El Congreso mexicano se encuentra en medio de un intenso debate sobre la posible modificación del impuesto especial a bebidas con edulcorantes no calóricos, una medida que, según expertos en salud pública, podría debilitar los avances logrados en la lucha contra la obesidad y enfermedades metabólicas en el país.
La propuesta, impulsada por legisladores de distintas bancadas, busca reducir o eliminar el gravamen aplicado desde 2020 a productos como refrescos light, tés embotellados sin azúcar y bebidas energéticas con sustitutos de azúcar.
Argumentan que el impuesto penaliza opciones que podrían ser menos dañinas que sus versiones azucaradas y afecta a sectores industriales que han invertido en reformulaciones.
Sin embargo, instituciones como el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y organizaciones civiles como El Poder del Consumidor advierten que la medida podría generar retrocesos en políticas de prevención.
“Eliminar este impuesto sería un mensaje contradictorio frente a la epidemia de obesidad que enfrentamos. Los edulcorantes no son inocuos, y su consumo excesivo también está asociado con alteraciones metabólicas”, señaló Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP.
México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en prevalencia de obesidad infantil y adulta. Desde la implementación del impuesto a bebidas azucaradas en 2014, estudios han documentado una reducción significativa en su consumo, especialmente en hogares de bajos ingresos.
La extensión del gravamen a productos con edulcorantes buscó cerrar vacíos fiscales y desalentar el cambio hacia alternativas igualmente ultraprocesadas.
La industria refresquera, por su parte, ha intensificado su cabildeo en el Congreso, argumentando que el impuesto afecta la competitividad y limita la innovación en productos bajos en calorías.
En un comunicado reciente, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) afirmó que “las bebidas con edulcorantes representan una opción para consumidores que buscan reducir su ingesta calórica sin sacrificar sabor”.
El debate se da en el contexto de la discusión del Paquete Económico 2026, donde se definirán ajustes fiscales y prioridades presupuestarias.
Organizaciones médicas han solicitado al Ejecutivo mantener el enfoque de salud pública en la política tributaria, mientras que algunos legisladores han propuesto revisar la evidencia científica antes de tomar una decisión definitiva.
La Secretaría de Hacienda no ha emitido postura oficial, pero fuentes legislativas indican que el tema será votado en comisiones durante octubre.
Mientras tanto, especialistas advierten que cualquier relajamiento fiscal en este rubro debe considerar sus implicaciones sanitarias, especialmente en un país donde el sobrepeso y la obesidad afectan a más del 70% de la población adulta.
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