La Fiscalía de Paraguay allanó este domingo 8 de noviembre una lujosa residencia del expresidente Santiago Peña, valuada en más de un millón de dólares, como parte de las investigaciones por el colapso de Ueno Bank, escándalo financiero que provocó su destitución y posterior encarcelamiento.
El exmandatario permanece en prisión preventiva en el Regimiento de Escolta Presidencial, en Asunción, acusado de presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. Las autoridades investigan sus vínculos económicos con la institución bancaria, cuyo cierre dejó a millones de clientes sin acceso a sus depósitos.
Fiscalía allana residencia millonaria de Santiago Peña
El operativo fue realizado en la localidad de San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción, por un equipo encabezado por los fiscales Silvia González, Cristhian Benítez y Elena Fiore, con apoyo de la Policía Nacional.
Los agentes ingresaron al inmueble para buscar documentos y otros elementos que permitan esclarecer las presuntas irregularidades financieras relacionadas con Ueno Bank.
La propiedad, situada en el departamento de Cordillera, tiene un valor declarado de 7 mil 750 millones de guaraníes, equivalente a más de un millón de dólares.
La vivienda se convirtió en una pieza central de la investigación debido a que parte de su construcción habría sido financiada mediante créditos concedidos por el propio banco investigado.
Créditos de Ueno Bank bajo sospecha
Según la imputación del Ministerio Público, en mayo de 2024 Ueno Bank otorgó a Santiago Peña dos préstamos simultáneos por 3 mil 548 millones de guaraníes, aproximadamente 577 mil dólares, para financiar la construcción de su residencia.
El esquema crediticio contemplaba pagos mensuales por 239 millones de guaraníes, equivalentes a unos 38 mil 880 dólares.
Las cuotas representaban aproximadamente seis veces el salario que Peña percibía como presidente de Paraguay, una diferencia que forma parte de las operaciones examinadas por los investigadores.
La Fiscalía también indaga si el exmandatario intervino en decisiones relacionadas con la colocación y permanencia de recursos de instituciones públicas y organismos previsionales en Ueno Bank, entidad con cuyo grupo empresarial había mantenido vínculos económicos.
Destitución de Santiago Peña desata crisis política en Paraguay
La investigación contra Peña se aceleró después de que el Senado paraguayo lo destituyera el viernes 6 de noviembre mediante un juicio político por mal desempeño de funciones.
Tras perder la investidura presidencial, el exmandatario quedó sujeto al proceso penal. Un juez dispuso su prisión preventiva, que comenzó a cumplir el sábado 7 de noviembre en una instalación militar de Asunción.
La salida de Peña del poder permitió que el entonces vicepresidente, Pedro Alliana, asumiera la Presidencia en medio de una crisis política, financiera y social.
Colapso bancario afecta a casi tres millones de clientes
El desplome de Ueno Bank provocó el congelamiento de los recursos de aproximadamente 2.94 millones de clientes, incluidos organismos públicos que habían depositado fondos durante la administración de Santiago Peña.
El Banco Central del Paraguay intervino la entidad por insolvencia, mientras el Ministerio Público amplió las investigaciones contra directivos y personas presuntamente relacionadas con las operaciones financieras cuestionadas.
La Fiscalía ha imputado a otras 27 personas, entre ellas Miguel Vásquez, identificado como uno de los fundadores de la institución bancaria.
El nuevo Gobierno inició la devolución de depósitos a los afectados. Hasta el domingo, el presidente Pedro Alliana reportó la restitución de aproximadamente 158 millones de dólares a cerca de 1.2 millones de ahorradores.
Investigación por Ueno Bank apunta a recursos públicos
El caso ha colocado bajo escrutinio las relaciones entre el poder político, los recursos del Estado y el sistema financiero paraguayo.
Para los investigadores, uno de los principales puntos consiste en establecer si existieron decisiones oficiales destinadas a beneficiar a Ueno Bank mientras la institución concedía financiamiento a personas vinculadas con sus accionistas.
El allanamiento de la residencia de Peña representa una nueva diligencia en un expediente que ya derivó en la caída de un Gobierno, el encarcelamiento de un expresidente y una crisis bancaria de alcance nacional.
Las acusaciones contra Santiago Peña permanecen sujetas al proceso judicial y no constituyen una sentencia condenatoria.
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