Ante las afectaciones que provocan las obras carreteras, el diputado federal Jesús Martín Cuanalo Araujo (PVEM) presentó una iniciativa para obligar a autoridades y concesionarios a informar hasta con 15 días de anticipación sobre cierres de caminos y puentes federales, además de garantizar rutas alternas y señalización de seguridad.
La propuesta busca que los automovilistas conozcan oportunamente las restricciones a la circulación, los horarios de los trabajos y las opciones para evitar congestionamientos, ante la falta de una obligación legal homogénea que garantice información anticipada sobre las intervenciones en la red carretera federal.
El proyecto plantea reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para establecer plazos obligatorios de notificación, medidas de prevención y mecanismos públicos de información.
Exigen avisos de 15 días por cierres en carreteras federales
La iniciativa establece que las autoridades y concesionarios deberán informar con al menos 15 días naturales de anticipación cuando las obras impliquen cierres totales, interrupciones superiores a ocho horas continuas, desvíos obligatorios o afectaciones consideradas de alto impacto.
Para trabajos de mantenimiento ordinario, cierres parciales, reducción de carriles o intervenciones programadas de impacto medio, el aviso deberá emitirse con un mínimo de 72 horas.
En caso de emergencias, accidentes, fenómenos naturales o situaciones de fuerza mayor que requieran trabajos urgentes, la señalización y los dispositivos de protección deberán instalarse inmediatamente, mientras que el aviso público se difundirá tan pronto como sea materialmente posible y se actualizará de manera continua.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) podría establecer criterios técnicos para clasificar las obras según su impacto, sin reducir los plazos mínimos previstos en la legislación.
Proponen impedir obras sin señalamientos ni plan de tránsito
Uno de los puntos centrales de la reforma establece que ninguna obra programada podrá comenzar sin contar previamente con un plan de control de tránsito y los señalamientos temporales correspondientes.
Durante los trabajos, las autoridades y empresas concesionarias tendrían la obligación de mantener señalización preventiva, dispositivos de protección, iluminación, canalización vehicular e información visible para los usuarios.
También deberán habilitar rutas alternas o esquemas provisionales de circulación razonablemente seguros cuando las condiciones de la obra lo requieran.
La información deberá ajustarse a las normas oficiales mexicanas y al Manual de señalización y dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras.
Obligarían a publicar cierres, horarios y rutas alternas
Los avisos tendrán que precisar el tramo afectado, tipo de obra, autoridad o concesionario responsable, fechas y horarios estimados de inicio y conclusión, carriles restringidos, velocidad máxima temporal y rutas alternas disponibles.
Además, deberán incorporar medios de contacto y un folio que permita identificar las actualizaciones.
La información se difundirá mediante un portal electrónico oficial, una plataforma de datos abiertos administrada por la SICT, señalización preventiva en las carreteras y canales institucionales de comunicación.
Para ello, la dependencia deberá coordinarse con la Guardia Nacional, Caminos y Puentes Federales (Capufe), gobiernos estatales y municipales, así como con los concesionarios de las vialidades.
Buscan aprovechar alertas de Capufe y Guardia Nacional
Cuanalo Araujo argumentó que la reforma no requiere crear una estructura administrativa desde cero, debido a que distintas instituciones ya cuentan con mecanismos para reportar incidentes y condiciones de tránsito.
Recordó que la Guardia Nacional utiliza alertas digitales sobre carreteras y que Capufe informa sobre accidentes, cierres y circunstancias que afectan la circulación mediante canales de atención como el número 074.
La SICT también dispone de instrumentos para identificar tramos de riesgo, diseñar rutas alternas y elaborar planes de control de tránsito durante emergencias.
Sin embargo, el legislador consideró que esas herramientas operan de manera dispersa y que deben convertirse en obligaciones aplicables a todas las autoridades y concesionarios.
«Lo que la iniciativa hace es transformar esas prácticas dispersas en una obligación homogénea, verificable y exigible para todas las autoridades y los concesionarios que intervienen la red federal», sostuvo.
Reforma carretera sigue pendiente de aprobación
La propuesta modifica el artículo 23 y adiciona los artículos 23 Bis, 23 Ter, 32 Bis y 74 Ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, además de reformar el artículo 12 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
También contempla que las autoridades de los tres órdenes de gobierno publiquen información actualizada sobre obras que afecten la circulación, incluyendo ubicación, duración estimada, restricciones, incidentes y rutas alternas, mediante sistemas interoperables y datos abiertos.
El proyecto fue turnado a las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Movilidad, para su análisis y dictamen, según el registro legislativo.
De aprobarse, los avisos anticipados y los planes de seguridad dejarían de depender únicamente de las prácticas de cada institución o concesionario y se convertirían en obligaciones establecidas expresamente en la ley.
Por ahora, los plazos de 15 días y 72 horas forman parte de una iniciativa legislativa y no constituyen nuevas obligaciones vigentes.
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