Con el respaldo de Morena y sus aliados, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Federal de Derechos para 2027, que modifica cobros a turistas extranjeros, trámites consulares, permisos sanitarios, concesiones ferroviarias y aprovechamiento de playas, además de destinar a la Secretaría de la Defensa Nacional el 57 por ciento de los ingresos por derechos migratorios de visitantes.
La iniciativa enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum obtuvo inicialmente 329 votos a favor, 117 en contra y ninguna abstención durante su aprobación en lo general, en medio de cuestionamientos de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano por el incremento de diversas tarifas gubernamentales.
Tras la discusión de las reservas, el dictamen también fue avalado en lo particular, con 339 votos a favor, 113 en contra y dos abstenciones, por lo que quedó listo para continuar su trámite legislativo en el Senado.
La reforma contempla ajustes a los derechos por el uso, aprovechamiento y explotación de bienes de dominio público, así como a las cuotas que cobra el Gobierno federal por servicios administrativos.
De acuerdo con el dictamen, el propósito es que las tarifas reflejen los costos de operación de las dependencias federales, incluidos sus órganos desconcentrados.
Destinarán a Defensa 57% de ingresos por derechos migratorios
Uno de los cambios centrales se encuentra en los artículos 8 y 18-A, que actualizan el cobro por la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, aplicable a extranjeros que ingresan al País bajo ese régimen migratorio.
La reforma establece que los ingresos obtenidos por este concepto tendrán la siguiente distribución:
- 57 por ciento para la Secretaría de la Defensa Nacional.
- 15 por ciento para el Instituto Nacional de Migración (INM).
- 28 por ciento para la Tesorería de la Federación.
También modifica las cuotas de diversos servicios consulares y trámites relacionados con el artículo 27 constitucional, bajo el argumento de que deben corresponder a los costos de operación de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Los cambios forman parte de las disposiciones fiscales que se pretende aplicar durante el ejercicio 2027.
Elevan del 1.25 al 3% derecho por concesiones ferroviarias
La reforma incluye un incremento en el derecho que pagan los concesionarios por el uso, goce o aprovechamiento de las vías férreas.
El artículo 232-B eleva del 1.25 al 3 por ciento la tasa aplicable sobre los ingresos brutos obtenidos por ese concepto, a partir del décimo sexto año de vigencia de la concesión.
La medida representa un aumento de 1.75 puntos porcentuales respecto de la tasa anterior y modifica las obligaciones fiscales de los operadores ferroviarios sujetos a esa disposición.
En materia de aguas nacionales, también se actualizan las cuotas por prórrogas o modificaciones de concesiones y se refuerzan las facultades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para solicitar información sobre los volúmenes extraídos y las descargas residuales.
Además, los contribuyentes deberán contar con un aparato de medición en cada punto de extracción de agua, con el propósito de facilitar la verificación de sus obligaciones fiscales.
Modifican cobros por uso de playas y zonas turísticas
El dictamen reclasifica municipios costeros en las zonas utilizadas para determinar los derechos por aprovechamiento de playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar.
Entre los principales cambios se encuentran Mazatlán, Sinaloa, que pasa de la zona 8 a la 11; Santa María Colotepec, Oaxaca, de la zona 2 a la 8, e Isla Mujeres, Quintana Roo, de la zona 8 a la 10.
También se modifica la clasificación de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco y Cozumel, en Quintana Roo, así como de La Huerta, Jalisco, y se incorpora San Nicolás, Guerrero, a la zona 1.
La reclasificación modifica las referencias territoriales para determinar las cuotas aplicables al aprovechamiento de bienes federales en estos municipios.
Ajustan cuotas sanitarias, ambientales y financieras
La legislación contempla actualizaciones en los pagos por permisos, registros, licencias, autorizaciones, inspecciones y verificaciones sanitarias a cargo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
También modifica los cobros por servicios ambientales relacionados con vida silvestre, aprovechamiento forestal y prevención y control de la contaminación.
En el sector financiero, ajusta los derechos por inscripción de valores y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Para las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), sustituye una cuota adicional por un factor de 0.1750 al millar, con el objetivo declarado de dar mayor estabilidad al cálculo del derecho de inspección y vigilancia.
Asimismo, unifica las cuotas por expedición de certificados fitosanitarios, zoosanitarios y de sanidad acuícola para importaciones.
Reducen 12% derechos para telefonía y espectro radioeléctrico
En contraste con los incrementos a diversas tarifas, el dictamen plantea una reducción del 12 por ciento en las cuotas por uso del espectro radioeléctrico correspondientes a determinadas bandas destinadas a servicios móviles.
La disminución comprende frecuencias de 2.5 GHz, 1.9 GHz, 1.7/2.1 GHz, 800/850 MHz, 1.4 GHz y 3.5 GHz.
También incorpora derechos para autorizaciones experimentales, pruebas temporales de equipos, desarrollo de tecnologías y uso compartido del espectro.
El propósito es establecer reglas de cobro para nuevos esquemas de aprovechamiento de frecuencias y facilitar pruebas tecnológicas bajo condiciones reguladas.
Mantienen exenciones dominicales en áreas protegidas
La reforma establece una exención de pago para visitantes mexicanos y extranjeros residentes en México que los domingos accedan a determinadas Áreas Naturales Protegidas donde se ubiquen museos, monumentos y zonas arqueológicas contempladas por la legislación.
Además, actualiza las cuotas por aprovechamiento del espacio aéreo mexicano en actividades aeronáuticas locales, nacionales e internacionales.
Durante la discusión parlamentaria, el diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué dio cuenta de las propuestas de modificación presentadas a diversos artículos del dictamen.
La oposición cuestionó los incrementos y advirtió que algunos podrían afectar a ciudadanos y sectores productivos, mientras que Morena defendió la actualización como un mecanismo para ajustar los cobros federales al costo de los servicios públicos.
Con la aprobación en San Lázaro, la reforma a la Ley Federal de Derechos para 2027 avanzó al Senado, donde deberá continuar el proceso legislativo antes de su eventual entrada en vigor.
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