorizó que la medida cautelar que enfrentaba en el penal del Altiplano continuara bajo prisión domiciliaria.
La FGR aclaró posteriormente que ese cambio no implica la suspensión ni el cierre del proceso penal, que continuará ante la autoridad judicial competente.
El exgobernador ha rechazado las acusaciones y ha sostenido públicamente que es inocente. Será el juez que conoce del caso quien determine el valor jurídico de los datos presentados por la Fiscalía y, eventualmente, la responsabilidad o no del acusado.
FGR busca sostener imputación ante el juez
El nuevo pronunciamiento de la Fiscalía ocurre después del traslado de Ruffo a prisión domiciliaria y busca reafirmar públicamente la solidez de la investigación ministerial.
La dependencia afirmó que corresponde al órgano jurisdiccional valorar las pruebas que sean desahogadas durante el procedimiento y resolver conforme a derecho. Mientras no exista una sentencia firme, Ruffo Appel conserva la presunción de inocencia.
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