Con el objetivo de fortalecer el acompañamiento institucional y garantizar una verdadera reintegración social de adolescentes que han cumplido medidas sancionatorias, diputadas y diputados del Partido del Trabajo (PT) presentaron una iniciativa para reformar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
La propuesta, suscrita por Reginaldo Sandoval Flores, Mary Carmen Bernal Martínez, Greycy Marian Durán Alarcón y Luis Fernando Vilchis Contreras, plantea modificar diez artículos de dicha ley —entre ellos el 2, 12, 46, 50 y 154— y fue turnada a las comisiones de Justicia y de Juventud para su análisis.
El eje central de la iniciativa es la creación de áreas especializadas de reinserción social en la Federación y en las entidades federativas, adscritas a las autoridades administrativas en materia de justicia para adolescentes. Estas áreas tendrían como función principal gestionar el acceso de las y los jóvenes a programas sociales, educativos, culturales y de salud que les permitan reconstruir sus proyectos de vida tras cumplir sus sanciones.
Además, se propone establecer mecanismos de seguimiento personalizado, apoyo familiar y acompañamiento a víctimas, así como una articulación interinstitucional entre autoridades de los tres órdenes de gobierno. El objetivo: prevenir la reincidencia y garantizar una integración social efectiva.
La iniciativa también contempla la creación de la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal, a cargo del INEGI, para generar datos sobre las causas que propiciaron la conducta infractora, las condiciones de internamiento y los niveles de reinserción. Esta información permitiría diseñar políticas públicas más precisas y sensibles a las realidades del sector.
Entre las autoridades corresponsables se incluirían las secretarías de Bienestar, Cultura y de las Mujeres, reconociendo que la reinserción no es sólo un asunto jurídico, sino también social, comunitario y cultural. Asimismo, se garantiza el derecho de las personas adolescentes privadas de libertad al acceso a medios de información como internet y a la activación física permanente.
Las y los legisladores del PT argumentan que la ley vigente establece medidas mínimas para la reinserción, sin contemplar el seguimiento posterior al cumplimiento de las sanciones, lo que limita su efectividad y deja a los jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Según el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2024, al cierre de 2023 se registraron mil 508 ingresos a centros especializados de justicia para adolescentes; de ellos, mil 420 fueron ingresos por primera vez y 88 reingresos, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de reintegración.
“La responsabilidad del Estado es garantizar el goce pleno de derechos, especialmente para los sectores más vulnerables como las y los menores de edad”, señala la iniciativa.
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