El ex Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a autoridades de Estados Unidos de recurrir a testigos protegidos, filtraciones, calumnias y la fabricación de expedientes con “pruebas hechizas” en el proceso abierto contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
En su libro Pueblo, López Obrador retoma la acusación presentada el pasado 29 de abril por el Departamento de Justicia estadounidense contra Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez y otros ocho funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York acusa a los 10 mexicanos de delitos relacionados con tráfico de drogas y armas, bajo el señalamiento de que habrían conspirado con integrantes del Cártel de Sinaloa para introducir narcóticos a Estados Unidos a cambio de sobornos, respaldo político y protección institucional. El propio Departamento de Justicia precisa que se trata de acusaciones y que los hechos imputados deberán probarse ante tribunales.
Ve AMLO “modus operandi” de autoridades estadounidenses
López Obrador sostiene que, cinco meses después de conocerse la acusación, no se han presentado elementos que, desde su perspectiva, modifiquen el escenario inicial.
El ex mandatario atribuye el caso a un método que considera recurrente por parte de autoridades estadounidenses: utilización de testigos protegidos, presión mediática, filtraciones y negociaciones con acusados.
“Fabricación de expedientes con pruebas hechizas”, acusa López Obrador en el pasaje de su libro difundido este lunes, al cuestionar la solidez del procedimiento abierto en Estados Unidos.
Acusa interés político y electoral de Estados Unidos
El tabasqueño va más allá de cuestionar las pruebas y atribuye al procedimiento una motivación política y electoral.
Según López Obrador, el expediente pretende reforzar entre los ciudadanos estadounidenses la idea de que México es responsable de la crisis de consumo de drogas y de los problemas migratorios que enfrenta Estados Unidos.
“No hay duda de ese sucio proceder”, sostiene el ex Presidente, quien acusa que el caso busca favorecer el discurso del partido gobernante estadounidense en materia de narcotráfico y migración.
La imputación contra Rocha Moya abrió desde abril uno de los frentes más delicados en la relación bilateral, debido a que Washington involucró directamente a un gobernador mexicano, un senador y otros funcionarios en una presunta estructura de protección al Cártel de Sinaloa.
FGR dijo no tener pruebas suficientes en México
El señalamiento de López Obrador ocurre después de que la Fiscalía General de la República informó, el 8 de julio, que la investigación mexicana continuaba, pero que hasta ese momento los elementos aportados no alcanzaban el parámetro probatorio mínimo exigido por la legislación nacional.
David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, señaló entonces que la carpeta se abrió a partir de la solicitud estadounidense de detención provisional con fines de extradición.
Ese pronunciamiento no implicó la cancelación del expediente estadounidense ni una resolución judicial sobre la inocencia de los señalados: la acusación presentada en Nueva York permanece como un procedimiento distinto bajo jurisdicción de Estados Unidos.
Respalda postura de Sheinbaum sobre caso Rocha
En Pueblo, López Obrador también considera acertada la respuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum frente a las acusaciones.
La mandataria había condicionado cualquier actuación de México a la presentación de pruebas y planteó que, si existían elementos suficientes, las autoridades mexicanas procederían sin otorgar impunidad.
En caso contrario, advirtió que México denunciaría una posible intromisión política de Washington.
Rocha Moya, por su parte, rechazó desde el 29 de abril las imputaciones de la Fiscalía estadounidense y afirmó que carecían de “veracidad y fundamento”, además de calificarlas como un ataque contra su persona y contra la Cuarta Transformación.
EU mantiene acusación contra Rocha y otros nueve
El Departamento de Justicia sostiene que Rocha Moya y los otros acusados habrían colaborado con dirigentes del Cártel de Sinaloa para facilitar el envío de grandes cantidades de narcóticos a territorio estadounidense.
La acusación incluye delitos de narcotráfico y relacionados con armas y fue presentada ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.
Cinco meses después, López Obrador convierte el expediente en un nuevo choque político con Washington: no sólo cuestiona la calidad de las pruebas, sino que acusa directamente a Estados Unidos de utilizar el caso Rocha como herramienta electoral y como argumento para responsabilizar a México de sus crisis de drogas y migración.
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