A dos años y medio del incendio que cobró la vida de 40 migrantes en la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, el excomisionado Francisco Garduño ofreció una disculpa pública en cumplimiento de una orden judicial. El acto, realizado en el Museo de la Ciudad de México, reunió a familiares de las víctimas, sobrevivientes y representantes de organismos oficiales y civiles.
“Ofrezco con humildad una profunda disculpa por el sufrimiento y daño causado a ustedes y sus familias, que vieron cambiar su vida para siempre”, expresó Garduño durante su intervención, en la que también reconoció que los hechos del 27 de marzo de 2023 fueron “inaceptables” y marcaron un antes y un después en la política migratoria del país.
La ceremonia incluyó la colocación de fotografías y velas en memoria de los fallecidos, en su mayoría originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Venezuela y Colombia. Garduño extendió su disculpa a los 27 migrantes que resultaron heridos, algunos con secuelas físicas y psicológicas permanentes.
Sin embargo, el gesto fue recibido con escepticismo por parte de los asistentes. Claudia Aracely Varela, hermana de uno de los fallecidos, rechazó la disculpa al considerar que “sin justicia, las palabras carecen de valor”.
Por su parte, Wilson Alexander Juárez, sobreviviente del incendio, reprochó que el exfuncionario haya esperado tanto tiempo para ofrecer disculpas: “Usted siguió con su puesto, pudo pedirlas antes, pero lo hace hasta hoy para salir con las manos limpias”.
El incendio, provocado presuntamente como protesta por las condiciones de detención y la amenaza de deportación, evidenció graves omisiones en los protocolos de seguridad. Las cámaras de vigilancia mostraron cómo los guardias abandonaron el lugar sin liberar a los migrantes encerrados.
La disculpa pública forma parte de las medidas impuestas por un juez federal dentro de la causa penal 237/2023, en la que Garduño enfrenta cargos por ejercicio ilícito del servicio público. Aunque el acto busca avanzar en la reparación del daño, organizaciones como la Fundación para la Justicia advierten que aún falta esclarecer responsabilidades y garantizar justicia integral para las víctimas.
El caso continúa siendo emblemático de las fallas estructurales en la política migratoria mexicana y del trato institucional hacia personas en situación de movilidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han emitido recomendaciones urgentes para evitar la repetición de hechos similares.
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