Ante el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado, la diputada federal Lilia Aguilar Gil (PT) propuso castigar hasta con 30 años de prisión a quienes incorporen a menores de edad a grupos delictivos, aun cuando éstos hayan aceptado participar voluntariamente.
La iniciativa busca cerrar un vacío en el Código Penal Federal mediante la creación de un delito autónomo de reclutamiento forzado, con penas de entre 15 y 25 años de cárcel para quienes obliguen, engañen o coaccionen a personas para integrarse a organizaciones criminales.
En el caso de menores de 18 años, las sanciones serían de 20 a 30 años de prisión, además de multas de entre dos mil y cuatro mil días, sin necesidad de demostrar que existió violencia, amenaza o engaño.
El proyecto, turnado a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, pretende que los menores utilizados por organizaciones criminales sean reconocidos como víctimas de reclutamiento, en lugar de ser tratados únicamente como responsables de las actividades delictivas en las que participaron.
Buscan castigar reclutamiento forzado hasta con 30 años de prisión
La propuesta contempla adicionar al Código Penal Federal el capítulo XI, denominado «Reclutamiento Forzado y Utilización de Personas Menores de Edad en Actividades Delictivas», para establecer sanciones específicas contra quienes incorporen personas a estructuras criminales.
El delito se configuraría cuando, mediante violencia física o moral, amenazas, engaños, coacción económica o aprovechamiento de condiciones de extrema vulnerabilidad, una persona sea obligada o inducida a integrarse a una asociación delictuosa, banda, pandilla o grupo del crimen organizado.
La disposición abarcaría no sólo a quienes sean forzados a cometer delitos, sino también a quienes sean utilizados para labores de vigilancia, logística o cualquier otro servicio en beneficio de las organizaciones criminales.
Para el reclutamiento de adultos, la iniciativa establece multas de mil a dos mil días, además de penas de 15 a 25 años de cárcel.
Consentimiento de menores no libraría de prisión a reclutadores
Uno de los cambios centrales consiste en impedir que los grupos criminales utilicen el aparente consentimiento de niñas, niños y adolescentes como argumento para evadir su responsabilidad penal.
La reforma señala que, tratándose de menores de 18 años, no será necesario acreditar el uso de violencia o engaño para configurar el delito.
También establece que la aceptación de una persona menor de edad para incorporarse a una organización delictiva no excluirá la responsabilidad penal de quien la haya reclutado.
Con ello se pretende sancionar tanto a quienes obliguen directamente a los menores como a quienes organicen, financien, faciliten o promuevan su incorporación a actividades ilícitas.
Endurecerían penas a ex policías y militares que recluten
La iniciativa plantea aumentar las penas hasta en una mitad cuando el responsable sea o haya sido servidor público de instituciones de seguridad, procuración de justicia, sistemas penitenciarios o de las Fuerzas Armadas.
La misma agravante se aplicaría cuando las víctimas pertenezcan a comunidades indígenas o afromexicanas, se encuentren en situación de movilidad humana, tengan alguna discapacidad o carezcan de capacidad para comprender el significado de los hechos.
De acuerdo con los rangos propuestos, la agravante podría elevar el límite máximo de prisión hasta 45 años en casos de reclutamiento de menores, dependiendo de la determinación judicial.
Advierten vacío legal que favorece a redes criminales
En la exposición de motivos, Aguilar Gil sostiene que el reclutamiento forzado constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos en México, particularmente cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes.
La legisladora argumenta que la falta de una tipificación federal autónoma y específica obliga al Ministerio Público a recurrir a otras figuras penales, como trata de personas, secuestro o corrupción de menores, para investigar estas conductas.
A su juicio, esta situación dificulta sancionar directamente a los reclutadores y puede provocar que los menores utilizados por el crimen organizado sean criminalizados, en lugar de recibir el reconocimiento y la protección correspondientes como víctimas.
El planteamiento se suma a otras propuestas legislativas para combatir el reclutamiento de menores por la delincuencia organizada, una problemática que también ha sido abordada en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Pretenden reconocer a niños reclutados como víctimas del crimen
Aguilar Gil considera que la legislación debe concentrar la responsabilidad penal en quienes cuentan con los recursos, el poder y el control de las organizaciones criminales para captar y utilizar a menores de edad.
La diputada sostiene que tipificar expresamente el reclutamiento permitiría perseguir esta conducta desde su origen, sin necesidad de encuadrarla en otros delitos que fueron diseñados para situaciones diferentes.
Además, plantea fortalecer la protección del interés superior de la niñez, reconocido en el artículo 4 de la Constitución, y evitar que el consentimiento aparente de los menores se convierta en un mecanismo de impunidad.
La propuesta permanece sujeta al proceso legislativo en la Comisión de Justicia, por lo que las sanciones planteadas todavía requieren aprobación para incorporarse al Código Penal Federal.
Con la reforma, el PT busca que la legislación permita castigar no sólo los delitos cometidos por integrantes de grupos criminales, sino también a quienes captan y utilizan a niñas, niños y adolescentes para sostener sus operaciones.
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