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Testigo de FGR revela red de huachicol y nexos con entorno del PT y Morena

Pemex abrirá información financiera a la UIF para combatir huachicol.

Un testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) reveló una presunta red de contrabando de hidrocarburos encabezada por Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques”, en la que habrían participado empresarios, intermediarios y autoridades mediante un esquema de sobornos.

De acuerdo con los testimonios oficiales citados en la información publicada, la investigación alcanza al entorno político del Partido del Trabajo (PT) y Morena, a partir de las declaraciones del empresario potosino Héctor Manuel Portales Ávila.

Portales Ávila es tío de Gerardo Sánchez Zumaya, quien fue precandidato del PT al Gobierno de San Luis Potosí y declinó sus aspiraciones políticas el pasado 24 de septiembre.

La Fiscalía habría identificado a operadores de Blanco Cantú involucrados en acuerdos con integrantes del crimen organizado, funcionarios y pagos de sobornos que habrían facilitado el contrabando de combustibles.

El testigo proporcionó nombres de personas que presuntamente fungían como “corruptores e intermediarios” de Blanco Cantú y que, según la publicación, en su mayoría no habían sido mencionadas previamente en la investigación.

Entre ellos aparece Fernando Gabriel Maldonado Urrutia, yerno de José René Tijerina Mendoza y socio de Blanco Cantú en la empresa de carga Mefra Fletes.

Según el testimonio, Maldonado Urrutia “era el responsable de administrar el dinero de los sobornos que repartían entre los marinos de la Aduana de Tampico”.

La información también retoma antecedentes de Sánchez Zumaya, propietario de Petrogesa, quien habría recibido contratos millonarios de Pemex.

La publicación señala que en septiembre de 2024 se dio a conocer que dichos contratos operaron bajo “un esquema de empresas fantasmas y lavado de dinero”, cuyas compañías habrían facturado más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024.

Las revelaciones colocan nuevamente bajo escrutinio las operaciones vinculadas con el llamado huachicol y las presuntas redes empresariales y políticas que habrían facilitado el ingreso y distribución ilegal de hidrocarburos en el país.

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