Como parte del Paquete Económico 2026, el gobierno federal anunció una ambiciosa estrategia fiscal y sanitaria que contempla el incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a bebidas azucaradas. La medida busca dos objetivos centrales: recaudar hasta 41 mil millones de pesos y reducir en un 7% el consumo de refrescos en el país durante los primeros dos años de implementación.
Durante la conferencia matutina, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, presentó la iniciativa como parte de la campaña “Vive saludable, vive feliz”, orientada a combatir enfermedades crónicas vinculadas al consumo excesivo de azúcar. “La evidencia global es contundente: medidas saludables como esta salvan vidas. Esperamos que esta política fiscal tenga un impacto directo en la salud pública”, afirmó.
Actualmente, México ostenta el primer lugar mundial en consumo de refrescos, con un promedio de 166 litros por persona al año. El gasto anual en atención médica por enfermedades relacionadas con bebidas azucaradas asciende a 180 mil millones de pesos, cifra que, según Clark, representa una carga insostenible para el sistema de salud.
El nuevo IEPS elevará la cuota por litro de refresco de $1.6451 a $3.0818 a partir de 2026. Los recursos recaudados se destinarán íntegramente al sector salud, con énfasis en cuatro áreas estratégicas:
- Campañas de prevención y promoción de estilos de vida saludables.
- Modernización de atención médica primaria con tecnología para detección temprana de diabetes y daño renal.
- Acceso universal a tratamientos innovadores contra obesidad, hipertensión y enfermedades metabólicas.
- Ampliación de cobertura en atención de alta especialidad, incluyendo diálisis y trasplantes.
El secretario de Salud, David Kershenobich, subrayó que esta política no busca únicamente recaudar fondos, sino revertir tendencias alarmantes: uno de cada tres niños mexicanos vive con sobrepeso u obesidad, y más de 100 mil personas ingresan cada año a tratamientos de diálisis.
La propuesta ha generado reacciones diversas entre especialistas en salud pública, organizaciones civiles y representantes de la industria de bebidas. Mientras algunos celebran el enfoque preventivo, otros advierten sobre posibles impactos económicos en sectores vulnerables.
La iniciativa será discutida en el Congreso como parte del paquete fiscal 2026.
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