Endurecer las penas por feminicidio hasta 70 años de prisión no garantizará la vida de las mujeres mientras las autoridades sigan fallando en prevenir agresiones, atender denuncias y ejecutar medidas de protección, advirtieron colectivos feministas y familiares de víctimas.
Durante el foro nacional «Ley contra el feminicidio en México», organizado por la diputada federal Ariana del Rocío Rejón Lara (PRI), representantes de organizaciones civiles cuestionaron que la respuesta institucional frente a la violencia feminicida se concentre en aumentar los castigos, sin garantizar una intervención oportuna para evitar los asesinatos.
«¿De qué les sirven 70 años de prisión a una mujer que necesitaba protección 70 minutos antes?», cuestionó Valeria Lisset Villar Parra, integrante del colectivo Democracia Sin Miedo, al analizar la iniciativa impulsada por el Ejecutivo federal, que contempla sanciones de entre 50 y 70 años de cárcel.
La activista advirtió que, entre enero y agosto de 2026, México contabilizó 440 víctimas de feminicidio, un promedio aproximado de 13 por semana, de acuerdo con las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El registro corresponde exclusivamente a víctimas clasificadas bajo ese delito y no incluye a todas las mujeres asesinadas en el país.
Gob.mx
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Advierten que penas más severas no frenan feminicidios
Villar Parra sostuvo que la discusión legislativa debe ir más allá del endurecimiento de las sanciones y concentrarse en la capacidad de las instituciones para identificar riesgos, proteger a las víctimas y actuar antes de que las amenazas se conviertan en violencia letal.
«La iniciativa no debería evaluarse solamente por la severidad de las penas que propone, sino también por la capacidad real de sus mecanismos para proteger vidas», afirmó.
Entre las deficiencias que deben corregirse, señaló los tiempos de respuesta ante las denuncias, la supervisión de las órdenes de protección, la falta de personal especializado y la ausencia de consecuencias para los servidores públicos que incumplan sus obligaciones.
Propuso establecer indicadores públicos, mecanismos de evaluación y responsabilidades institucionales verificables para medir la eficacia de la legislación.
«Una amenaza no necesita terminar en feminicidio para merecer atención, una agresión no necesita convertirse en violencia letal para justificar una intervención y una mujer no debería tener que morir para que finalmente reconozcamos que verdaderamente estaba en peligro», sentenció.
Reclaman medidas de protección que no queden en el papel
Paola Vanessa Navacalvo, representante de la Colectiva Asesoría Legal Feminista, coincidió en que incrementar las condenas carece de eficacia preventiva si las autoridades no intervienen cuando aparecen las primeras señales de violencia.
«No sirve de nada que la ley le ponga que ya… 105 años… tenemos que irnos a la prevención», expresó.
Planteó fortalecer los protocolos de atención inmediata, garantizar el cumplimiento efectivo de las órdenes de protección y mejorar las investigaciones con perspectiva de género.
Advirtió que las medidas legales deben traducirse en acciones concretas para impedir que las agresiones escalen, en lugar de convertirse en disposiciones que únicamente existan en los expedientes.
Denuncian falta de justicia y reparación para huérfanos de feminicidio
El reclamo por las fallas institucionales también llegó de familiares de víctimas.
Elizabeth Machuca Campos, hermana de Eugenia Machuca Campos, quien fue reportada como desaparecida y localizada sin vida el 28 de octubre de 2017 en Ocoyoacac, Estado de México, denunció que, a casi nueve años del crimen, los tres hijos de su hermana continúan sin recibir una reparación integral del daño.
Explicó que los menores quedaron sin su madre y que, pese a existir una sentencia, la investigación presentó deficiencias y el caso fue reclasificado.
Relató que su hermana sufría acoso y persecución por parte del presunto responsable, sin que las medidas de protección fueran suficientes para evitar el desenlace.
«Necesitamos irnos arrastrando para que podamos levantar una denuncia y las autoridades nos hagan caso», reprochó.
A raíz del caso, Elizabeth creó el colectivo Flores en el Corazón, desde el cual acompaña a familiares de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio y violencia de género.
«Nosotros tenemos que prevenir la desaparición para así poder prevenir el feminicidio», sostuvo.
Además, exigió que la información sobre las leyes y los mecanismos de protección llegue a los municipios mediante un lenguaje accesible, particularmente para las familias que desconocen los procedimientos legales y las instituciones a las que pueden acudir.
Exigen leyes que salven vidas y garanticen justicia
Las participantes coincidieron en que una reforma contra el feminicidio debe contemplar no sólo sanciones para los agresores, sino también mecanismos obligatorios de prevención, respuesta inmediata, vigilancia de las medidas de protección y reparación integral para las víctimas indirectas.
El planteamiento central fue que la eficacia de una ley no puede medirse únicamente por los años de prisión que establece, sino por su capacidad para impedir que una mujer sea asesinada y evitar que sus familiares enfrenten años de desprotección y obstáculos para acceder a la justicia.
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