Una propuesta para ampliar de manera excepcional hasta 10 años el internamiento de adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos de extrema gravedad fue puesta sobre la mesa en la Cámara de Diputados.
El planteamiento fue presentado durante el foro nacional “Reformas y Retos del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes”, organizado por la diputada Ana Erika Santana González, del PVEM, como parte de la discusión previa a una eventual iniciativa de reforma.
La propuesta busca también precisar las conductas por las que podría proceder una medida de esa magnitud y fortalecer los mecanismos de reparación integral del daño para las víctimas.
Santana González advirtió que una modificación de este tipo tendría que establecer límites claros, resoluciones judiciales individualizadas y una justificación estricta de necesidad y proporcionalidad.
La legisladora sostuvo que el análisis también debe considerar que algunos adolescentes son reclutados o cooptados por organizaciones delictivas y que viven en comunidades marcadas por violencia, amenazas y falta de oportunidades.
“Hay adolescentes cooptados por grupos delictivos, comunidades atravesadas por la violencia y familias que viven bajo amenazas”, señaló.
Ponen sobre la mesa homicidio, feminicidio y secuestro
Durante el encuentro se cuestionó si el actual límite de internamiento resulta suficiente frente a delitos como homicidio, feminicidio y secuestro.
Posteriormente, en conferencia de prensa, representantes de la Barra de Abogadas María Sandoval de Zarco expusieron tres propuestas de modificación al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
La primera plantea que adolescentes de 16 y 17 años puedan recibir una medida de internamiento de hasta 10 años cuando se trate de delitos de extrema gravedad y éstos estén plenamente acreditados.
El planteamiento no establece que los 10 años deban aplicarse automáticamente, sino que funcionen como un máximo excepcional sujeto a valoración judicial.
La propuesta surge en un contexto en el que especialistas y organizaciones han debatido durante 2026 si el actual sistema responde adecuadamente a delitos de alto impacto cometidos por adolescentes. Medios y organizaciones de Baja California han documentado previamente discusiones sobre el límite de internamiento y la necesidad de fortalecer la reinserción.
Plantean responsabilidad solidaria de padres
La segunda propuesta establece que madres y padres puedan ser considerados obligados solidarios para la reparación integral del daño, sin atribuirles responsabilidad penal por los delitos cometidos por sus hijos.
Sus promotores argumentan que actualmente muchos adolescentes carecen de patrimonio propio para cubrir indemnizaciones a las víctimas.
“No buscamos castigar a los padres por los delitos cometidos por sus hijos, buscamos que en la reparación integral del daño los padres también puedan ser obligados solidarios”, se expuso durante el encuentro.
Este planteamiento ya había sido promovido anteriormente por integrantes de la Barra de Abogadas María Sandoval de Zarco en discusiones públicas sobre justicia para adolescentes.
Quieren ampliar catálogo de conductas
La tercera propuesta plantea incorporar expresamente a la legislación conductas como homicidio y feminicidio en grado de tentativa, privación ilegal de la libertad con violencia, posesión de sustancias ilícitas en modalidad de narcomenudeo y lesiones agravadas relacionadas con consumo de alcohol, narcóticos o sustancias psicotrópicas.
Los impulsores aseguran que los cambios buscan responder tanto a la realidad delictiva como a la obligación de proteger a adolescentes sujetos al sistema especializado.
Santana González señaló que el foro servirá para revisar el contenido antes de que una eventual iniciativa sea presentada formalmente ante la Cámara de Diputados.
Piden equilibrar sanción y reinserción
La diputada sostuvo que el debate no puede limitarse al aumento de sanciones y planteó analizar también la responsabilidad del Estado, las políticas públicas de prevención y las condiciones sociales en las que los adolescentes se incorporan a actividades criminales.
“¿Debemos sancionarlas más y la sanción realmente va a inhibir la comisión de estos delitos?”, cuestionó.
También subrayó que el sistema debe reconocer simultáneamente los derechos de las víctimas y el carácter especializado de la justicia para personas menores de edad.
Las organizaciones que han participado en debates similares han insistido también en fortalecer atención psicológica, educación, reintegración comunitaria y coordinación entre autoridades como parte del sistema juvenil.
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