La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este lunes sanciones contra ocho ciudadanos mexicanos y 12 empresas con sede en México, por su presunta vinculación con la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa y su participación en el tráfico de precursores químicos para la producción de fentanilo.
Según el comunicado oficial, la red sancionada estaría suministrando insumos químicos ilícitos al cártel, el cual fue designado como organización terrorista extranjera por el gobierno del presidente Donald Trump. Entre los individuos señalados se encuentran los hermanos Víctor Andrés, Francisco, Jorge Luis y María Gabriela Favela López, así como Jairo Verdugo Araujo (esposo de María Gabriela), Gilberto Gallardo García (casado con otra hermana de los Favela López), César Elías López Araujo (testaferro de Víctor Andrés) y Martha Emilia Conde Uraga, identificada como intermediaria química con operaciones en Culiacán.
Víctor Andrés Favela López, exbeisbolista y exgerente deportivo de los Saraperos de Saltillo, junto con sus hermanos, habría continuado operando tras las sanciones impuestas en mayo de 2023 contra su empresa Sumilab, retirando los letreros visibles pero manteniendo el suministro de precursores químicos al cártel. Las empresas vinculadas a la familia Favela López que fueron sancionadas incluyen: Sumilab, Agrolaren, Viand, Favelab, Favela Pro (Fagalab), Qui Lab y Storelab.
Por su parte, Conde Uraga fue acusada de utilizar facturas fraudulentas y otros métodos de ocultamiento para abastecer de químicos a laboratorios afiliados a Los Chapitos. Las empresas relacionadas con ella que fueron sancionadas son: Comercial Viosma del Noroeste, Prolimph Químicos en General, Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico y Roco del Pacífico Inmobiliaria.
El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, subrayó que más de 500 mil estadounidenses han muerto por intoxicación con fentanilo, y reiteró que detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos es una prioridad de seguridad nacional para el presidente Trump.
Como consecuencia de estas sanciones, todos los bienes e intereses de las personas y entidades designadas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados. Además, se prohíben todas las transacciones con dichas personas o empresas, salvo autorización expresa de la OFAC.
Esta acción forma parte de los esfuerzos del gobierno estadounidense para desarticular las redes de producción y distribución de drogas sintéticas que han generado una crisis de salud pública en ese país.
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