El campo michoacano vuelve a ser escenario de violencia tras el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido la mañana del lunes 20 de octubre. Su cuerpo fue hallado dentro de una camioneta sobre la carretera Apatzingán–Presa del Rosario, a la altura de la localidad La Tinaja, con visibles signos de violencia.
Bravo Manríquez era una figura clave en la defensa de los derechos de los productores de limón en la región. En reiteradas ocasiones denunció públicamente las extorsiones sistemáticas que sufría el gremio por parte de grupos del crimen organizado, lo que le valió amenazas constantes y periodos de desplazamiento a Morelia por seguridad.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó el homicidio y abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. En redes sociales, la institución informó que se han iniciado las diligencias correspondientes para determinar la mecánica del crimen y dar con los responsables.
El Gobierno Municipal de Apatzingán lamentó profundamente el asesinato del empresario agrícola, calificándolo como un golpe a la lucha por la dignificación del campo. Diversos actores políticos y sociales han exigido garantías de seguridad para los productores, quienes enfrentan una creciente presión por parte de grupos armados que controlan rutas de comercialización y precios.
En las últimas semanas, Bravo se había sumado a movilizaciones para exigir mejores precios de los cultivos y mayor regulación en el mercado citrícola. Su activismo lo convirtió en una voz incómoda para intereses criminales que operan en la región, donde el limón representa una de las principales actividades económicas.
El asesinato de Bernardo Bravo se suma a una serie de ataques contra líderes agrícolas en Michoacán, lo que ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad del sector frente a la violencia organizada. Organizaciones campesinas han convocado a una jornada de protesta y exigencia de justicia, mientras se espera que las autoridades estatales y federales refuercen la presencia institucional en la zona.
La comunidad de Los Tepetates, donde ocurrió el crimen, permanece bajo vigilancia mientras se desarrollan las investigaciones. Hasta el momento, no se han reportado detenidos ni se ha revelado información oficial sobre los posibles autores materiales o intelectuales del homicidio.
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