“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron las preguntas”: Mario Benedetti
Por: Héctor González Escobar
La crisis del Instituto Nacional Electoral (INE) y la renuncia de su consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, constituyen uno de los acontecimientos políticos e institucionales más relevantes de las últimas semanas y años, en el país.
No se trata solamente de la salida anticipada de quien llegó a la presidencia del organismo en abril de 2023.
Se trata de una sucesión de importantes revelaciones periodísticas que pusieron bajo escrutinio las relaciones entre funcionarios electorales y proveedores, los procedimientos de contratación, el manejo de recursos públicos y los mecanismos de vigilancia interna de una institución cuya principal responsabilidad es garantizar la organización de elecciones confiables.
Lo ocurrido merece una reconstrucción cronológica de los medios que estuvieron atentos al desarrollo de una información de tal envergadura.
Porque la historia no comenzó con la renuncia de Taddei: comenzó con las publicaciones que fueron revelando una trama de relaciones empresariales, contratos y posibles conflictos de interés que terminó por colocar al árbitro electoral en el centro de la controversia.
LAS PUBLICACIONES QUE FUERON CONSTRUYENDO EL ESCÁNDALO
Primera etapa: las relaciones con proveedores salen a la luz.
Durante la segunda mitad de octubre, las primeras publicaciones periodísticas, entre ellas las de Reforma, comenzaron a documentar presuntos vínculos entre personas cercanas a Guadalupe Taddei y empresas que habían obtenido contratos de organismos electorales.
El nombre de José Alfredo Hernández Casillas comenzó a aparecer de manera recurrente. Se trata de un empresario relacionado con diversas compañías proveedoras de materiales y servicios electorales, entre ellas Corporativo ZEG y Cajas Graf.
Las investigaciones periodísticas comenzaron a señalar que algunos antiguos colaboradores de esas empresas habían ocupado posteriormente puestos dentro de la estructura administrativa del INE.
El asunto dejó de ser una discusión sobre afinidades personales y comenzó a convertirse en hipotesis sobre posibles conflictos de interés entre quienes participaban en las decisiones de contratación; las relaciones que mantenían con los proveedores; y la existencia o no, de mecanismos suficientes para evitar que intereses particulares intervinieran en el ejercicio de recursos públicos.
21 de octubre: la respuesta institucional. En medio de los cuestionamientos, Taddei presentó el proyecto de un micrositio de transparencia denominado INE. Siempre a la vista. Contigo en cada paso.
La propuesta pretendía facilitar la consulta de los procedimientos de contratación, los montos, los proveedores y los servicios adquiridos.
La medida fue presentada como una respuesta a la necesidad de fortalecer la transparencia. Sin embargo, la discusión pública ya no se limitaba a conocer cuánto contrataba el Instituto, sino a determinar si las adjudicaciones se habían realizado conforme a la legalidad y bajo condiciones de competencia.
El Economista.
22 y 23 de octubre: la controversia llega a la sesión del Consejo General y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El 22 de octubre, Guadalupe Taddei rechazó los señalamientos y sostuvo que los cuestionamientos buscaban afectar a la presidencia del INE y debilitar a la institución.
La situación adquirió otra dimensión cuando, el 23 de octubre, la ASF anunció el inicio de una investigación de oficio.
La institución informó que contaba con indicios relacionados con posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.
La importancia de este anuncio radicó en que el tema dejó de ser exclusivamente una confrontación entre versiones periodísticas y respuestas políticas. Entró en el terreno de la fiscalización institucional.
La investigación comprendía procedimientos de contratación del INE y de organismos públicos locales electorales, así como la posible participación de empresas, proveedores y servidores públicos.
Es importante subrayar que el anuncio de una investigación no significaba que las responsabilidades estuvieran acreditadas. Significaba que existían elementos que debían ser examinados por las autoridades competentes.
24 y 25 de octubre: las revelaciones aumentan la presión.
La cobertura periodística comenzó a incorporar nuevos elementos sobre las relaciones personales y empresariales de Taddei con Hernández Casillas.
Se difundieron imágenes de reuniones y celebraciones privadas, así como materiales audiovisuales que involucraban al empresario y al entorno familiar de la entonces consejera presidenta.
Entre las publicaciones que mayor repercusión estuvo un video difundido por Latinus en el que aparece uno de los hijos de Taddei acompañado por Hernández Casillas en París.
El contenido provocó cuestionamientos sobre la naturaleza de esas relaciones y sobre la posible existencia de beneficios o vínculos que pudieran comprometer la imparcialidad de la autoridad electoral.
En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se investigaran las denuncias y que no existiera ninguna sombra de corrupción en el organismo.
La ASF confirmó que iniciaría su investigación de oficio.
El domingo 25 de octubre, Guadalupe Taddei anunció que renunciaría a la presidencia del INE. Argumentó que la estabilidad, la credibilidad y la independencia institucional debían estar por encima de cualquier interés personal o coyuntural.
La renuncia se convirtió en un acontecimiento inédito por producirse en medio de señalamientos de presuntas irregularidades administrativas y posibles conflictos de interés.
26 al 29 de octubre: el INE entra en una etapa de reorganización.
La salida de Taddei no cerró el problema. Por el contrario, abrió una nueva discusión: quién asumiría la conducción del organismo y cómo se revisarían las decisiones administrativas tomadas durante su gestión.
El Consejo General designó a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional.
Comenzaron a conocerse renuncias de funcionarios de confianza y se anunció una revisión de la estructura administrativa y de las áreas directivas.
La nueva conducción informó que las decisiones relevantes se adoptarían de manera colegiada, que se revisarían los contratos y que se suspenderían temporalmente nuevas contrataciones mientras se examinaban los procedimientos.
El debate también alcanzó una reforma legal aprobada en octubre de 2024, que había ampliado las facultades de la presidencia del INE para designar y remover titulares de áreas ejecutivas y unidades técnicas sin requerir los ocho votos que anteriormente se exigían.
La discusión sobre esas facultades adquirió especial relevancia: ¿hasta dónde debe llegar el poder de una presidencia dentro de un órgano constitucional autónomo?
29 y 31 de octubre: las investigaciones amplían el alcance del caso.
Una de las publicaciones de mayor relevancia fue la investigación de El País, difundida el 29 de octubre, sobre la red empresarial relacionada con los hermanos Hernández Casillas.
El diario documentó que cinco empresas vinculadas entre sí habían obtenido 853 millones de pesos en 21 licitaciones electorales en las que, según su investigación, algunas de ellas aparentaban competir entre sí.
El 31 de octubre, el mismo periódico informó sobre la comparecencia del titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carventes, ante la Cámara de Diputados.
De acuerdo con lo expuesto por el contralor, las contrataciones bajo sospecha de cinco empresas vinculadas alcanzaban 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025, en 27 organismos electorales locales.
Esta cifra amplió considerablemente la dimensión del asunto: ya no se trataba solamente de revisar contratos adjudicados durante la presidencia de Taddei, sino de investigar una p
osible estructura de relaciones empresariales que habría operado durante varios años en distintas autoridades electorales.
La propia comparecencia abrió otra interrogante: ¿qué hicieron los órganos de control para detectar y frenar estas prácticas antes de que fueran expuestas por los medios?
3 de noviembre: una nueva grabación vuelve a colocar el caso en el centro de la agenda.
Cuando parecía que la renuncia de Taddei comenzaba a cerrar la primera etapa del escándalo, Latinus difundió un nuevo video, correspondiente a una reunión del 16 de febrero de 2026, en la que aparecen Guadalupe Taddei y el empresario José Alfredo Hernández Casillas.
La grabación, retomada por Aristegui Noticias, Infobae y otros medios, muestra al empresario hablando de cantidades, porcentajes y posibles ganancias relacionadas con contratos para la fabricación de la credencial para votar, servicios de autenticación y códigos QR.
Uno de los contratos mencionados es la fabricación de la credencial, adjudicado el 10 de diciembre de 2025, con un monto máximo de 71 millones de dólares y vigencia hasta 2031.
En el fragmento difundido, Hernández Casillas habla de cantidades que corresponderían a distintas personas. Taddei aparece en la conversación, aunque no se le escucha hablar en ese segmento.
El material introduce un elemento adicional a las revelaciones anteriores: ya no solamente se muestran encuentros personales entre la entonces presidenta del INE y el proveedor, sino una conversación en la que se mencionan cifras y posibles participaciones económicas relacionadas con servicios electorales.
Su contenido deberá ser contrastado con los contratos, los expedientes de adjudicación, los pagos y las investigaciones oficiales. Pero, indudablemente, la difusión vuelve a colocar el caso en el centro de la discusión pública. Aristegui Noticias.
El 4 de noviembre en la revista Nexos, José Woldewnberg, académico de la UNAM y ex presidente del IFE, lanza un fuerte llamado a Claudia Sheinbaum a fin de que asuma su responsabilidad en el complejo entramado de la crisis en el INE:
“Ya, por favor, señora presidenta. No es el momento para esparcir insidia en relación a lo que pasó en el INE. No es momento de evadir responsabilidades, sino de buscar una salida productiva para todos. En su momento todos lo vimos y tratar de buscar excusas solo develan que no sabe o no quiere o no puede salir del laberinto que ustedes construyeron.
“Todos saben que en la conformación del Consejo General del INE ustedes no buscaron el acuerdo con las otras fuerzas políticas. A contracorriente de lo que había sucedido en el pasado (salvo en 2003), en el cual los nombramientos de los consejeros se hacían con el acuerdo de todas las bancadas, ustedes decidieron dejar al margen a sus opositores. Son por ello responsables exclusivos de esos nombramientos.
“Todos saben que ustedes modificaron la ley para otorgarle a la presidenta del Consejo General facultades para nombrar de manera unilateral a los directores y jefes de unidad del INE. Con ello no solo rompieron la lógica colegiada del máximo órgano de gobierno del Instituto, sino que construyeron una presidencia omnipotente y por ello capaz de actuar de manera caprichosa.
“Así, que las ganas de repartir culpas a diestra y siniestra no será capaz de borrar su responsabilidad. Es el momento de asumir los errores y tratar de solucionarlos. Elevarse por encima de grillas laberínticas y ver por el conjunto, por México y su futuro electoral”.
LO QUE ESTÁ DETRÁS DE LAS PUBLICACIONES
Hasta aquí, la cronología permite identificar tres dimensiones que conviene separar para entender el verdadero alcance del problema.
- La dimensión administrativa y financiera.
Las investigaciones sobre las empresas proveedoras, las licitaciones y los contratos obligan a revisar los mecanismos mediante los cuales el INE adquirió bienes y servicios.
Si se acredita que existió simulación de competencia o colusión entre proveedores, estaríamos ante un problema que trasciende a una administración y que comprometería los controles de contratación de distintas autoridades electorales. - La dimensión política.
La renuncia de Taddei abrió un debate sobre la concentración de facultades en la presidencia del Consejo General, a las que aludió Woldenberg.
La reforma que amplió sus atribuciones para designar funcionarios sin los votos que anteriormente se requerían merece una revisión a fondo.
La autonomía de un órgano electoral no solamente depende de su relación con el Poder Ejecutivo o con los partidos políticos. También requiere contrapesos internos, decisiones colegiadas y mecanismos eficaces de vigilancia. - La dimensión institucional.
Quizá ésta sea la más delicada.
El INE es resultado de una larga transformación del sistema político mexicano. Su antecedente inmediato, el IFE, surgió en 1990, después de las controversias electorales que marcaron la elección presidencial de 1988.
A partir de entonces, el país construyó gradualmente un sistema electoral con mayores niveles de autonomía, pluralidad y vigilancia, que hoy ya no existen.
EN JUEGO LA CONFIANZA EN LAS REGLAS DE LA COMPETENCIA DEMOCRÁTICA
La confianza en el árbitro no se consigue mediante declaraciones ni campañas de comunicación. Se construye con reglas claras, procedimientos verificables y autoridades capaces de investigar incluso a quienes forman parte de su propia estructura.
El INE tiene ante sí una doble responsabilidad: investigar hasta sus últimas consecuencias las presuntas irregularidades y garantizar que sus estructuras administrativas y técnicas no queden sujetas a intereses ajenos a su función constitucional.
También existe un riesgo que no debe perderse de vista. La crisis de una institución autónoma puede convertirse en una oportunidad para quienes buscan modificar su funcionamiento, reducir sus contrapesos o influir en sus decisiones.
Por eso, la discusión no puede limitarse a determinar quién se va y quién llega. Lo verdaderamente importante es saber si el árbitro electoral conservará la independencia que le corresponde.
No se trata pues de escribir la historia de la caída de una funcionaria, sino la historia de una institución que está por encima de quienes la dirigen.
Porque cuando el árbitro entra en controversia, no solamente está en juego su prestigio. Está en juego la confianza en las reglas de la competencia democrática.
ALACENA:
Una para aclarar. Ante las diversas acusaciones que recibió Guadalupe Taddei, Claudia Sheinbaum salió al paso y ordenó a la Auditoría Superior de la Federación, hacer un barrido histórico tanto de la administración actual como de las anteriores “a fin de que se audite todo”. La ASF emitió un comunicado el pasado 4 de noviembre, anunciando tres líneas de trabajo: Investigación de Oficio; Estudio Histórico 2000-2025, y Auditoría Integral.
Y la respuesta del jurista Francisco Burgoa en su cuenta de X, para centrar los dichos de la institución, no se hizo esperar:
Aquí el texto: El comunicado de la ASF es lamentable: si hoy dice descubrir «irregularidades históricas» desde el año 2000, está reconociendo que sus propias auditorías anuales al IFE, al INE y a los OPLEs no las detectaron, o que las ocultaron.
Nadie explica quién auditó al auditor ni si responderán sus titulares y funcionarios de esos años. La Constitución, en su artículo 79, establece la anualidad y solo permite revisar ejercicios previos de forma casuística y concreta, no mediante un «estudio histórico» masivo.
Los OPLEs son autónomos (Artículo 116-IV Constitucional) y la ASF solo puede fiscalizar recursos federales. Eso implica que, en teoría, también los órganos superiores de cada entidad federativa van a auditar a su OPLE.
En principio, casi todos los hechos anteriores a 2019 se encuentran prescritos, considerando que el plazo de prescripción es de siete años para las faltas administrativas graves o faltas de particulares, conforme a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Hablar de «trabajos de inteligencia» y de «prácticas ilegales» (como reza en el boletín) sin expediente, sin personas ni fundamento legal prejuzga y viola la presunción de inocencia y el debido proceso.
Cuando un caso concreto, el de la presunta corrupción en el INE encabezado por la expresidenta, Guadalupe Taddei, exige una auditoría puntual, la respuesta es abrir veinticinco años de investigación. Eso no es rigor técnico: es una cortina de humo y acompañar la narrativa de Morena de que “todo es culpa del pasado y nada es culpa de ellos”.
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