En medio de la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, comisiones de la Cámara de Diputados avalaron propuestas de recursos para pueblos indígenas y migrantes, mientras la Comisión de Justicia aprobó una controvertida reforma penal que contempla penas de hasta 10 años de prisión por determinadas violaciones a derechos de autor.
La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos respaldó un presupuesto estimado de 254 mil 970 millones de pesos, mientras la de Asuntos Migratorios propuso reasignar 419.1 millones de pesos para fortalecer la protección consular y la atención a refugiados, sin incrementar el gasto público total.
Por separado, la Comisión de Justicia aprobó, por 23 votos a favor y 10 en contra, modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, conocidas por sus críticos como Ley Antimemes, que generaron cuestionamientos sobre sus posibles efectos en la libertad de expresión y la sátira política.
Las resoluciones fueron adoptadas el martes 20 de octubre. Las opiniones presupuestales y el dictamen penal todavía deben continuar sus respectivos procedimientos legislativos.
Avalan 254 mil 970 millones para pueblos indígenas y afromexicanos
La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, presidida por la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez (Morena), aprobó una opinión favorable al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.
De acuerdo con la legisladora, la propuesta contempla 254 mil 970 millones de pesos para acciones relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, un incremento de 20 mil 280 millones respecto al monto de referencia del ejercicio anterior.
Jiménez Vásquez sostuvo que el proyecto incorpora criterios de reconocimiento de derechos colectivos, autonomía, territorialidad y participación directa de las comunidades en la administración de recursos públicos.
La comisión también identificó modificaciones en el Anexo 10 del presupuesto, que pasa de 23 a 20 ramos generales, mediante una reorganización de sus objetivos estratégicos.
Exigen transparencia y seguimiento al gasto indígena
El órgano legislativo consideró indispensable garantizar que la reorganización presupuestal no afecte la cobertura de los programas destinados a estas comunidades.
También pidió que se identifiquen las dependencias y unidades administrativas responsables de ejercer los recursos para conocer con precisión su destino.
Durante la reunión, la comisión aprobó exhortos relacionados con los derechos territoriales de comunidades indígenas en Puebla y la armonización de las legislaciones estatales con la reforma constitucional al artículo segundo, publicada en septiembre de 2024.
Además, solicitó al Ayuntamiento de Temoaya, Estado de México, valorar mecanismos que faciliten la comercialización tradicional de hongos comestibles, quelites y otros productos legales de comunidades indígenas.
Proponen reasignar 419.1 millones para migrantes y refugiados
La Comisión de Asuntos Migratorios, encabezada por la diputada Marcela Guerra Castillo (PRI), aprobó una opinión favorable con modificaciones al PEF 2027, mediante la cual solicita reasignar 419.1 millones de pesos para fortalecer la atención a mexicanos en el extranjero y a personas solicitantes de refugio.
La propuesta contempla transferencias compensadas entre partidas, por lo que no implicaría un aumento al gasto federal total.
De acuerdo con el documento, se pretende reforzar la protección consular, el Instituto de las y los Mexicanos en el Exterior, los servicios de pasaportes, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y la coordinación migratoria en la frontera sur.
Principales reasignaciones propuestas
| Protección consular | 243.3 mdp |
| Instituto de Mexicanos en el Exterior | 80.7 mdp |
| Servicios consulares | 18.8 mdp |
| Oficinas de pasaportes | 23.3 mdp |
| Comar | 52 mdp |
| Coordinación en frontera sur | 10 mdp |
Montos reportados en el boletín legislativo. Existe una discrepancia aritmética entre el desglose y el total anunciado de 419.1 mdp.
PAN advierte que recursos siguen siendo insuficientes
La diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza (PAN) reconoció la pertinencia de las reasignaciones, pero advirtió que los recursos siguen siendo insuficientes para atender las necesidades de la población migrante.
Su compañero de bancada, Víctor Adrián Martínez Terrazas, votó en contra de la opinión al considerar que no se asignan recursos específicos suficientes para proteger a niñas, niños y adolescentes migrantes.
En contraste, legisladores de Morena, PT y PVEM respaldaron la necesidad de reforzar la atención consular, la protección de grupos vulnerables y los programas de atención a personas repatriadas.
La diputada Nora Yessica Merino Escamilla (PT) destacó que el proyecto contempla más de 2 mil 423 millones de pesos para el Instituto Nacional de Migración, lo que, según expuso, representa un crecimiento real de 18.82 por ciento respecto a 2026.
La comisión también planteó informes trimestrales sobre los recursos de protección consular y mayor atención a los apoyos para trasladar los restos de personas mexicanas fallecidas en el extranjero.
Avanza Ley Antimemes; prevén hasta 10 años de prisión
En una tercera resolución, la Comisión de Justicia avaló reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con 23 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención.
La minuta contempla penas de cuatro a diez años de prisión y multas de 2 mil a 20 mil días para quien divulgue, publique o distribuya sin autorización obras, libros, fonogramas o videogramas protegidos antes de su lanzamiento oficial.
También establece sanciones de tres a siete años de prisión para determinadas conductas de supresión o alteración de información sobre gestión de derechos realizadas a escala comercial.
La reforma incluye disposiciones relacionadas con el uso indebido de identidad gráfica institucional, dominios electrónicos y documentos oficiales, dirigidas a combatir conductas de engaño y fraude.
Oposición alerta por riesgos para caricaturas y sátira política
El diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, rechazó la minuta al considerar que su redacción podría permitir interpretaciones que afecten a creadores de contenido, caricaturistas y autores de sátira.
Por su parte, Arturo Yáñez Cuéllar (PRI) pidió establecer expresamente garantías para el periodismo, las caricaturas, la parodia y la crítica política, a fin de evitar confusiones entre estas expresiones y los delitos de suplantación.
En defensa de la reforma, Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT) sostuvo que las disposiciones están dirigidas a sancionar la falsificación de documentos y sitios oficiales para engañar, no las expresiones humorísticas ni las críticas al poder.
La discusión reflejó diferencias sobre el alcance de los tipos penales: mientras sus promotores afirman que combatirán la piratería y el fraude, sus críticos advierten posibles riesgos derivados de interpretaciones amplias.
El dictamen deberá continuar su trámite legislativo antes de convertirse en legislación vigente.
Presupuesto y reformas quedan sujetos a nuevas decisiones legislativas
Las resoluciones colocan en la agenda parlamentaria tres discusiones distintas: la distribución de recursos para comunidades históricamente marginadas, la protección de mexicanos en el extranjero y los límites de las sanciones penales sobre derechos de propiedad intelectual.
Aunque las comisiones aprobaron sus respectivos documentos, las reasignaciones del Presupuesto 2027 todavía no son definitivas, mientras que las reformas penales tampoco pueden considerarse vigentes únicamente por su aprobación en comisión.
La definición de los recursos corresponderá a la Cámara de Diputados durante la discusión presupuestal, en tanto que el dictamen de Justicia deberá seguir el procedimiento legislativo aplicable.
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