La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer dos asuntos de alta relevancia constitucional en los ámbitos penal y fiscal, con el propósito de fortalecer la certeza jurídica, el respeto al debido proceso y la protección de los derechos humanos.
En materia penal, el Pleno analizará los criterios aplicables para determinar cuándo procede la prisión preventiva justificada, a partir del estudio del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El objetivo será precisar los elementos que deben valorarse para imponer esta medida cautelar, garantizando un equilibrio entre la persecución efectiva de delitos y la protección de los derechos fundamentales de las personas procesadas.
El segundo caso corresponde al ámbito fiscal-penal, donde el Máximo Tribunal definirá los alcances de la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para presentar querellas por delitos fiscales.
En particular, la Corte evaluará si ese derecho se interrumpe cuando la información que da origen a la denuncia proviene de un dictamen técnico contable emitido por una autoridad distinta al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Con estas atracciones, la SCJN busca delimitar con claridad los parámetros judiciales y administrativos que deben seguirse, aportando mayor certidumbre tanto para los contribuyentes como para las autoridades fiscales, y consolidando su papel como garante de una justicia pronta, imparcial y eficaz.
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