El diputado Óscar Bautista Villegas, del PVEM, propuso endurecer las reglas para reparar daños al medio ambiente y obligar a que el cumplimiento de las sentencias sea medible, verificable y sujeto a vigilancia de las autoridades.
La iniciativa plantea reformar la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental para establecer que la reparación deberá ser integral, efectiva y verificable, privilegiando la recuperación material de los ecosistemas afectados.
El proyecto también incorpora criterios científicos y técnicos para determinar si un daño fue realmente reparado y bajo qué parámetros deberá acreditarse el cumplimiento.
Exigen recuperar funcionalidad de ecosistemas
La propuesta establece que la reparación no deberá limitarse a sustituir materialmente algún elemento afectado, sino recuperar las condiciones, procesos ecológicos, relaciones naturales y servicios ambientales dañados.
Para definir las medidas se deberán considerar la magnitud, extensión, duración y reversibilidad del daño, así como los efectos acumulativos, sinérgicos y residuales.
También deberán valorarse las afectaciones a la biodiversidad, la capacidad de regeneración natural del ecosistema y el grado en que las acciones permitan recuperar su funcionalidad ecológica.
La iniciativa incorpora además los principios de precaución, pronatura e interés superior del ambiente.
Jueces fijarían metas, plazos e indicadores
El proyecto plantea que los jueces determinen, durante la ejecución de sentencia, la forma y términos en que deberá cumplirse la reparación o compensación ambiental.
La resolución deberá establecer objetivos, indicadores, parámetros, métodos de evaluación y plazos específicos para el responsable.
Para ello, el juzgador deberá tomar en cuenta las características del ecosistema afectado, la magnitud y duración del daño, los ciclos biológicos involucrados y el tiempo técnicamente necesario para recuperar las condiciones ambientales.
También podrá considerar las propuestas de las partes y la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Condicionan criterios a evidencia científica
Los indicadores y métodos de evaluación deberán guardar relación directa con el daño acreditado en la sentencia y construirse con la mejor evidencia científica y técnica disponible.
El proyecto aclara que estos mecanismos no podrán modificar al responsable, ampliar la condena ni alterar las obligaciones originalmente impuestas.
Su objetivo será establecer parámetros claros para determinar si la reparación ambiental se cumplió de manera efectiva.
Profepa tendría que reportar avances cada dos meses
La iniciativa refuerza además el papel de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en la etapa de cumplimiento.
La Profepa deberá auxiliar a la autoridad judicial para verificar tanto la ejecución material de las medidas como los resultados ambientales obtenidos.
Además, tendría que entregar informes bimestrales al juez con los avances registrados, medidas ejecutadas, resultados observados y posibles desviaciones o deficiencias.
En caso de detectar fallas, los informes deberán precisar las circunstancias que pudieran revelar incumplimiento o ejecución deficiente de las obligaciones.
Rechazan crear nueva responsabilidad ambiental
En la exposición de motivos, Bautista Villegas sostiene que la reforma no busca crear una nueva figura de responsabilidad ambiental ni sustituir los mecanismos vigentes.
La intención, señala, es precisar jurídicamente cómo debe medirse el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un daño ambiental.
“La reparación integral implica atender los distintos componentes, procesos e interacciones ambientales afectados y no únicamente aquellos elementos que puedan ser objeto de una sustitución material inmediata”, establece la propuesta.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su análisis.
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