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Aprueban ‘Ley Antimemes’; hasta 5 años de cárcel por uso ilegal de logos del Gobierno

Diputados avalan reforma penal entre acusaciones de censura a memes

La Cámara de Diputados aprobó la reforma conocida como “Ley Antimemes”, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que endurece las sanciones contra la piratería y contempla penas de hasta cinco años de prisión por el uso fraudulento de logotipos, documentos e identidades institucionales del Gobierno.

El dictamen fue avalado en lo particular con 281 votos a favor, 87 en contra y ninguna abstención, de acuerdo con la información legislativa proporcionada, y enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

La reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial desató cuestionamientos de la oposición, que advirtió posibles riesgos para la libertad de expresión, la sátira política y las publicaciones críticas en plataformas digitales.

Aunque el texto no prohíbe expresamente los memes ni establece penas por burlarse de funcionarios, legisladores opositores cuestionaron la amplitud de las disposiciones y la posibilidad de que sean interpretadas de manera restrictiva.

Castigarán uso fraudulento de logotipos oficiales

Uno de los puntos más controvertidos es la incorporación del artículo 403 Bis a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que establece sanciones penales por utilizar indebidamente la identidad gráfica de instituciones públicas.

La disposición contempla penas de hasta cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes reproduzcan, imiten o incorporen, a escala comercial, elementos oficiales con la finalidad de engañar sobre su procedencia y cometer un ilícito.

La regulación comprende logotipos institucionales, dominios electrónicos, documentos oficiales, plataformas y comunicaciones atribuidas falsamente a dependencias federales, estatales o municipales.

De acuerdo con el planteamiento del Ejecutivo, el propósito es combatir fraudes realizados mediante la suplantación de instituciones públicas, incluidos aquellos que utilizan herramientas tecnológicas para falsificar comunicaciones gubernamentales.

Oposición advierte riesgo de censura contra memes y sátira política

Cuestionan falta de excepciones explícitas para el humor

La discusión legislativa estuvo marcada por señalamientos del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano sobre la posibilidad de que las modificaciones legales afecten expresiones críticas y contenidos humorísticos relacionados con instituciones públicas.

Durante el proceso de dictaminación, legisladores de oposición reclamaron que no se incorporaran excepciones expresas para proteger la parodia, la sátira y la crítica política.

La diputada panista Paulina Rubio cuestionó el rechazo a incluir una disposición que dejara fuera de responsabilidad penal esas expresiones.

En contraste, Morena sostuvo que los nuevos delitos están dirigidos a combatir la falsificación y el uso engañoso de identidades institucionales, no a castigar opiniones o publicaciones humorísticas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum también rechazó que la reforma busque sancionar memes y sostuvo que las disposiciones están orientadas a impedir fraudes mediante la utilización de símbolos del Gobierno.

El debate se concentra, por tanto, en el alcance de la nueva redacción penal y en las garantías para evitar interpretaciones que puedan afectar expresiones protegidas por la libertad de expresión.

Imponen hasta 10 años de cárcel por difundir obras antes de su estreno

La reforma no se limita a las identidades oficiales. También endurece las sanciones por delitos relacionados con derechos de autor, piratería y comercialización ilegal de contenidos protegidos.

Entre las modificaciones al Código Penal Federal se establece una pena de cuatro a diez años de prisión y de 2 mil a 20 mil días multa para quien, sin autorización, divulgue, publique, comunique o distribuya obras, fonogramas, videogramas o libros antes de su lanzamiento oficial o primera puesta a disposición autorizada en México.

Además, se contemplan penas de tres a siete años de cárcel y de mil a 10 mil días multa por suprimir o alterar deliberadamente, a escala comercial y sin autorización, información relacionada con la gestión de derechos.

Sustituyen ánimo de lucro por escala comercial

Otro cambio relevante consiste en sustituir el criterio de ánimo de lucro por el de escala comercial para determinadas conductas delictivas.

Con ello, las autoridades podrán considerar no solamente la obtención directa de ganancias, sino también el impacto perjudicial significativo que una infracción pueda generar sobre la posición comercial del titular de los derechos.

La modificación amplía los supuestos que pueden ser examinados en casos de explotación ilegal de obras y productos protegidos.

Fijan indemnizaciones mínimas de 40% por piratería

El dictamen también modifica las reglas de reparación del daño en delitos relacionados con la propiedad intelectual.

Establece que la indemnización no podrá ser inferior al 40 por ciento del precio de venta al público de cada producto o servicio legítimo involucrado.

Como alternativa, la víctima podrá optar por una compensación de entre 340 y 50 mil UMA, cuyo monto deberá determinarse conforme a las circunstancias de cada caso.

Para establecer las cantidades se considerarán la difusión de la conducta, sus efectos sobre la explotación normal del derecho protegido, el perjuicio ocasionado y el probable beneficio económico obtenido.

En materia de propiedad industrial también se fija un umbral de 170 UMA para determinar la escala comercial en determinados supuestos y se permite acumular envíos relacionados dentro de un periodo de hasta 90 días naturales.

Desechan cambios y envían reforma al Ejecutivo

Durante la discusión en lo particular, legisladores de Morena, PAN, PT, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron propuestas para modificar diversos artículos del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Las reservas fueron retiradas, enviadas al Diario de los Debates o rechazadas, por lo que el dictamen conservó los términos sometidos a votación.

El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, instruyó incorporar íntegramente al Diario de los Debates las propuestas registradas que no fueron presentadas en tribuna.

Tras su aprobación en ambas votaciones, el proyecto quedó en manos del Ejecutivo federal para continuar el procedimiento constitucional.

Con ello, la reforma impulsada por Sheinbaum avanzó hacia su promulgación, en medio de una controversia sobre los límites entre la protección de la propiedad intelectual, el combate a los fraudes digitales y las garantías para ejercer la crítica política.

La llamada “Ley Antimemes” no tipifica como delito la elaboración de memes por sí misma. Su aplicación a conductas concretas dependerá de los elementos establecidos en los tipos penales, entre ellos la escala comercial y la intención de cometer un ilícito en el caso de suplantación de identidad institucional.

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