Ante el estrés crónico, la exposición a hechos violentos y los riesgos de afectaciones a la salud mental que enfrentan los cuerpos de seguridad, Morena propuso garantizar atención psicológica gratuita, confidencial y obligatoria en su prestación, al menos cada seis meses, para policías federales, estatales y municipales.
La diputada María Fabiola Karina Pérez Popoca presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de que las corporaciones policiales incorporen servicios permanentes de atención psicológica y contención emocional como parte de las condiciones laborales de sus integrantes.
La propuesta, turnada a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, establece que estos servicios deberán proporcionarse sin costo, dentro de la jornada laboral y bajo estrictas condiciones de confidencialidad.
Además, plantea que los elementos involucrados en acontecimientos traumáticos severos reciban atención inmediata, sin necesidad de esperar a las revisiones periódicas.
Buscan atender estrés y traumas de policías
La iniciativa modifica los artículos 8 y 61, y adiciona el artículo 61 Bis de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para reconocer expresamente los riesgos psicosociales inherentes a la función policial.
De acuerdo con el proyecto, los sistemas de seguridad social del personal de seguridad pública deberán garantizar servicios permanentes de atención psicológica y contención emocional, considerando la exposición a situaciones de violencia, estrés crónico y acontecimientos traumáticos.
La atención deberá tener carácter preventivo, con una periodicidad mínima semestral, y proporcionarse preferentemente en las instalaciones de las corporaciones o mediante convenios con instituciones públicas de salud.
También deberá incorporar un enfoque diferenciado que reconozca los riesgos específicos que enfrentan los distintos integrantes de las instituciones policiales.
Proponen impedir despidos por resultados psicológicos
Uno de los aspectos centrales de la reforma es la protección de la información personal obtenida durante las consultas.
La iniciativa establece que los resultados y el contenido de las sesiones psicológicas tendrán carácter confidencial y no podrán utilizarse en perjuicio de los agentes en procedimientos de separación o remoción.
Contemplan excepciones por riesgo o delitos
La protección de esa información tendrá excepciones cuando exista riesgo inminente para la vida del elemento o de terceras personas, o cuando se detecte la comisión de un delito, situaciones en las que deberá aplicarse la normatividad correspondiente.
Con ello, la propuesta busca que la atención psicológica se convierta en un mecanismo de prevención y acompañamiento, sin que sus resultados sean utilizados como herramienta de sanción laboral fuera de los supuestos legales.
Alertan por intentos de suicidio entre mujeres policías
En la exposición de motivos, Pérez Popoca advierte que la salud mental de los policías constituye una problemática estructural que afecta a las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.
El documento refiere que fuentes periodísticas y organizaciones especializadas han documentado incrementos en los intentos de suicidio entre mujeres policías durante sus horas de servicio en distintas entidades federativas.
Aunque la información proporcionada en la iniciativa no precisa cifras ni periodos de comparación, la legisladora señala que estos casos evidencian la necesidad de adoptar medidas preventivas con perspectiva de género.
Considera que los episodios reportados no deben tratarse únicamente como situaciones individuales, sino como manifestaciones de problemas estructurales asociados con las condiciones de trabajo y los riesgos propios de la actividad policial.
Plantean atención con perspectiva de género
La propuesta busca que las instituciones incorporen mecanismos de apoyo que reconozcan las condiciones particulares del personal, incluidas las diferencias en los factores de riesgo psicosocial.
También pretende evitar que la atención dependa exclusivamente de disposiciones locales, mediante el establecimiento de obligaciones generales aplicables a corporaciones federales, estatales y municipales.
Vinculan salud mental policial con seguridad ciudadana
Pérez Popoca argumenta que la atención psicológica no debe considerarse una prestación laboral secundaria u opcional, sino una condición inherente al desempeño de una función pública de alto riesgo.
En la exposición de motivos sostiene que el bienestar emocional del personal policial también está relacionado con la calidad, legalidad y proporcionalidad en el ejercicio de la fuerza pública frente a la ciudadanía.
Por ello, plantea establecer un marco jurídico común que garantice atención preventiva, periódica y oportuna, en lugar de mantener mecanismos dispersos y desiguales entre las entidades federativas.
La iniciativa permanece sujeta al análisis de la Comisión de Seguridad Ciudadana y deberá continuar el procedimiento legislativo correspondiente antes de que las medidas puedan convertirse en obligaciones legales.
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