México enfrenta un mapa de contrastes en materia de seguridad: mientras entidades como Guanajuato, San Luis Potosí, Estado de México, Morelos y Baja California se consolidan como focos rojos por la multiplicidad de organizaciones criminales en disputa, otras como Yucatán, Campeche, Durango, Aguascalientes y Querétaro muestran resiliencia y reducciones sostenidas en diversos delitos, reveló el más reciente reporte de México Evalúa.
Dos realidades en un mismo país
Entre enero y agosto de 2025, el estudio confirma “la coexistencia de dos realidades”, con regiones donde la violencia letal, la extorsión y los delitos patrimoniales convergen, frente a otras que mantienen la incidencia delictiva baja o en retroceso.
El análisis señala que la política pública debe tener una doble orientación: “contener los focos rojos con intervenciones focalizadas y aprender de las experiencias exitosas para replicarlas en territorios más vulnerables”.
México Evalúa observó que los fenómenos criminales más asociados con las organizaciones delictivas —violencia letal, extorsión, narcomenudeo, secuestro, robo de vehículo, robo a transportista y robo a negocio— concentran el mayor impacto político, económico y social.
Norte y centro: territorios en disputa
El reporte destaca que el noroeste del país continúa afectado por la guerra entre los Chapos y los Mayos, con la participación del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). En el sureste, particularmente en Tabasco, persiste el enfrentamiento entre el CJNG y la Barredora.
En el centro del país, incluida la Ciudad de México, se observa la fragmentación del crimen organizado en células locales que buscan controlar mercados ilícitos como el robo de hidrocarburos o el narcomenudeo.
Las entidades con mayores niveles de violencia e incremento delictivo son:
- Guanajuato, con altas tasas en extorsión y narcomenudeo, además de repuntes en robo a transportista.
- San Luis Potosí, foco de narcomenudeo y robo a transportista, con riesgos crecientes en la seguridad logística.
- Estado de México, con elevada incidencia en robo de vehículo y delitos patrimoniales.
- Morelos, con altos niveles de violencia letal, extorsión y robo de vehículo.
- Baja California, afectada por la disputa de corredores fronterizos y violencia homicida.
México Evalúa advierte que estas entidades no sólo presentan tasas elevadas, sino también la diversificación de los portafolios criminales, lo que agrava los retos de control territorial.
Sureste y Bajío: ejemplos de resiliencia
En contraste, el estudio identifica a Yucatán, Campeche, Durango, Aguascalientes y Querétaro como ejemplos de contención institucional y comunitaria.
Yucatán mantiene tasas bajas en casi todos los delitos y reducciones en violencia letal y robo a negocio; Campeche consolida avances en extorsión y robo de vehículo; Durango mejora en extorsión y homicidios; mientras que Aguascalientes y Querétaro conservan niveles bajos en secuestro y delitos patrimoniales.
“Estos casos muestran que la violencia en México no es inevitable: puede contenerse, reducirse y prevenirse con estrategias sostenidas, basadas en evidencia y adaptadas a las realidades de cada territorio”, subrayó el organismo.
Recomendaciones para una estrategia integral
México Evalúa propuso un decálogo de acciones para la contención, reducción y prevención de la violencia delictiva, entre las que destacan:
- Crear un sistema integral de análisis criminal territorializado.
- Aplicar estrategias diferenciadas por cuadrantes de riesgo.
- Fortalecer la coordinación entre federación, estados y municipios.
- Establecer mecanismos de alerta temprana para estados en deterioro acelerado.
- Reforzar fiscalías estatales y unidades especializadas en delitos estratégicos.
- Impulsar la prevención situacional urbana y logística en corredores críticos.
- Potenciar la inteligencia financiera contra extorsión y narcomenudeo.
- Implementar estrategias sociales de contención comunitaria.
- Mejorar condiciones laborales y carrera policial municipal.
- Establecer esquemas de corresponsabilidad con el sector privado y sociedad civil.
El informe concluye que una política criminal efectiva requiere comprender el mosaico territorial del país y responder con acciones basadas en evidencia y coordinación institucional, no sólo con fuerza, sino con inteligencia y prevención.
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