Con 76 votos a favor y 39 en contra, el Senado de la República aprobó en lo general el dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y lo remitió a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo. En lo particular, la votación se avaló con 70 sufragios a favor y 39 en contra.
Las modificaciones incorporan el uso de tecnologías de la información para garantizar el juicio de amparo en línea, bajo reglas uniformes y vinculantes que aseguren la equivalencia entre expedientes físicos y electrónicos.
Asimismo, se reconoce el interés legítimo individual y colectivo, y se mantuvo la posibilidad de sancionar a servidores públicos que incumplan resoluciones judiciales, evitando que la carga de las multas recaiga en el Estado o la sociedad.
Otro de los cambios establece las formas de garantía del interés fiscal que podrán constituir los gobernados para obtener la suspensión en juicios de amparo relacionados con actos de ejecución o cobro de créditos fiscales firmes.
Ajuste al paquete fiscal
El dictamen también contempla un ajuste al artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para hacerlo consistente con la reforma fiscal actualmente en análisis en la Cámara de Diputados.
Debate en lo particular
Durante la discusión, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Morena) presentó una reserva para precisar que los asuntos en trámite al momento de la entrada en vigor del decreto continuarán resolviéndose bajo las nuevas disposiciones.
Aseguró que no se trata de una medida retroactiva prohibida por la Constitución, sino de una precisión jurídica que evita que los amparos se utilicen para dilatar sentencias, sobre todo en materia fiscal. La asamblea aprobó la propuesta en votación económica.
Por su parte, legisladores de oposición expresaron fuertes críticas. La senadora Verónica Rodríguez Hernández (PAN) acusó que la reforma busca “dar más manos libres a la autoridad y menos defensa a las personas”.
Mientras, la priista Carolina Viggiano Austria advirtió que el cambio vulnera garantías procesales, pues los ciudadanos “no sabrán bajo qué reglas litigan” si se aprueba una ley con efectos retroactivos.
Las reservas presentadas por senadores del PAN y de Movimiento Ciudadano, entre ellos Miguel Márquez Márquez, Gina Campuzano, Imelda Sanmiguel, Ivideliza Reyes, Juan Antonio Martín del Campo, Susana Zatarain, Alejandra Barrales y Luis Donaldo Colosio Riojas, fueron desechadas.
Con esta aprobación, el Senado dio el primer paso para modernizar los procesos de justicia en México, aunque el debate anticipa un camino complejo en la Cámara de Diputados, donde se definirá la redacción final de la reforma.
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