La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de Morelos poner fin a más de siete años de retraso en la solicitud de la comunidad nahua de Alpuyeca para constituirse como municipio indígena, al determinar que la prolongación del procedimiento vulneró sus derechos a la libre determinación, autonomía y autogobierno.
Al resolver el amparo en revisión 7/2026, el Máximo Tribunal estableció que el Poder Legislativo estatal deberá concluir el procedimiento y emitir, durante el siguiente periodo ordinario de sesiones, una resolución definitiva, debidamente fundada y motivada, sobre la petición de municipalización de esta comunidad indígena, actualmente perteneciente al municipio de Xochitepec.
La Corte sostuvo que las autoridades no pueden mantener indefinidamente una solicitud de esta naturaleza en trámites administrativos o etapas preparatorias, pues ello constituye una afectación al ejercicio efectivo de los derechos constitucionales de los pueblos originarios.
“El autogobierno indígena puede ejercerse mediante distintas formas de organización y no está limitado a una sola estructura institucional. Por ello, cuando una comunidad opta por solicitar su municipalización y acude a los cauces legales, las autoridades tienen el deber de tramitar y resolver efectivamente su petición, sin mantenerla indefinidamente en etapas preparatorias”, señaló la SCJN.
El conflicto comenzó en 2019, cuando la comunidad nahua de Alpuyeca presentó una iniciativa para constituirse como municipio indígena. Ante la falta de respuesta del Congreso estatal, sus habitantes promovieron un juicio de amparo que fue resuelto a su favor.
Fue hasta 2023 cuando comenzaron los trabajos preparatorios para realizar una consulta comunitaria. Sin embargo, en 2024, el Congreso de Morelos aprobó un acuerdo que dejó sin efectos la ruta institucional previamente establecida y solicitó al instituto electoral local organizar un nuevo ejercicio consultivo, lo que prolongó nuevamente el procedimiento.
En su resolución, la Suprema Corte precisó que el nuevo marco constitucional reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, por lo que resulta indispensable distinguir entre las decisiones que adoptan mediante el ejercicio de su autonomía y las consultas que deben realizar las autoridades cuando pretenden implementar medidas que puedan afectarlos.
Bajo este criterio, determinó que el Congreso de Morelos no puede utilizar una consulta que no resulte jurídicamente exigible como condición para continuar el análisis de la solicitud, ni justificar con ella la falta de una determinación definitiva.
No obstante, el Alto Tribunal aclaró que la decisión de la Asamblea General de Alpuyeca de solicitar su municipalización no implica la creación automática de un nuevo municipio ni obliga al Congreso estatal a aprobar la iniciativa.
La facultad de determinar su procedencia corresponde al Poder Legislativo de Morelos, que deberá evaluar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales aplicables.
Con esta sentencia, la SCJN obliga al Congreso local a resolver una petición pendiente desde 2019, sin prejuzgar sobre la creación del municipio indígena, pero garantizando que la comunidad de Alpuyeca obtenga una respuesta definitiva conforme a derecho.
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