Lorenzo Córdova Vianello, expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), rechazó los señalamientos sobre presuntas irregularidades durante su administración y desafió al Gobierno federal a revisar nuevamente las cuentas del organismo, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó ampliar las auditorías a las gestiones anteriores.
El exconsejero presidente aseguró que tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como el Órgano Interno de Control (OIC) fiscalizaron el ejercicio de recursos públicos durante los nueve años que encabezó el INE, de 2014 a 2023, sin encontrar anomalías relevantes.
A través de su cuenta de X, Córdova sostuvo que su administración estuvo sometida a revisiones permanentes y acusó a la mandataria federal de intentar desviar la atención de la crisis que, a su juicio, enfrenta actualmente la autoridad electoral.
Córdova asegura que la ASF auditó su gestión sin detectar irregularidades
El exfuncionario afirmó que el INE fue una de las instituciones públicas más fiscalizadas durante su presidencia y que las observaciones de los órganos auditores fueron solventadas conforme a los procedimientos establecidos.
«En todos los años de mi gestión, el INE fue auditado por la ASF sin encontrar irregularidades y sus observaciones fueron atendidas en tiempo y forma», afirmó.
Precisó que la última auditoría correspondiente a su administración, realizada en 2022, concluyó sin señalamientos.
Córdova también recordó que, desde 2019, el titular del Órgano Interno de Control del instituto fue designado por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados.
Según su versión, ese órgano únicamente detectó irregularidades menores, que fueron sancionadas, sin identificar anomalías relevantes en el manejo administrativo del organismo.
El exconsejero sostuvo que las acusaciones formuladas por Morena durante su presidencia tampoco derivaron en hallazgos que acreditaran irregularidades de importancia.
Sheinbaum exige revisar contratos del INE de distintas administraciones
La respuesta de Córdova ocurrió después de que Sheinbaum planteó, el 27 de octubre, la necesidad de realizar una auditoría amplia a los contratos y recursos públicos del INE, incluyendo tanto la gestión de Guadalupe Taddei como las administraciones anteriores.
La mandataria consideró necesario transparentar las contrataciones de material electoral, revisar los antecedentes de las empresas proveedoras y esclarecer posibles irregularidades en las adjudicaciones.
También planteó que el Órgano Interno de Control entregue a la ASF la información disponible sobre eventuales anomalías, a fin de facilitar una revisión integral.
El pronunciamiento presidencial se produjo en medio de cuestionamientos sobre contratos otorgados a empresas proveedoras de material electoral y posibles conflictos de interés en el instituto.
Acusa intento de desviar atención de la crisis del INE
Córdova respondió que la petición de nuevas auditorías busca trasladar la discusión hacia administraciones anteriores, en lugar de concentrarse en las responsabilidades relacionadas con la situación actual del organismo.
El exconsejero atribuyó al oficialismo responsabilidad política en esa crisis, aunque se trata de una valoración suya y no de una conclusión de las instancias fiscalizadoras.
Asimismo, recordó que los partidos políticos mantienen mecanismos permanentes de vigilancia sobre las actividades y decisiones del instituto.
Acepta nuevas auditorías: no tiene nada que temer
Pese al enfrentamiento con el Ejecutivo federal, Lorenzo Córdova manifestó su disposición a que las autoridades revisen nuevamente los recursos ejercidos durante su administración.
«Y si, a pesar de todo lo anterior, quieren volver a auditar lo auditado, adelante», expresó.
Con ello, el expresidente del INE sostuvo que no se opone a nuevas investigaciones y defendió la legalidad de las decisiones administrativas adoptadas durante su presidencia.
La controversia coloca nuevamente bajo escrutinio el manejo de recursos públicos del organismo electoral y abre un debate sobre el alcance de las auditorías a distintas administraciones.
Por ahora, las afirmaciones de Córdova sobre la inexistencia de irregularidades corresponden a su versión pública. La revisión independiente de los informes de fiscalización y, en su caso, nuevas auditorías permitirán establecer el alcance de las observaciones y determinar si existen responsabilidades administrativas.
Deja una respuesta