La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las autoridades no podrán acceder de manera indiscriminada a los datos personales de usuarios de telecomunicaciones conservados por las empresas del sector, al establecer que su entrega requiere autorización judicial que precise las personas involucradas, el periodo solicitado y las razones que justifiquen el acceso a la información.
Al resolver el amparo en revisión 193/2026, el Pleno del máximo tribunal delimitó los alcances de las facultades de las autoridades y validó diversas fracciones del artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, relacionadas con la conservación de datos, geolocalización en tiempo real, entrega de información y bloqueo de señales de telecomunicaciones.
Los ministros establecieron que la obligación impuesta a concesionarios y autorizados para conservar información de sus usuarios no comprende el contenido de llamadas, mensajes o comunicaciones privadas, sino únicamente los datos vinculados con la prestación del servicio.
En este sentido, precisaron que cualquier requerimiento de información deberá sujetarse al artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales y cumplir con los mecanismos de protección de datos personales y los controles judiciales correspondientes.
«Se concluyó que la obligación es compatible con los derechos a la privacidad y protección de datos personales, porque la posible entrega de información a autoridades debe interpretarse de conformidad con el artículo 16 constitucional, así como con la jurisprudencia obligatoria emitida por el Alto Tribunal», señaló la Corte.
Respecto a la geolocalización en tiempo real, la SCJN reiteró que localizar un dispositivo móvil constituye una medida jurídicamente distinta a la intervención de comunicaciones privadas, debido a que únicamente permite identificar su ubicación aproximada, sin acceder al contenido de conversaciones ni a los datos derivados del proceso comunicativo.
Sin embargo, el máximo tribunal advirtió que esta facultad tampoco puede ejercerse al margen de los controles legales, por lo que deberá provenir de una autoridad competente, sustentarse en un mandamiento escrito debidamente fundado y motivado, y ajustarse a los procedimientos previstos en la legislación.
Con esta resolución, la Suprema Corte mantuvo la obligación de las empresas de telecomunicaciones de conservar determinados datos de sus usuarios, pero estableció límites constitucionales para su entrega y utilización por parte de las autoridades, con el propósito de garantizar la protección de la privacidad y los datos personales frente a posibles actos arbitrarios.















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