Entre reclamos por feminicidios, desapariciones de mujeres, impunidad y recursos para atender a víctimas de violencia, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez, compareció ante la Cámara de Diputados, donde legisladoras de oposición exigieron cifras confiables, resultados verificables y mayor protección para las madres buscadoras.
Durante la comparecencia con motivo del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria defendió la estrategia federal contra la violencia de género y reportó una disminución de 5 por ciento en el promedio diario de feminicidios al comparar los periodos de enero a septiembre de 2015 y 2026.
Sin embargo, diputadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron las cifras oficiales y advirtieron que persisten deficiencias en el acceso a la justicia, la atención a víctimas y la asignación de recursos para combatir la violencia contra las mujeres.
La legisladora panista Claudia Quiñones Garrido sostuvo que entre enero y agosto de 2026 se registraron mil 428 víctimas de feminicidio y homicidio doloso, equivalente a casi seis mujeres asesinadas diariamente, y exigió conocer si el presupuesto destinado a la dependencia realmente aumenta en términos reales.
«Exigimos cifras reales, no más simulaciones», reclamó la diputada Ana María Balderas Trejo, del PAN, al señalar que los incrementos anunciados en programas sociales no necesariamente se reflejan en mejores servicios de fiscalías, hospitales, refugios y guarderías.
Reclaman atención a madres buscadoras y víctimas de violencia
La diputada Kenia López Rabadán, del PAN, exigió reforzar la protección a las madres buscadoras y a las mujeres desaparecidas, así como garantizar atención a niñas víctimas de matrimonios forzados y periodistas que enfrentan amenazas.
«Hoy México sufre una brutal inseguridad y el rostro más lastimado es el de las mujeres desaparecidas y el de las madres buscadoras», advirtió.
Desde el PRI, Ariana del Rocío Rejón Lara cuestionó la falta de información sobre los menores que han quedado en la orfandad como consecuencia de feminicidios.
Demandó conocer cuántos reciben apoyos institucionales, cuántos permanecen sin atención y qué mecanismos existen para proteger a las madres buscadoras que enfrentan amenazas o agresiones.
Por su parte, Ana Isabel González González, también del PRI, señaló que no existe un registro nacional completo y actualizado sobre niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, lo que dificulta definir presupuestos y programas de atención.
En respuesta, Castillo Juárez explicó que la búsqueda de personas desaparecidas corresponde principalmente a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Búsqueda, aunque aseguró que su dependencia participa en estrategias de acompañamiento y protección para madres buscadoras.
Indicó que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres contempla promover planes de protección específicos para este sector, con perspectiva de género y derechos humanos.
Chocan por estadísticas de feminicidios y falta de justicia
La diputada Anayeli Muñoz Moreno, de Movimiento Ciudadano, cuestionó la metodología utilizada por el Gobierno federal para presumir una disminución de 36 por ciento en los feminicidios diarios.
Argumentó que la comparación con 2021, uno de los años con mayor incidencia del delito, puede ofrecer una lectura incompleta de la situación actual.
También pidió revisar las acciones implementadas en entidades como Sinaloa, donde persisten problemas de violencia contra las mujeres.
En tanto, Marcela Guerra Castillo, del PRI, sostuvo que los elevados niveles de impunidad reflejan las dificultades que enfrentan las víctimas para obtener justicia.
La legisladora afirmó, citando cifras atribuidas al Inegi, que 98 por ciento de los casos de trata de personas y hostigamiento sexual permanecen impunes, así como 87 por ciento de las violaciones sexuales y 86 por ciento de los feminicidios.
Las cifras mencionadas por las diputadas corresponden a sus intervenciones y fueron presentadas sin una revisión metodológica común durante la comparecencia.
Castillo Juárez reconoció que ninguna reducción estadística resulta suficiente frente a la gravedad de los feminicidios.
«Como mujer ninguna de nosotras puede considerarse satisfecha con ninguna cifra», afirmó.
La secretaria reportó que 33 por ciento de las llamadas recibidas a través de la línea 079, opción 1, corresponden a situaciones de violencia crítica, lo que permite canalizar a las víctimas hacia mecanismos de atención especializada.
Defiende aumento de presupuesto para refugios en 2027
Otro de los puntos de confrontación fue el presupuesto destinado a la protección de mujeres víctimas de violencia.
Castillo Juárez rechazó que el Gobierno federal esté eliminando los refugios y aseguró que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 contempla incrementar sus recursos.
Detalló que la propuesta establece 532.67 millones de pesos para refugios, frente a los 515.03 millones aprobados originalmente para 2026, un aumento nominal de 17.64 millones de pesos, equivalente a aproximadamente 3.4 por ciento.
«Es falso que vaya a bajar el recurso para los refugios», sostuvo.
Además, informó que la Secretaría de las Mujeres contaría con un presupuesto aproximado de 2 mil 300 millones de pesos en 2027.
Sin embargo, Marcela Guerra cuestionó que los recursos de la dependencia dentro del Anexo 13 del presupuesto registrarían una reducción de 23 por ciento en términos reales.
Las afirmaciones se refieren a partidas y mediciones presupuestales distintas, por lo que el aumento nominal anunciado para refugios no resuelve por sí mismo el cuestionamiento sobre el conjunto de recursos destinados a igualdad de género.
La funcionaria sostuvo que la dependencia busca fortalecer la coordinación presupuestal con otras instituciones y evitar subejercicios en los recursos destinados a la atención de víctimas.
Reportan mil centros de atención; meta es llegar a 2 mil 500
En materia de infraestructura, la titular de la Secretaría de las Mujeres informó que actualmente operan mil un Centros LIBRE destinados a brindar asesoría jurídica, acompañamiento psicológico, trabajo social y orientación a víctimas de violencia.
La meta gubernamental es alcanzar 2 mil 500 centros en el país, con el objetivo de contar con al menos uno en cada municipio.
También reportó la participación de mil 160 abogadas para proporcionar atención especializada a mujeres que enfrentan situaciones de violencia.
La funcionaria destacó que, junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, se alcanzó un acuerdo voluntario con Google, Meta y TikTok para prevenir y atender la violencia digital, así como facilitar el retiro de contenidos que vulneren los derechos de las mujeres.
En materia de cuidados, informó que se tienen identificados 104 mil 326 centros públicos federales y proyectos de inversión por mil 217 millones de pesos para ampliar la infraestructura de atención.
No obstante, legisladoras de Movimiento Ciudadano insistieron en la necesidad de consolidar el Sistema Nacional de Cuidados y establecer mecanismos que permitan reducir la carga de trabajo doméstico y de atención que recae principalmente sobre las mujeres.
Advierten que igualdad no puede quedarse en discursos
Durante la ronda de conclusiones, diputadas de distintos grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de traducir las reformas de igualdad sustantiva en resultados concretos para las mujeres.
Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano, pidió avanzar en leyes secundarias que permitan cerrar la brecha salarial, fortalecer la estabilidad laboral y garantizar recursos para los servicios de cuidados.
Desde Morena, Anais Miriam Burgos Hernández defendió la creación de la Secretaría de las Mujeres y aseguró que se trabaja para llevar asesoría jurídica, atención psicológica y servicios de protección a comunidades rurales, indígenas y urbanas.
La diputada Vanessa López Carrillo, del PT, reconoció avances institucionales, pero advirtió que persisten situaciones de violencia, dependencia económica y obstáculos para acceder a la justicia.
Por su parte, Karina Alejandra Trujillo Trujillo, del PVEM, planteó la necesidad de contar con un presupuesto suficiente para consolidar el Sistema Nacional de Cuidados.
Castillo Juárez sostuvo que garantizar la igualdad sustantiva requiere acciones coordinadas entre los poderes públicos y reconoció que, al ritmo actual de avance, alcanzar una igualdad plena podría tomar más de 100 años, de acuerdo con datos del Inegi que citó durante su comparecencia.
La discusión dejó sobre la mesa las exigencias de las legisladoras para transparentar estadísticas, garantizar presupuesto suficiente y fortalecer la protección de mujeres víctimas de violencia, madres buscadoras y menores en situación de orfandad por feminicidio.
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