El caso Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) volvió a colocarse en el centro del debate legislativo, tras la aprobación en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2023, que reporta más de 53 mil millones de pesos en recursos observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Diputados de oposición señalaron que el escándalo de Segalmex —considerado uno de los mayores casos de corrupción del actual sexenio— refleja las graves fallas del sistema de control y fiscalización del gasto público, mientras que la mayoría oficialista defendió el ejercicio fiscal como un acto de disciplina y responsabilidad.
OBSERVACIONES MILLONARIAS
La ASF practicó 2 mil 369 auditorías al gasto público 2023 y determinó recuperaciones por 53 mil 741 millones de pesos, de los cuales solo mil 762 millones han sido solventados. El resto, 51 mil 979 millones, sigue bajo aclaración.
De esa cifra, más del 78% —equivalente a 40 mil 801 millones de pesos— corresponde al Gasto Federalizado, ejercido por gobiernos estatales y municipales. Sin embargo, en el rubro de Desarrollo Económico, donde se ubica Segalmex, las irregularidades suman más de 7 mil 200 millones de pesos, por contratos irregulares, sobreprecios y desvíos detectados en sus operaciones.
Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano subrayaron que Segalmex “se ha convertido en el símbolo de la corrupción durante el actual gobierno”. Exigieron que la ASF y la Fiscalía General de la República aceleren las investigaciones para determinar responsabilidades administrativas y penales.
“AUSTERIDAD CON REALIDAD PARALELA”
El diputado Eduardo Gaona Domínguez (MC) afirmó que “la Cuenta Pública 2023 evidencia una realidad paralela al discurso oficial de austeridad”, ya que “los programas sociales y obras insignia se han convertido en terreno fértil para el uso discrecional de recursos”.
Por su parte, Nancy Aracely Olguín Díaz (PAN) advirtió que las cifras son “alarmantes” y reflejan “un sistema de opacidad que permite que casos como el de Segalmex sigan impunes”. Llamó a emprender “acciones contundentes” para hacer valer la ley y sancionar a los responsables.
Desde el PRI, el diputado Mario Zamora Gastélum anunció su voto en contra y subrayó que “la Cuenta Pública es un instrumento de rendición de cuentas, no un aval político”. Dijo que México necesita “un presupuesto eficiente que sirva a la gente, no a los intereses partidistas ni a la propaganda”.
MORENA Y ALIADOS DEFIENDEN EL EJERCICIO FISCAL
Para la diputada Antares Vázquez Alatorre (Morena), la mayoría de las observaciones “corresponden a estados y municipios, no al Gobierno Federal”, y defendió que la gestión hacendaria “ha sido responsable y con resultados visibles”.
El PT y el PVEM respaldaron la aprobación del dictamen. Reginaldo Sandoval (PT) aseguró que “2023 fue un año de dinamismo económico con disciplina fiscal”, mientras que María del Carmen Cabrera (PVEM) calificó el análisis como “un ejercicio técnico responsable y transparente”.
ASF SEGUIRÁ LAS INVESTIGACIONES
La Comisión de Presupuesto instruyó a la ASF a continuar los procedimientos jurídicos de responsabilidad y enviar informes actualizados sobre las recuperaciones o aclaraciones de recursos. Asimismo, se acordó instalar una mesa de trabajo conjunta con las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la ASF para dar seguimiento a los casos más delicados, incluido el de Segalmex.
Con la aprobación del dictamen, la Cámara de Diputados abre la puerta a un nuevo capítulo de rendición de cuentas, donde el tema Segalmex será el termómetro político y moral del compromiso del Estado mexicano con el combate a la corrupción.
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