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Plantea PVEM cédula obligatoria para detectar riesgo de feminicidio en México

Buscan proteger a mujeres sin denuncia y elevar penas por feminicidio.

Para detectar amenazas contra la vida de mujeres, adolescentes y niñas antes de que ocurra un feminicidio, el diputado federal Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso crear una Cédula Nacional de Riesgo Feminicida, de aplicación obligatoria en todo el país.

El instrumento permitiría a autoridades administrativas, ministeriales, policiales y judiciales medir el nivel de peligro que enfrenta una víctima y activar medidas de protección, incluso sin que exista una denuncia formal.

La iniciativa plantea reformar cuatro ordenamientos federales para establecer criterios uniformes de evaluación, reforzar la actuación de las autoridades y sancionar las omisiones que puedan comprometer la seguridad de las mujeres.

El proyecto fue turnado a las comisiones de Igualdad de Género y de Seguridad Ciudadana para dictamen, y a la de Justicia para opinión.

De acuerdo con la propuesta, las autoridades deberán valorar el riesgo mediante la nueva cédula y realizar evaluaciones médicas, cuando sean necesarias, y psicológicas para determinar las acciones de protección correspondientes.

Elevarían penas por feminicidio pese a órdenes de protección

Uno de los cambios más relevantes contempla endurecer las sanciones contra quienes cometan feminicidio cuando exista una orden o medida de protección vigente en su contra.

Para ello, el legislador propone modificar el artículo 325 del Código Penal Federal e incrementar hasta en una tercera parte la pena correspondiente.

Actualmente, el delito de feminicidio contempla sanciones de entre 40 y 60 años de prisión, además de multas de 500 a mil días.

Con la agravante propuesta, la condena podría alcanzar hasta 80 años de cárcel, si se aplica el incremento máximo de un tercio a la pena de 60 años.

La iniciativa busca que el incumplimiento de una medida de protección tenga consecuencias no solo para el agresor, sino también para las autoridades responsables de evaluar y actualizar el nivel de riesgo.

Obligarían a autoridades a actuar sin denuncia

El proyecto establece que la aplicación de la Cédula Nacional de Riesgo Feminicida no estará condicionada a que la víctima presente o ratifique una denuncia.

Bastará con que la autoridad tenga conocimiento de hechos concretos y datos suficientes que permitan identificar una situación de peligro.

A cada nivel de riesgo corresponderá un conjunto mínimo de medidas de protección que deberán otorgarse de oficio, sin impedir que se dicten acciones adicionales cuando resulten necesarias.

También se propone que, antes de emitir, negar, modificar o suspender una orden de protección, las autoridades consulten el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños.

Si el agresor incumple una medida, la autoridad deberá aplicar nuevamente la cédula y determinar las acciones correspondientes al nuevo nivel de riesgo.

Sancionarían a funcionarios que omitan evaluar el peligro

La iniciativa contempla reformar el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para considerar abuso de funciones la omisión de aplicar nuevamente la cédula cuando exista obligación legal de hacerlo.

Asimismo, propone modificar el artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Con ello, los Centros de Comando y Control deberán consultar el registro nacional ante llamadas de emergencia relacionadas con violencia contra mujeres, adolescentes, niñas y niños.

La información sobre órdenes de protección vigentes y niveles de riesgo deberá transmitirse a las instancias responsables de atender cada caso.

Cédula actuaría antes de un feminicidio, afirma legislador

Delgado Carrillo sostuvo que el nuevo mecanismo tendría una función distinta a la Alerta AMBER y al Protocolo Alba, utilizados en la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

“La cédula nacional de riesgo feminicida actúa antes: mientras la mujer sigue viva y localizable, mide el riesgo, obliga a la autoridad y no publica nada”, señala la iniciativa.

El diputado argumentó que el objetivo es establecer una herramienta preventiva para identificar amenazas, mejorar la coordinación institucional y evitar que las víctimas queden desprotegidas ante situaciones de violencia.

Como parte de su justificación, el documento refiere que durante 2025 se registraron 721 feminicidios en México, con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

También cita la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares para señalar que únicamente 10.5 por ciento de las mujeres violentadas presenta una denuncia formal.

El legislador considera que esta falta de denuncias evidencia la necesidad de que las autoridades puedan intervenir sin esperar a que las víctimas inicien un procedimiento penal.

De aprobarse, la reforma establecería un mecanismo nacional obligatorio para evaluar el riesgo feminicida, activar medidas de protección y exigir responsabilidades a los servidores públicos que incumplan sus obligaciones.

La propuesta deberá superar el proceso de dictaminación y votación legislativa antes de que sus disposiciones puedan entrar en vigor.

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