A once años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un nuevo llamado al Estado mexicano para redoblar esfuerzos en la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral.
El pronunciamiento se dio en el marco del aniversario de los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, considerados una de las violaciones más graves a los derechos humanos en la historia reciente del país.
En su comunicado oficial, la CIDH reiteró que la medida cautelar 409/14 continúa vigente y exige al Estado mexicano determinar el paradero de los estudiantes, atender a los sobrevivientes de los ataques y sancionar a los responsables.
La Comisión expresó su preocupación por la persistente opacidad en torno a documentos bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como por los beneficios procesales otorgados a elementos militares presuntamente involucrados.
El organismo internacional reconoció los avances recientes, como la reanudación del diálogo con las familias, la apertura de nuevas líneas de investigación y la designación de un nuevo fiscal especial para el caso.
Sin embargo, subrayó que las familias continúan sin respuestas concretas y enfrentan obstáculos en el acceso a la justicia. La CIDH lamentó el fallecimiento de Donato Abarca Beltrán, padre del normalista Luis Ángel Abarca, quien murió sin conocer el destino de su hijo.
Durante las movilizaciones conmemorativas en la Ciudad de México, miles de personas marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino bajo la consigna “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
La presidenta Claudia Sheinbaum condenó los actos violentos registrados en el Campo Militar Número 1, pero aseguró que su gobierno no caerá en provocaciones y mantiene el compromiso de esclarecer el caso sin represión.
El caso Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta en la conciencia nacional. A once años de distancia, la exigencia de verdad y justicia permanece intacta, y la CIDH reafirma su acompañamiento a las familias en su lucha por conocer qué ocurrió aquella noche en Iguala.
La próxima reunión entre los familiares y la presidenta está prevista para noviembre, en un contexto marcado por la exigencia de abrir los archivos militares y castigar a los responsables.















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