La Fiscalía General de la República (FGR) inició gestiones para traer a México a la exconductora de televisión Inés Gómez Mont, detenida en Estados Unidos, donde permanece bajo custodia migratoria y enfrenta la posibilidad de ser deportada o extraditada para responder por tres órdenes de aprehensión vigentes.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este martes 10 de noviembre que las autoridades mexicanas trabajan para conseguir su traslado, aunque reconoció que todavía no está definido el mecanismo jurídico que se aplicará.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, el funcionario dejó claro que el expediente se encuentra en manos de la Fiscalía.
«El caso lo tiene FGR, sabemos que está detenida allá y que FGR está haciendo los trámites para traer a México», declaró García Harfuch.
Harfuch desconoce si Gómez Mont será extraditada o deportada
Pese a las gestiones del Gobierno mexicano, el regreso de Inés Gómez Mont todavía no tiene fecha.
Al ser cuestionado sobre si la exconductora será extraditada o deportada desde Estados Unidos, García Harfuch admitió que desconoce cuál de los dos procedimientos se utilizará.
«Desconozco, pero solicitamos a la FGR que informe», respondió.
La precisión resulta relevante porque la detención de Gómez Mont en Florida, ocurrida el 30 de octubre de 2026, obedeció a su situación migratoria y no a la ejecución directa de las órdenes de captura expedidas por jueces mexicanos.
Acumula Inés Gómez Mont tres órdenes de aprehensión
La expresentadora enfrenta tres órdenes judiciales vigentes en México, relacionadas con presuntos delitos fiscales y operaciones financieras ilícitas.
De acuerdo con la información divulgada por la FGR, una de las órdenes corresponde a investigaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que las otras dos están vinculadas con defraudación fiscal equiparada.
Investigan presunto desvío millonario
Las investigaciones federales incluyen un presunto esquema de desvío de recursos públicos mediante empresas fantasma y movimientos financieros relacionados con contratos del sistema penitenciario federal.
Entre las operaciones investigadas figuran contratos por aproximadamente 2 mil 450 millones de pesos, además de presuntas irregularidades fiscales superiores a 13 millones de pesos.
Las acusaciones forman parte de procedimientos judiciales cuya responsabilidad penal deberá determinarse ante los tribunales.
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