Con niveles de impunidad que alcanzan hasta el 93.4 por ciento, México enfrenta una crisis de justicia que no se resolverá aumentando las penas contra adolescentes, advirtieron especialistas y legisladores, quienes exigieron fortalecer la prevención del delito, combatir el reclutamiento criminal de menores y garantizar la reparación del daño a las víctimas.
Durante el foro “Reformas y retos del sistema integral de justicia penal para adolescentes”, la diputada Ana Erika Santana González (PVEM) alertó que el sistema mexicano enfrenta graves deficiencias en investigación, procuración de justicia y reinserción social.
La legisladora expuso que México Evalúa registra un índice de impunidad de 89.4 por ciento, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta 93.4 por ciento, cifras que citó para cuestionar la eficacia de las instituciones.
“Ante estos porcentajes tan alarmantes podemos decir que realmente no hay una impartición de justicia verdadera en México”, afirmó.
Santana González advirtió que la falta de políticas articuladas de prevención, particularmente contra el consumo de drogas, ha dejado a miles de jóvenes expuestos a la influencia del crimen organizado.
Sostuvo que los recursos destinados a estos programas disminuyeron desde 2015 hasta desaparecer, mientras las organizaciones delictivas han fortalecido su capacidad de atracción mediante la narcocultura, la música y las redes sociales.
“El gran recurso económico que el crimen organizado invierte para promoverse con la narcocultura, con ‘influencers’ y música (…) se convierte en un patrón deseable para los jóvenes que no tienen puertas abiertas ni instrumentos que el Estado les pueda proporcionar”, señaló.
Plantean elevar a 14 años la edad penal juvenil
Miguel Ontiveros Alonso, representante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, propuso elevar de 12 a 14 años la edad mínima para ingresar al sistema de justicia para adolescentes y establecer en 16 años la edad mínima para el internamiento.
El especialista rechazó que el endurecimiento de las sanciones sea una respuesta efectiva frente a la criminalidad juvenil.
“No podemos llevar a un niño de 12 años a un sistema violento como el que tenemos y después meterlo a un centro de privación de la libertad”, sostuvo.
Advirtió que numerosos adolescentes sometidos a procesos penales han sido previamente víctimas de organizaciones criminales que los reclutan para cometer delitos.
“Muchos de los niños y niñas que llegan al Sistema de Justicia para Adolescentes son víctimas, son víctimas de quién, del crimen organizado y del crimen desorganizado”, expresó.
Ontiveros Alonso pidió incorporar el reclutamiento criminal de menores a las reformas legislativas y cuestionó que el debate se concentre en aumentar castigos sin combatir la corrupción institucional.
“Pongamos el foco en las policías, en las fiscalías, en los agentes del Ministerio Público (MP) que extorsionan, en los policías que piden dinero y en algunos gobernadores que se corrompen formando parte del crimen organizado”, exigió.
Alertan por daños del encarcelamiento prolongado
Alicia Bestriz Azzolini Bincaz, representante de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, coincidió en revisar la edad mínima de responsabilidad penal adolescente, al señalar que los avances en neurociencias y estudios del desarrollo cerebral ofrecen elementos para reconsiderar los límites actuales.
Explicó que el Comité de los Derechos del Niño ha favorecido elevar esa edad a por lo menos 14 años e incluso contemplar los 16.
“Ya hay evidencias de que los 12 años es muy temprano para incorporar a una persona a un sistema de justicia juvenil”, afirmó.
También advirtió que ampliar los periodos de privación de la libertad puede comprometer las posibilidades de reinserción social.
“Si no es fácil una reinserción con una sanción máxima de cinco años, imagínense un adolescente privado de la libertad 10 años, no se va a volver a reinsertar en la sociedad positivamente”, sostuvo.
La especialista consideró que uno de los principales pendientes del Estado mexicano es atender el reclutamiento de menores por organizaciones criminales, problema que, afirmó, se discute institucionalmente desde 2021 sin una respuesta clara.
Exigen castigar reclutamiento de menores por el crimen organizado
La diputada Santana González planteó sancionar expresamente a quienes captan a niñas, niños y adolescentes para incorporarlos a actividades delictivas.
“Yo consideraba muy importante sancionar a quienes captan a nuestros niños porque no existía esta sanción hoy en nuestros códigos; sin embargo, son quienes están echando a perder a nuestra juventud”, señaló.
Afirmó que cualquier reforma debe garantizar tanto los derechos de los adolescentes involucrados en delitos como los de las víctimas, particularmente el acceso a investigaciones eficaces, justicia y reparación integral del daño.
“La violencia cometida por adolescentes produce daños que el Estado no puede minimizar”, subrayó.
Agregó que las instituciones deben garantizar continuidad educativa, atención especializada y acompañamiento posterior al cumplimiento de las medidas impuestas.
Advierten contra reformas que vulneren derechos humanos
Corina Giacomello, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, advirtió que México no puede impulsar reformas regresivas que contravengan sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
“México no puede ni debe apartarse del marco internacional de protección de los derechos humanos e interamericanos del cual forma parte”, señaló.
La especialista planteó elevar las edades mínimas de responsabilidad penal y encarcelamiento, ampliar la cobertura del sistema de justicia juvenil hasta los 21 o 25 años y fortalecer los mecanismos de justicia restaurativa.
Cuestionó que el incremento de las penas se presente como solución a la violencia adolescente, sin considerar los efectos del encarcelamiento sobre el desarrollo personal y la reintegración comunitaria.
“Las chicas y los chicos son cada día más violentos. La pregunta es válida, la respuesta no está en elevar las penas, porque conocemos cómo funciona el sistema de privación de la libertad”, expresó.
Al concluir el foro, Santana González señaló que las propuestas serán sometidas al análisis de las comisiones legislativas correspondientes para determinar su viabilidad jurídica.
Advirtió que la responsabilidad del Congreso no termina con la aprobación de nuevas leyes, sino que incluye garantizar las condiciones institucionales para su cumplimiento.
“Prevenir la violencia, reducir la impunidad y garantizar justicia a las víctimas y hacer posible la reinserción son deberes que se sostienen mutuamente”, concluyó.
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