La pobreza que afecta a niñas, niños y adolescentes en México ha disminuido de forma sostenida en los últimos años, pero las desigualdades estructurales —territoriales, étnicas y sociales— continúan marcando la vida de millones de menores. Así lo revela el estudio Pobreza Multidimensional 2016-2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que ofrece una radiografía detallada del bienestar infantil en el país.
De acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), las personas menores de edad tienen derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral (Artículo 13). Además, el Artículo 44 establece que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben coadyuvar para garantizar condiciones de vida suficientes que promuevan ese desarrollo. No obstante, los datos oficiales muestran que aún 14 millones de niñas, niños y adolescentes carecen de al menos uno de los derechos sociales básicos y viven en condiciones de pobreza.
Avances sostenidos, pero insuficientes
Entre 2022 y 2024, la pobreza en la población de 0 a 17 años disminuyó de 45.8% a 38.7%, una reducción de 7.1 puntos porcentuales, equivalente a tres millones de menores que dejaron de vivir en situación de pobreza.
En términos más amplios, desde 2016 la disminución acumulada alcanza 12.6 puntos porcentuales, pasando de 51.3% a 38.7%. Esto significa que 6.4 millones de niñas, niños y adolescentes dejaron atrás condiciones de pobreza en los últimos ocho años.
Sin embargo, el estudio del INEGI advierte que la pobreza infantil sigue siendo considerablemente más alta que la de la población adulta. En 2024, 26.1% de las personas mayores de 18 años vivía en pobreza, frente a 38.7% entre los menores de edad, lo que amplía la brecha intergeneracional a 12.6 puntos porcentuales.
La desigualdad también se refleja entre los más pequeños: los niños y niñas de 0 a 5 años presentan los niveles más altos de pobreza, con 41.9%, frente a 36% entre adolescentes de 12 a 17 años.
Infancia temprana: el rostro más vulnerable de la pobreza
Desde 2016, la primera infancia (0 a 5 años) ha registrado los niveles más altos de pobreza en el país. En 2024, 3.9 millones de niñas y niños pequeños vivían en pobreza, junto con 5.1 millones de edad escolar (6 a 11 años) y 5 millones de adolescentes (12 a 17 años).
Aunque las cifras generales han mejorado, los menores de cinco años siguen siendo los más afectados, lo que refleja los retos para garantizar una nutrición adecuada, acceso a servicios de salud, educación temprana y vivienda digna.
Pobreza e identidad: la deuda con la infancia indígena
Uno de los hallazgos más alarmantes del informe se refiere a la población indígena infantil y adolescente. En 2024, 84.8% de las personas de 3 a 17 años hablantes de lengua indígena vivía en pobreza, frente al 35.8% de la población no indígena del mismo rango de edad.
La brecha, que ya era amplia, aumentó 10.5 puntos porcentuales entre 2022 y 2024, alcanzando una diferencia de 49 puntos. En otras palabras, ocho de cada diez menores indígenas viven en condiciones de pobreza, lo que refleja rezagos históricos en educación, salud, infraestructura y reconocimiento cultural.
Entre 2016 y 2024, la pobreza en este grupo disminuyó apenas 8 puntos porcentuales, mientras que entre la población no indígena bajó 13.5 puntos, ampliando así la desigualdad. La REDIM advirtió que este contraste “evidencia la exclusión estructural de comunidades originarias, pese a los avances nacionales”.
Campo y ciudad: una brecha persistente
La pobreza también tiene un rostro territorial. En zonas rurales, 53.5% de los menores vivía en pobreza en 2024, frente a 33.5% en zonas urbanas, una diferencia de 20 puntos porcentuales.
En términos absolutos, esto equivale a 5 millones de niñas, niños y adolescentes pobres en áreas rurales, y 9 millones en zonas urbanas. Si bien ambos indicadores mejoraron entre 2022 y 2024, el progreso fue más acelerado en las ciudades, lo que amplió la brecha rural-urbana.
A nivel histórico (2016-2024), los porcentajes de pobreza disminuyeron casi en la misma proporción en ambos contextos, pero sin reducir la desigualdad de fondo. El problema, señalan especialistas, radica en la falta de servicios básicos y oportunidades económicas sostenibles en el medio rural.
Pobreza y discapacidad: brechas que se acortan
En 2024, 380 mil niñas, niños y adolescentes con discapacidad vivían en pobreza, lo que representa el 41.7% de ese grupo. Si bien la tasa es superior en 3.1 puntos porcentuales a la de los menores sin discapacidad, la brecha se ha reducido en los últimos años gracias a políticas de apoyo social y educativo.
Entre 2022 y 2024, la pobreza entre menores con discapacidad cayó 10 puntos porcentuales, frente a 7.1 puntos entre quienes no presentan discapacidad.
Desigualdad territorial: tres estados concentran una tercera parte de la pobreza infantil
El mapa nacional muestra contrastes marcados. En Chiapas (74.6%), Guerrero y Oaxaca se concentran los mayores porcentajes de pobreza infantil y adolescente, mientras que Baja California (14.3%), Baja California Sur y Nuevo León registraron los niveles más bajos.
En términos absolutos, Estado de México, Chiapas y Veracruz concentran una de cada tres personas menores de 18 años en situación de pobreza.
Entre 2022 y 2024, solo Guerrero registró un incremento en los índices de pobreza infantil. En los 31 estados restantes, las cifras bajaron, destacando Tabasco, Estado de México y Yucatán como las entidades con mayores reducciones.
Lo que dicen los especialistas: un enfoque integral para erradicar la pobreza infantil
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) insiste en que el combate a la pobreza infantil debe abordarse con una estrategia multifactorial.
El organismo recomienda:
- Garantizar ingresos familiares suficientes, mediante programas de empleo temporal, seguros de desempleo y transferencias directas.
- Fortalecer la educación en la primera infancia y la atención a comunidades indígenas, con becas, escuelas bilingües y pertinencia cultural.
- Evitar la deserción escolar en nivel medio superior mediante incentivos y programas de salud sexual y reproductiva.
- Asegurar el acceso universal a la salud, con caravanas médicas, centros temporales y personal permanente en zonas rurales.
“Reducir la pobreza infantil no es solo un objetivo económico, sino una obligación ética y jurídica del Estado mexicano”, sostiene la REDIM. “Cada niña y cada niño que vive en pobreza es un recordatorio de los derechos que aún están pendientes de cumplirse”.
Conclusión
México ha logrado avances importantes en la reducción de la pobreza infantil y adolescente, pero los datos confirman que no todos los niños viven la misma infancia. Las desigualdades persisten según la edad, el origen étnico, la ubicación geográfica y las condiciones familiares.
Mientras la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece un marco jurídico sólido para garantizar el bienestar, los desafíos de implementación siguen siendo enormes.
La deuda con la infancia mexicana continúa, y su saldarse será determinante para el futuro del país.
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