Una red de corrupción entre funcionarios mexicanos, filtraciones de información policial y contraseñas utilizadas en retenes militares permitió presuntamente al exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding proteger cargamentos de droga, evadir a las autoridades estadounidenses y mantener operaciones de narcotráfico desde México.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló este martes que la estructura criminal contaba con contactos capaces de obtener información confidencial de corporaciones de seguridad mexicanas y estadounidenses, así como de intervenir en investigaciones penales para favorecer a integrantes de la organización.
Las acusaciones federales identifican a Roberto Gómez, presunto integrante de la pandilla Calle 38 de Los Ángeles, y a Edgar Aaron Vázquez Alvarado, alias «El General», señalado como dirigente del Cártel Nuevo Imperio, como dos operadores fundamentales de la red de protección.
De acuerdo con la Fiscalía federal del Distrito Central de California, ambos habrían colaborado con Wedding para garantizar el traslado de narcóticos, evitar operativos y obstaculizar investigaciones judiciales.
El esquema operó, al menos, entre octubre de 2024 y enero de 2026, cuando Wedding fue detenido en México y trasladado a Estados Unidos.
Filtraban operativos policiales para proteger a Ryan Wedding
Roberto Gómez, de 51 años, conocido también como «Rob Flores», «Fat Boy», «Fats» y «Rooster», habría utilizado sus vínculos con organizaciones criminales y personas con acceso a información reservada para anticipar acciones de las autoridades.
Según la acusación, Gómez obtuvo datos sobre detenciones, decomisos de droga, ejecución de órdenes judiciales y presentación de cargos penales, información que posteriormente compartía con sus cómplices, incluido Wedding.
El presunto operador criminal, prófugo de la justicia estadounidense y refugiado en México, también mantenía comunicación con dirigentes del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Entre 2016 y 2026, Gómez habría participado como proveedor intermediario de cocaína, metanfetaminas y fentanilo para distintas organizaciones criminales transnacionales.
Los cargamentos ingresaban a México mediante aeronaves y embarcaciones procedentes de Centroamérica, antes de continuar por tierra hacia Estados Unidos y Canadá.
Los fiscales estadounidenses también le atribuyen un intento de negociar aproximadamente 454 kilogramos de metanfetaminas por 550 mil dólares en criptomonedas.
Gómez enfrenta una acusación federal de seis cargos y, de ser declarado culpable, podría recibir una condena de entre 10 años de prisión y cadena perpetua.
Sobornaban a funcionarios mexicanos para desaparecer pruebas
La segunda pieza de la estructura, Edgar Aaron Vázquez Alvarado, alias «El General» o «Mini», de 42 años, presuntamente utilizaba sus contactos con servidores públicos mexicanos para garantizar protección judicial y policial a la organización.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, el señalado dirigente del Cártel Nuevo Imperio pagaba sobornos a funcionarios para retrasar investigaciones criminales, desaparecer o manipular pruebas incriminatorias y conseguir que se retiraran cargos contra integrantes de la red de Wedding.
Vázquez Alvarado, cuya organización operaba principalmente en la Ciudad de México, también participaba en el tráfico de cocaína de la estructura criminal.
El presunto operador murió baleado por policías mexicanos durante la semana previa a la presentación de las acusaciones federales, según confirmó el Gobierno estadounidense.
Utilizaban contraseñas para cruzar retenes militares
Uno de los mecanismos más relevantes revelados por las autoridades estadounidenses consistía en el uso de palabras clave que cambiaban prácticamente todos los días.
Estas contraseñas eran proporcionadas por Vázquez Alvarado a los operadores encargados de transportar cocaína por territorio mexicano.
Al llegar a puntos de revisión, los transportistas comunicaban las claves a elementos policiales y militares, lo que presuntamente les permitía atravesar los retenes sin ser detenidos.
El mecanismo descrito por los fiscales apunta a posibles actos de complicidad dentro de los dispositivos de seguridad, aunque el comunicado estadounidense no identifica a los agentes que habrían recibido las contraseñas ni precisa cuántos retenes estuvieron involucrados. United States Department of Justice
Juez mexicano recibió presuntamente 2 millones de dólares
Las acusaciones contra la red de Wedding se suman a otro expediente de corrupción judicial revelado por Washington el pasado 5 de noviembre.
En ese caso, el Departamento de Justicia informó sobre la detención en Colombia del juez mexicano Luis Benítez Alcántara, acusado de aceptar un soborno de 2 millones de dólares para favorecer a Andrew Clark, identificado como segundo al mando de la organización criminal.
Según la investigación, el juzgador recibió el dinero para conceder una fianza y ordenar la liberación de Clark el 24 de febrero de 2025, pese a que enfrentaba un procedimiento de extradición solicitado por Estados Unidos.
Aunque posteriormente Clark fue detenido nuevamente y trasladado a territorio estadounidense, la Fiscalía sostiene que el episodio demuestra la capacidad de la organización para corromper autoridades y entorpecer procedimientos judiciales.
Benítez Alcántara enfrenta nueve cargos federales por presuntamente haber auxiliado a un acusado para evitar su procesamiento.
Wedding permanece preso en Estados Unidos
Ryan James Wedding, de 45 años, representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, antes de convertirse, según las autoridades estadounidenses, en dirigente de una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína.
El exdeportista fue capturado en México el 23 de enero de 2026 y trasladado a Estados Unidos, donde permanece bajo custodia federal.
Enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico, homicidio y tentativa de homicidio. Sus procesos judiciales están programados para el 31 de marzo y el 26 de octubre de 2027.
Las nuevas imputaciones exponen el presunto alcance de una estructura criminal que no sólo transportaba drogas, sino que habría utilizado sobornos, información policial reservada y mecanismos de protección en retenes mexicanos para asegurar sus operaciones.
Hasta ahora, los señalamientos corresponden a acusaciones judiciales estadounidenses y no constituyen sentencias condenatorias.
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