El diputado José Antonio López Ruiz, del PT, propuso castigar con penas de cinco a 12 años de prisión a madres, padres, tutores o responsables legales que permitan, toleren o faciliten de manera dolosa la participación de niñas, niños o adolescentes en actividades delictivas.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, plantea adicionar al Código Penal Federal un nuevo capítulo sobre incumplimiento de deberes de cuidado respecto de personas menores de edad.
Además de la pena de prisión, se impondrían de 500 a mil 500 días multa.
Incluyen armas, drogas, dinero y vehículos
El nuevo delito alcanzaría a quienes, teniendo el deber jurídico de proteger, educar, orientar y vigilar a una persona menor de 18 años, faciliten su participación en la comisión de delitos.
También sancionaría a quienes les entreguen o permitan el acceso a armas de fuego, municiones, explosivos, narcóticos, vehículos, recursos económicos u otros medios destinados a cometer ilícitos.
La propuesta contempla homicidio, feminicidio, secuestro, extorsión, delincuencia organizada, delitos contra la salud, trata de personas, desaparición forzada y tráfico o portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, se aplicaría cuando se trate de terrorismo o de cualquier otro delito cuya pena máxima sea igual o superior a 15 años de prisión.
Agravarían pena si hay lucro o crimen organizado
La sanción podría aumentar hasta en una mitad cuando el responsable obtenga un beneficio económico derivado de la conducta del menor.
El agravante también aplicaría cuando la niña, niño o adolescente sea incorporado o utilizado por una organización criminal, cuando el adulto haya intervenido previamente en la planeación o preparación del delito, cuando estén involucrados dos o más menores o cuando la conducta sea reiterada.
La iniciativa busca, de acuerdo con su promovente, frenar los casos en que adultos con obligaciones legales de cuidado contribuyen activamente a la incorporación de menores a actividades criminales.
No bastará ser padre para fincar responsabilidad
El proyecto establece un candado para evitar que la responsabilidad penal se presuma únicamente por parentesco.
El Ministerio Público deberá acreditar plenamente la existencia del deber jurídico de cuidado y la conducta dolosa del imputado.
La sola comisión de un delito por parte de una persona menor de edad tampoco bastará para procesar penalmente a la madre, padre, tutor o responsable de su custodia.
“No es responsabilizar penalmente a madres, padres o tutores del delito cometido por la persona menor de edad, sino sancionarles si faltan a sus obligaciones jurídicas de cuidado”, sostiene López Ruiz.
Podrían perder patria potestad o custodia
Cuando exista una sentencia firme, la autoridad judicial deberá dar vista a la instancia familiar correspondiente y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Esas autoridades podrán analizar la suspensión, limitación o pérdida de la patria potestad, tutela, guarda o custodia, además de ordenar medidas de protección para el menor involucrado.
López Ruiz argumenta que actualmente existe un vacío legal para sancionar conductas graves de quienes, teniendo obligaciones de cuidado, facilitan deliberadamente que menores sean incorporados a actividades delictivas.
Buscan frenar reclutamiento de menores
El legislador sostiene que la reforma pretende fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes y establecer una corresponsabilidad efectiva de quienes ejercen su cuidado.
La propuesta también busca dotar de herramientas penales al Estado para prevenir el reclutamiento de menores por organizaciones criminales, sin trasladar automáticamente a los padres la responsabilidad por los delitos cometidos por sus hijos.
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