Diputadas y diputados de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo (PT) y Morena anunciaron la elaboración de una iniciativa de ley que prohíba la fracturación hidráulica o “fracking” en México, técnica que —advirtieron— provoca graves daños ecológicos y sociales, especialmente en comunidades indígenas y rurales.
Durante el foro “Fracking en México: riesgos, impactos y resistencias”, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval Flores, calificó la práctica como “ecológicamente inviable”, al señalar que genera afectaciones severas en la tierra, el agua y la fauna. “El desarrollo no puede seguir priorizando la ganancia económica sobre el equilibrio ambiental y social; eso ha dado al traste con la Tierra”, subrayó.
Sandoval Flores agregó que el objetivo del encuentro es construir una propuesta legislativa que derive en una reforma constitucional o legal que prohíba definitivamente esta técnica de extracción de hidrocarburos.
Por su parte, el diputado Adrián González Naveda (PT) sostuvo que el debate sobre la supuesta necesidad del fracking para alcanzar la soberanía energética es “falso” y promovido por la derecha. Afirmó que “la verdadera dignidad del Estado mexicano está en defender a las comunidades que han rechazado esta práctica” y recordó que el único punto pendiente del ‘Plan C’ de Andrés Manuel López Obrador es precisamente la prohibición del fracking.
“Somos 49 diputados y confiamos en el respaldo de nuestras compañeras y compañeros de Morena. Lo haremos de manera articulada, junto con la sociedad civil”, declaró.
El diputado Manuel Vázquez Arellano (Morena) señaló que buscan incorporar las voces ciudadanas y acompañar la propuesta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Comentó que legisladores ya visitaron la Cuenca Pérmica, una de las zonas más afectadas por la fracturación hidráulica, para conocer de primera mano las consecuencias ambientales.
Asimismo, la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (Morena) destacó la importancia de escuchar todas las voces y coincidió en la necesidad de construir un marco legal que frene los daños ecológicos y sociales asociados al fracking.
En representación de la sociedad civil, Beatriz Olivera, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, advirtió que esta técnica implica el uso intensivo de agua proveniente de ríos, lagos o acuíferos, lo que agrava los conflictos hídricos. “Para las empresas es más fácil traer agua de un río que pagar por tratarla”, lamentó.
La iniciativa, coincidieron los legisladores, será el resultado de un trabajo conjunto entre el Congreso, especialistas y organizaciones sociales, con la meta de avanzar hacia una prohibición definitiva del fracking en México.















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