En medio de un intenso debate y acusaciones de corrupción, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 338 votos a favor y 129 en contra las reformas a la Ley Aduanera, impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de endurecer sanciones, fortalecer los controles en aduanas y aumentar la recaudación federal.
Durante la discusión, legisladores de oposición calificaron el dictamen como “una ley que apesta a huachicol fiscal”, mientras exhibían pancartas con la leyenda: “El huachicol fiscal nos costó 600 mil millones de pesos”.
Cinco cambios clave
El dictamen, que será turnado al Senado para su análisis constitucional, incorporó cinco modificaciones relevantes a la iniciativa presidencial, especialmente en torno a la vigencia de las patentes de agentes aduanales.
Las reformas:
- Establecen nuevos requisitos para ser agente aduanal, como no ser servidor público ni estar inhabilitado, transparentar su patrimonio y evitar conflictos de interés.
- Extienden la vigencia de las patentes y autorizaciones de 10 a 20 años, prorrogables por un periodo igual.
- Agregan causales de suspensión de patentes y limitan los casos en que se podrá solicitar una nueva.
- Eliminan las excluyentes de responsabilidad de los agentes aduanales.
- Crean un Consejo Aduanero, integrado por las secretarías de Hacienda y de Anticorrupción y Buen Gobierno, el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
“Limpiar las aduanas de corrupción”
El diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), al fundamentar el dictamen, destacó que se modifican 65 artículos, se adicionan 44 y se derogan nueve, con el propósito de reforzar el combate a la corrupción.
“El dictamen elimina el carácter vitalicio de las patentes aduanales y fortalece los controles a los programas de facilitación, como la importación temporal”, explicó.
Agregó que los agentes deberán verificar que los importadores y exportadores cuenten con la documentación correspondiente y no mantengan vínculos con empresas que realicen facturación simulada.
“Estas reformas establecen orden en el sector aduanero para captar recursos que antes quedaban en manos de particulares o malos funcionarios. El dinero debe ir al Estado y beneficiar a todos los mexicanos”, sostuvo Altamirano.
Críticas de la oposición
Desde la oposición, el tono fue de rechazo frontal. El priista Yerico Abramo Masso afirmó que el dictamen “apesta a protección de la corrupción” y denunció que las Fuerzas Armadas están siendo desviadas de sus funciones constitucionales al asignarles el control de aduanas y aeropuertos.
“El Ejército ha hecho su trabajo, pero no es justo que lo saquen de su labor real para cuidar aduanas”, señaló.
Por su parte, el panista Federico Döring acusó a Morena de convertir al gobierno en “una franquicia de huachicol fiscal”.
“Se han enriquecido de manera grotesca y obscena, cancelando al gobierno la posibilidad de invertir en carreteras, vacunas y quimioterapias para niños con cáncer”, lanzó.
Sostuvo que la nueva ley es “una farsa propagandística” porque “el 99% de la corrupción está dentro del propio gobierno, no en los agentes aduanales”.
Döring recordó que el llamado “robo del siglo” asciende a 600 mil millones de pesos, de los cuales el gobierno “ha recuperado menos del 1%”. Además, acusó a las autoridades de no investigar los casos de huachicol fiscal en la Secretaría de Marina, mientras “culpan en su hipocresía a los agentes aduanales”.
Siguiente paso
Tras su aprobación en lo general y particular, el dictamen será turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación. La mayoría oficialista confía en que las reformas comenzarán a rendir frutos en 2026, con un aumento en la recaudación y una mayor transparencia en las operaciones aduaneras.
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