La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que ha solicitado a la Secretaría de Gobernación revisar el registro oficial de la Iglesia La Luz del Mundo como asociación religiosa, luego de la detención de 38 personas presuntamente vinculadas a un grupo paramilitar ligado a dicha congregación.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación sobre el grupo conocido como “Jahzer”, cuyos integrantes fueron capturados en un campo de adiestramiento en Vista Hermosa, Michoacán.
En el operativo, las autoridades aseguraron réplicas de armas de fuego, cuchillos tácticos, equipo de cómputo y vestimenta militar.
“Lo que hubo, que fue público, es esta detención de 38 personas presuntamente ligadas a este grupo religioso que estaban en un entrenamiento. Entonces se está haciendo la investigación”, declaró Sheinbaum.
Al ser cuestionada sobre la posible cancelación del registro religioso de la organización, respondió: “Tendría que revisarse. Hay miles de personas que pertenecen a esta iglesia y muchas son de buena voluntad. Lo que hay que perseguir es el delito, que eso es importante, y en todo caso hacer la revisión por parte de la Secretaría de Gobernación”.
La presidenta subrayó que la revisión no implica una persecución contra los creyentes, sino una evaluación institucional ante los indicios de actividades ilegales.
Además, recordó que el líder de la iglesia, Naasón Joaquín García, enfrenta cargos en Estados Unidos por delitos graves como tráfico sexual y explotación infantil, lo que ha intensificado el escrutinio internacional sobre la organización.
Exmiembros de la congregación han señalado que el grupo Jahzer opera bajo una narrativa apocalíptica que justifica el entrenamiento militar, y que sus prácticas también son utilizadas para intimidar a feligreses y disuadir denuncias internas5.
La FGR deberá determinar si los detenidos serán vinculados a proceso por asociación delictuosa, portación de armas y otros delitos relacionados. Mientras tanto, las instalaciones judiciales permanecen resguardadas por fuerzas de seguridad.
Este caso ha reavivado el debate sobre los límites entre libertad religiosa y seguridad pública, y plantea interrogantes sobre el uso de figuras religiosas como fachada para actividades ilícitas.
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